– Un incremento rápido y alarmante
– Principales problemas fuera del sistema bancario
– La Rioja, la provincia con la situación más crítica
– No siempre la deuda más elevada corresponde a la mayor morosidad
– CABA tiene un número más alto de deudores, pero no lidera la morosidad
– Tierra del Fuego presenta la mayor deuda promedio
La morosidad familiar se ha convertido en un tema candente en las últimas jornadas, ya que vincula directamente la economía individual de los hogares con la macroeconomía en evolución.
Este asunto también ha generado distintas lecturas políticas, donde cada sector enfatiza aspectos como la responsabilidad individual, las condiciones económicas y el espacio para una intervención estatal.
El presidente Javier Milei ha abordado este tema en sus declaraciones públicas, compartiendo su perspectiva sobre las causas de la deuda y las posibles soluciones.
“Son acuerdos entre privados. Quienes se endeudan tienen responsabilidad, no les pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo”, apuntó. Agregó que no se puede uniformizar la motivación detrás de cada préstamo: “Yo no sé si tomaste un crédito porque no llegabas a fin de mes o porque creías que se iba Milei y el dólar se iba a 3.000”.
Finalmente, enfatizó que “decir que ‘lo tiene que arreglar el Estado’ no está bien”.
Más allá de las razones personales de cada incumplimiento, los datos indican un deterioro generalizado.
Con diferencias entre provincias y tipos de acreedores, la morosidad ha aumentado considerablemente en el último año, alcanzando niveles que no se justifican como un fenómeno aislado.
Un reciente informe de EcoGo y la Universidad Austral brinda un marco claro del problema.
En junio, el total de créditos otorgados a personas físicas ascendió a $97,1 billones, tomando en cuenta precios de ese mes. Si bien el financiamiento aún crece en términos reales —a un ritmo mensual del 0,1%—, se sitúa un 9,1% por encima de lo registrado hace un año.
El verdadero desafío se observa al analizar la capacidad de pago. La morosidad medida en montos alcanzó el 17,5% del crédito total, 0,3 puntos porcentuales más que en mayo y 10,5 puntos más en comparación con el año anterior.
Este incremento representa el vigésimo aumento mensual consecutivo en la morosidad. En otras palabras, casi uno de cada seis pesos prestados se encuentra en situación irregular.
El informe también distingue entre el monto en mora y la cantidad de personas afectadas. Mientras el primero evalúa qué porción del dinero prestado está atrasado, el segundo refleja cuántos deudores tienen al menos una obligación en mora.
De acuerdo con esta métrica, el 26,1% de los deudores presenta algún saldo en situación irregular, un incremento de 8,8 puntos porcentuales en relación al año pasado.
La aceleración del deterioro es evidente en el análisis histórico.
La mora nacional por monto era del 4,6% en diciembre de 2022, descendió a 4,2% en 2023 y tocó un mínimo de 3,6% a fines de 2024. A partir de ahí comenzó un ascenso: cerró 2025 en 12,6% y alcanzó el actual 17,5% en junio de 2026.
El crédito, en cambio, siguió un patrón diferente. Cayó de $60 billones reales en diciembre de 2022 a $44,8 billones en 2023, para luego recuperarse a $71 billones en 2024 y llegar a $98,6 billones a finales de 2025. En junio se mantuvo cerca de ese pico, en $97,1 billones.
La secuencia sugiere que el crecimiento del crédito se produjo antes que la mejora en la capacidad de pago: mientras el financiamiento se recuperó a partir de 2024, la morosidad comenzó a acelerarse significativamente desde el año pasado.
Además, el deterioro no se distribuye de manera uniforme entre los diversos tipos de acreedores. Los proveedores no financieros de crédito (PNFC) —que abarcan plataformas de crédito entre particulares, prestamistas no bancarios y emisoras no bancarias de tarjetas— concentran apenas el 14,1% del crédito total a familias, alrededor de $13,7 billones.
Sin embargo, la morosidad en este segmento alcanza el 31%.
La comparativa con el sistema financiero tradicional es contundente. Los bancos, compañías financieras y cajas de crédito representan el 85,9% del financiamiento, unos $83,4 billones, registrando una morosidad de 15,2%. En este sentido, el nivel de irregularidad entre los proveedores no financieros duplica al de los bancos.
La brecha también se amplió en el último año: la morosidad de los PNFC aumentó 16,3 puntos porcentuales, mientras que en el sistema financiero fue de 9,6 puntos.
Las variaciones se hacen aún más notorias al examinar el mapa provincial. La morosidad del crédito no financiero alcanza el 38,2% en Misiones, 35,7% en San Luis, 35,2% en Chaco, 34,8% en San Juan y 34,3% en Salta.
Incluso La Pampa, que presenta la morosidad total más baja del país, exhibe una marcada diferencia en los segmentos: apenas 7,1% en el sistema financiero en contraste con 28,5% entre los proveedores no financieros.
El análisis provincial revela que la morosidad no se halla concentrada en una sola región, aunque hay localidades más comprometidas.
La Rioja lidera el ranking con un 24,5% del crédito en situación irregular. Le siguen San Luis, con 22,6%; Santa Cruz, con 22,2%; Catamarca, con 21,8%; y San Juan, con 21%. En el otro extremo, La Pampa presenta un 9,1%; CABA, un 11,9%; y Entre Ríos, un 13,4%.
La Rioja también se posiciona en primer lugar al evaluar la proporción de personas con deuda: el 35,4% de sus deudores presenta algún saldo en mora. Cerca están San Juan, con 35%; Catamarca, con 34,7%; San Luis, con 33,7%; y Chaco, con 33,2%.
En CABA, en cambio, la proporción es del 15%, la más baja del país.
Más allá de la situación actual, sorprende la velocidad del deterioro en varios distritos. En solo doce meses, la morosidad por monto aumentó 15,2 puntos porcentuales en La Rioja, 14,9 en Santa Cruz, 13,7 en Catamarca, 13,3 en San Luis y 13,2 en Tierra del Fuego. Buenos Aires también mostró un incremento notable, de 12,5 puntos, alcanzando una morosidad del 20,3%.
Un dato interesante del informe es que el endeudamiento y la morosidad no siempre están en correlación.
EcoGo evalúa la situación de deuda provincial comparando el crédito familiar con el Producto Bruto Geográfico (PBG) de cada jurisdicción.
Bajo esta métrica, Tucumán ocupa la primera posición, con una deuda equivalente al 13% de su PBG. Lo siguen Catamarca, con 11,9%; Formosa, con 11,6%; Misiones, con 11,2%; y Río Negro, con un 11%.
Esto sugiere que una provincia puede tener un alto nivel de deuda en relación a su economía sin ser necesariamente la que presenta más morosidad. La Rioja, por ejemplo, lidera en morosidad, pero no encabeza el ranking de deuda sobre PBG.
Las diferencias en la penetración del crédito también son significativas. CABA tiene 657 deudores por cada 1.000 habitantes, el valor más elevado del país. La siguen Tierra del Fuego, con 565; Santa Cruz, con 549; Neuquén, con 523; y Chubut, con 500.
En el extremo opuesto, Santiago del Estero cuenta con solo 362 deudores cada 1.000 habitantes, seguido por Salta y Jujuy, con 364; y Misiones, con 369.
La Ciudad se presenta como un caso particular, ya que combina una alta penetración del crédito y un promedio de deuda elevado con una morosidad relativamente baja.
La deuda promedio asciende a aproximadamente $7 millones por deudor, sólo superada por Tierra del Fuego, pero la morosidad en términos de monto se sitúa en un 11,9%, con apenas un 15% de sus deudores en situación irregular.
La deuda promedio por persona también muestra una notable dispersión regional. Tierra del Fuego lidera con unos $8,5 millones por deudor, seguido por CABA con $7 millones; Santa Cruz con $6,8 millones; Neuquén con $6,6 millones; La Pampa con $6,3 millones; y Chubut con $6,1 millones.
En el extremo inferior, Santiago del Estero y Formosa tienen deudas promedio alrededor de $2,9 millones, mientras que Misiones y San Juan rondan los $3,2 millones y La Rioja, los $3,3 millones.
El promedio nacional se sitúa en torno a los $4,7 millones por deudor, aunque este dato debe ser considerado con precaución: el informe incluye no solo a personas físicas, sino también a monotributistas y autónomos con CUIT personal, lo cual ofrece una aproximación amplia al crédito de los hogares y no limita su análisis al financiamiento de consumo.
