Existen distintas versiones acerca de la partida de Vilches. Fuentes cercanas a la administración indicaron que el ministro de Economía, Luis Caputo, propuso al estratega Santiago Caputo el nombre del nuevo secretario, Pablo Di Liscia, en la semana previa a la renuncia de Vilches.
Las controversias en torno a las asignaciones presupuestarias para 2027, diseñadas por Luis Caputo y conocidas por Santiago Caputo, quien gestiona la Secretaría de Legal y Técnica, también contribuyeron a esta situación. Hasta una semana antes de que el Presupuesto fuera presentado, tanto el Ministerio de Discapacidad, a cargo de Mario Lugones, como Vilches habían planteado una salida que difería de la que sugería el Palacio de Hacienda. Como resultado, tanto Lugones como Vilches quedaron en desventaja cuando se giró el presupuesto a Diputados.
Defensores de los números para el año próximo aseguraron en ese momento que se incluyó “lo que aprobó el presidente Javier Milei” para mantener el superávit fiscal. Los críticos señalaron que la propuesta de Vilches aparentemente favorecía un aumento del déficit, revelando así las tensiones existentes. Desde el Ministerio de Salud, se desviaron las consultas hacia la Casa Rosada para distanciarse de las cifras de 2027.
De acuerdo a versiones desde Balcarce 50, Luis Caputo habría presentado el nombre de Di Liscia a su sobrino Santiago, quien se reunió con el candidato y aprobó su nombramiento. Sin embargo, estas fuentes afirman que la salida de Vilches no se relaciona con sus desacuerdos sobre el Presupuesto. Aseguran que se había acordado que Vilches permanecería en su cargo hasta 2025, pero que su extensión se debió a la falta de un perfil adecuado que recibiera el consenso político necesario.
“Desde hace un tiempo estaba en riesgo”, subrayaron.
Se establece que a Vilches se le solicitó que aguardara para llevar a cabo una transición ordenada, pero él procedió a cargar su renuncia en el sistema de Gestión Documental del Estado, lo que llevó a que su dimisión fuera pública.
Otras voces del Gobierno reconocen que no esperaban la publicación de la renuncia, pero afirman que fue una decisión personal de Vilches. Es mencionado que el exsecretario se reunió con Lugones el lunes previo, momento en el que expresó estar “cansado” y que dejaba su puesto. “Tenía intenciones de irse desde hace más de un mes”, comentaron algunos que apoyan esta versión.
Vilches no amplió sobre su salida cuando fue consultado.
Las fuentes coinciden en que los Caputo llevaron a Lugones el nombre de Di Liscia, quien ya contaba con experiencia en el sector salud. Funcionarios del Gobierno confirmaron que Lugones se encontró con el nuevo secretario el día de la renuncia de Vilches, y hoy se conoció su incorporación al Gobierno mediante un comunicado oficial en las redes del ministerio.
Con la atención centrada en la Secretaría de Discapacidad desde la presentación del Presupuesto el 15 de septiembre, también se reveló el fin de semana que una auditoría realizada por esta administración durante la intervención reveló un desajuste de $158.000 millones en los informes financieros de la antigua Andis libertaria, bajo la dirección de Spagnuolo.
Desde el Gobierno se desmienten las especulaciones sobre que la salida de Vilches estuviera relacionada con la publicación de esos datos. “Ese informe era conocido desde el momento en que llegó a la Justicia y varias personas tuvieron acceso al mismo”, se argumentó para desestimar esa teoría.
El martes, la Cámara Federal ratificó los procesamientos de Spagnuolo y otras 18 personas en la causa que investiga presuntos desmanejos en la institución. Spagnuolo, el exfuncionario Daniel Garbellini, el empresario Miguel Ángel Calvete y el médico Pablo Atchabahian fueron procesados como líderes de una asociación ilícita, siendo embargados por sumas millonarias.
Por el momento, desde la Casa Rosada se busca pasar página y expresan tener “expectativas” respecto a Di Liscia, quien asume en un área sensible para la gestión, donde se manejan grandes sumas, y bajo la fuerte demanda de las familias con discapacidad que exigen una actualización en los pagos a los prestadores.
