El incidente se produjo en la sesión del jueves por la noche en el Senado. Desde su banca, Bullrich expuso con vehemencia su postura, mientras que Capitanich la escuchaba desde el otro lado del recinto, donde la tensión era palpable. La ex ministra de Seguridad señaló: “Se repartieron las tierras fiscales entre los amigos del poder. Y otro senador de la provincia del Chaco, que también está por acá, está procesado por entrega irregular de tierras fiscales a los amigos del poder. Está procesado…”.
Las palabras de Bullrich provocaron una rápida reacción de Capitanich, quien solicitó una cuestión de privilegio. Por su parte, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, le pidió que esperara su turno para hablar. No obstante, Bullrich no estaba dispuesta a ceder en su discurso y exclamó: “¿Pero estás procesado o no estás procesado? Sí, estás procesado”.
Capitanich, visiblemente incómodo, replicó apelando a una autoridad que va más allá de la de la cámara alta. Afirmó: “Esta operación también va a resolverse en la Justicia. Por los Diez Mandamientos no hay que mentir. Hay que manejarse con la verdad”. Bullrich insistió en que debía concluir su exposición y le gritó que se callara.
La situación se tornó a un nivel casi judicial, con acusaciones, defensas y alegatos sobre la verdad en una atmósfera cargada de tensión. Todo lo que faltaba en este escenario era una revisión del expediente, lo que ocurrió más tarde.
Los detalles del expediente que se convirtió en el centro de la disputa son cruciales. Fuentes judiciales confirmaron que el 16 de julio de 2026, el juez federal Fernando Carbajal procesó a Capitanich en relación con la presunta adjudicación irregular de más de 3.600 hectáreas de tierras fiscales, que durante su gestión habrían sido asignadas a un grupo de amigos y conocidos. Esta superficie equivale aproximadamente al 20 por ciento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En un escrito de 52 páginas, el juez sostiene que Capitanich es presunto coautor de delitos que incluyen fraude en detrimento de la Administración Pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La investigación, que tiene como figura central a Marta Soneira, ex ministra de Desarrollo Territorial y Ambiente, y ex presidenta del Instituto de Colonización del Chaco, sugiere que Capitanich actuó en connivencia con Soneira y su círculo cercano.
A Capitanich se le atribuye haber validado formalmente las adjudicaciones de venta de tierras fiscales a precios mínimos, muy por debajo de su valor de mercado, mediante su firma en decretos del Poder Ejecutivo provincial. Según la hipótesis del fiscal, las tierras fiscales habrían sido adjudicadas para beneficiar a empresarios vinculados al entorno de Soneira y su pareja, Mauricio Cian.
En su declaración indagatoria, Capitanich se defendió afirmando que “las políticas de colonización y regularización de la tierra pública llevadas adelante durante sus gestiones no constituyeron actos arbitrarios, sino que formaron parte de mandatos constitucionales y planes destinados a garantizar el arraigo de pequeños productores y el desarrollo productivo del Chaco”.
El debate se intensificó cuando Bullrich hizo referencia al proyecto de ley sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que había sido objeto de severas críticas. A consecuencia de la presión de la oposición moderada y el rechazo en la opinión pública, el oficialismo optó por retirar un artículo que pretendía aumentar del 15 al 25 por ciento el límite de tierras que podían adquirir extranjeros.
La ex ministra continuó enumerando ejemplos de operaciones sobre tierras que se llevaron a cabo durante gobiernos peronistas y kirchneristas. Denunció que, en 2020, en el Gran Buenos Aires, se registraron tomas de más de 100 hectáreas impulsadas por grupos vinculados a La Cámpora. “Entre 2020 y 2021, en la provincia de Buenos Aires, hubo 17.000 usurpaciones. Diecisiete mil. Todas, todas avaladas por el partido que gobierna”, remarcó, haciendo referencia al gobernador Axel Kicillof.
Su discurso no se detuvo ahí. Bullrich amplió su visión, señalando que a lo largo del país hay situaciones similares. “En Chaco, Emerenciano Sena, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, se robaba tierras. Milagro Sala, en Jujuy, también se apropiaba de tierras. Los narcos en las villas de todo el país roban tierras, especialmente en Rosario”. A partir de allí, volvió a hacer hincapié en la situación irregular que generaba la entrega de tierras a allegados al poder.
“Luego, un senador habló de la arquitectura del coloniaje. ¿Qué más coloniaje existe que regalar tierras fiscales a los amigos y atravesar un proceso penal por eso? ¿Qué significa la arquitectura del coloniaje? Apropiarse de todo para repartirlo a los amigos. A los amigos del poder. Discrecionalidad”, enfatizó.
Durante su alocución, los senadores del Partido Justicialista la interrumpieron en varias ocasiones, lo que no la disuadió de continuar. Bullrich recordó que “durante el gobierno del general Perón, el Estado Nacional cedió 13.500 hectáreas de tierras fiscales en torno al lago Escondido a Eliseo Montero, de nacionalidad chilena. Décadas después, en 1996, los herederos vendieron esa tierra a Lewis, también durante un gobierno peronista”.
A medida que sus afirmaciones provocaban más protestas y gritos en el recinto, Bullrich se mantuvo firme en su posición. Con ironía, agregó: “Así que, muchachos, un poquito de historia no hace mal”.
Luego siguió con su lista de denuncias históricas, subrayando que “en 1991, un gobierno peronista le permitió al grupo Benetton de Italia comprar 900.000 hectáreas en la Patagonia. Luego, se autorizó la compra de 410.000 hectáreas a Lázaro Báez, en Santa Cruz. La cifra equivale a unas veinte veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires”.
En medio de la discusión, Bullrich volvió a los Kirchner y reveló que “Néstor Kirchner, en 2006, compró 20.000 metros cuadrados de tierras fiscales a un precio irrisorio. Un gobernador compró tierras fiscales por metro cuadrado a $150.000 en El Calafate. Esos 20.000 metros cuadrados fueron vendidos al grupo chileno Cencosud, en 2008, por $2.400.000. ¿Sabe cuánto ganó en dos años? Un 1.500% con la tierra fiscal”.
Finalmente, Bullrich sentenció: “Eso es no defender la soberanía. El estatuto legal del coloniaje en Santa Cruz es eso”. Mientras sus afirmaciones resonaban en el recinto, el bloque del PJ interrumpía a voz en cuello, pero Bullrich continuó su discurso a pesar de las interrupciones.
Capitanich, desde su banca, ya había decidido que no dejaría pasar esta acusación. Afirmó que iniciaría una querella contra Bullrich, lo que agrega una nueva dimensión legal a este ya tenso episodio. Ahora resta ver cómo se pronunciará la Justicia sobre los hechos comprobables que forman parte de este escándalo político.
