Las propuestas de defensa de ambas profesionales fueron distintas: Bisio realizó una breve exposición, absteniéndose de responder preguntas y anunciando que presentaría un escrito, mientras que Mantecón Fumado se refirió a un documento previamente sometido y contestó todas las preguntas formuladas. Se declaró inocente, trasladando la culpa de las demoras en las inspecciones y fallas de control a instancias superiores, tanto de su gestión como de administraciones anteriores.
En su dictamen, la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, junto al titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, concluyó que, además de los responsables directos de la fabricación y venta del anestésico contaminado, la actuación de los organismos de control fue fundamental en esta tragedia sanitaria. Indicaron que el fentanilo adulterado de HLB Pharma no habría llegado a clínicas y hospitales sin un respaldo estatal.
En cuanto a las imputaciones, los fiscales argumentaron que HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A., pertenecientes al grupo familiar de los hermanos García, contaban con antecedentes de incumplimientos en las buenas prácticas de fabricación de medicamentos. Según afirmaron, existía un respaldo estatal que permitió a los laboratorios operar a pesar de sus deficientes condiciones de calidad, lo que derivó en la contaminación del fentanilo.
Se sostiene que las ex funcionarias compartieron responsabilidades en la producción, comercialización y suministro del fentanilo contaminado que provocó la muerte de 90 pacientes y dejó a 41 con secuelas. El Ministerio Público Fiscal aludió a que las conductas atribuibles a ambas ex funcionarias, relacionadas con el lote N°31.202 de fentanilo de HLB Pharma, pueden encuadrarse en el delito del artículo 201 bis del Código Penal, relativo al envenenamiento, adulteración o falsificación de sustancias medicinales con resultado de muerte o lesiones. La posible imputación del artículo 200, que aborda la adulteración de sustancias alimenticias o medicinales, también podría considerarse. Las penas para estas acusaciones oscilan entre 10 y 25 años de prisión, aplicables a los 13 procesados hasta el momento, todos vinculados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
La fiscalía dejó abierta la posibilidad de otras calificaciones que pudieran surgir en el transcurso del proceso, especialmente en relación con la posible aplicación del artículo 80, inciso 5°, del Código Penal, que agrava el homicidio por el uso de un medio que genera peligro común.
En un comunicado, la fiscalía especificó que las imputaciones realizadas a las ex funcionarias resultaron del trabajo conjunto entre la fiscalía y la PIA, informando que a pesar de ser solo la primera semana de la compleja investigación, la fiscal Roteta ya estaba colaborando con la PIA para abordar las diferentes aristas del caso.
El pedido de detención de Bisio y Mantecón Fumadó se fundamentó en una exhaustiva revisión de documentación y datos de dispositivos móviles de funcionarios y personal de los laboratorios que se habían secuestrado. Según los fiscales, las funcionarias eran conscientes del elevado riesgo en el que se producían y aplicaban las fentanilos contaminados, pero no tomaron medidas para mitigar los riesgos sanitarios.
La investigación también se centró en el historial de desvíos de calidad de los laboratorios y las deficiencias halladas en una inspección del INAME en Laboratorios Ramallo entre noviembre y diciembre del año anterior. Durante dicha inspección, se identificaron irregularidades en las condiciones de producción y en los sistemas de control de calidad.
Los fiscales sostienen que, pese a que el organismo conocía las deficiencias y riesgos, no se activaron los mecanismos necesarios para impedir la circulación de los productos. Se mencionó, entre otros aspectos, la demora en la firma de la carta de advertencia que prohibió la producción de medicamentos en Laboratorios Ramallo y la falta de acciones respecto a la comercialización de los productos ya fabricados.
Asimismo, los fiscales describieron que ante el riesgo sanitario, los organismos cuentan con varias medidas preventivas, como la inmovilización, el retiro de lotes y la emisión de alertas sanitarias, y que la falta de estas acciones propició la circulación del fentanilo contaminado, resultando en la muerte de 90 personas y provocando lesiones graves a 41.
Por último, se investiga una reunión del 14 de enero de 2025 que tuvo lugar en la sede de la ANMAT entre las ex funcionarias y directivos de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, en la que se abordaron las consecuencias de una auditoría que identificó graves fallas en las prácticas de producción. También se informó que se borraron intercambios de mensajes de texto en los que ambas reconocían las deficiencias graves de los establecimientos.
