Una auditoría interna identificó lo que llamó “irregularidades de gravedad” en las contrataciones, describiendo la existencia de “sobreprecios sistemáticos”, “ausencia de procedimientos administrativos adecuados” y “debilidades estructurales” en el funcionamiento de la agencia. El relevamiento apuntó a nueve proveedores de insumos médicos y ortopédicos en particular, que facturaron más de $25.000 millones al Estado. Vilches presentó sus descubrimientos ante el Juzgado Federal que investiga el presunto cobro de sobornos en Andis, incluyendo reportes confidenciales de octubre y diciembre de 2025 y de abril del presente año, así como documentos oficiales cuya copia logró obtener, pese a que siguen siendo reservados. Cinco meses más tarde, en medio de recortes presupuestarios en el área de Discapacidad, presentó su renuncia irrevocable, efectiva de inmediato.
En sus denuncias, Vilches apuntó directamente contra Spagnuolo y un grupo de empresas proveedoras del Estado, incluyendo a Indecomm, Droguería Floresta, Neurosalud, Farma Salud SRL, Ortopedia Bernat SRL, Artrobone Ortopedia SA, Cirugía y Ortopedia Imnova SA, Bymax Medical SRL y Expo Trauma SA. Estas compañías habían emitido facturas por un total superior a $25.661 millones a Andis, según dos auditorías que abarcaron más de 500 expedientes. Las indagaciones también revelaron la existencia de sobreprecios en las facturas enviadas a Andis, que llegaron a un escandaloso 4239% en comparación con referencias de mercado utilizadas por técnicos del Ministerio de Salud. Adicionalmente, una auditoría puso de manifiesto un desfase de $158.000 millones en deudas exigibles no registradas en el área de Discapacidad.
El equipo que reportaba a Vilches en el área de Discapacidad detectó “desvíos de precios” que llegaron a calificar como “inauditos”. En uno de los casos más notables, enviaron una denuncia al fiscal federal Franco Picardi y al juez Sebastián Casanello sobre Farma Salud, que cobró $425 millones a Andis por un sistema de válvulas bicaval transcatéter en julio de 2025, mientras que el PAMI había adjudicado a otra firma el mismo producto por $124,2 millones en marzo de ese año. Otros ejemplos de sobreprecios se multiplicaron en los reportes de Vilches que fueron remitidos a los tribunales federales de Comodoro Py. Una endoprótesis aortobilíaca con endoprótesis ilíaca bifurcada se facturó a Andis por $369,8 millones, en contraposición a los $17,85 millones que pagó el PAMI por una endoprótesis aórtica torácica autoexpandible, lo que representa más de 19 veces el monto abonado por el organismo previsional. Asimismo, una válvula pulmonar autoexpandible le costó $295,1 millones al área de Discapacidad bajo la gestión de Spagnuolo, mientras que el PAMI la adquirió por $36,4 millones.
En el sector ortopédico, los especialistas de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud que trabajaron para Vilches realizaron comparaciones de las facturas con el presupuesto de un proveedor no identificado. Por ejemplo, una silla de traslado postural que Imnova facturó a $18 millones contaba con un valor de mercado de solo $945.000, según la referencia de costo recogida. Por ello, el informe de abril señala que esta facturación a la exAndis era “equivalente a un 1.904%” más alta. En una muestra de ocho sillas de Expo Trauma, el Estado recibió facturas que sumaban $134 millones, en comparación con una referencia de $11,27 millones. A Bymax se le asignó un sobreprecio acumulado de $84,1 millones, que incluía una silla estándar de acero facturada en $11,5 millones, mientras que su costo real no supera los $500.000 en el mercado local.
En el caso de Indecomm, la auditoría subrayó la emisión de seis facturas a la exAndis en noviembre del año pasado, destacando que una de ellas fue pagada dos veces: “Ambas por $28.700.000”. Para la intervención, este conjunto de pagos en un mismo expediente indica la repetición de adquisiciones a precios inflados y en períodos muy acotados. Estos y otros casos específicos se desprenden de la “auditoría interna integral” que Vilches impulsó al asumir el control del área de Discapacidad en agosto de 2025, designación que siguió a la salida de Spagnuolo, quien se vio envuelto en la difusión de audios en los que se mencionan supuestos retornos de entre el 5% y el 8%, vinculado a Karina Milei, que tendría un porcentaje del 3%. Estos audios están siendo sometidos a peritajes.
Se intentó contactar a Vilches luego de obtener copias de los reportes y anexos enviados a los tribunales federales de Comodoro Py, pero este declinó hacer comentarios: “No voy a hablar con nadie. Sabrá usted disculparme”, afirmó. Spagnuolo y otros 18 imputados, incluyendo exfuncionarios de Andis como Daniel Garbellini y proveedores del Estado como Miguel Ángel Calvete, enfrentaron un revés judicial esta semana, ya que la Cámara Federal confirmó sus procesamientos como miembros de una supuesta asociación ilícita que habría operado como un grupo paraestatal cooptando la agencia de Discapacidad para actuar en función de sus intereses. Fuentes cercanas a Spagnuolo negaron cualquier tipo de responsabilidad del exdirector de Andis en estas contrataciones, afirmando que “no seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no abría compulsas, no cargaba datos, no evaluaba precios, no adjudicaba órdenes de compra”. Estas mismas fuentes señalaron que “no es lo mismo comprar a largo plazo que sobre la emergencia”, mientras que el entonces responsable del programa Incluir Salud, Daniel Garbellini, rechazó haber participado en un “esquema de sobreprecios” y argumentó que se debía considerar “la urgencia” en las contrataciones. La defensa de Miguel Calvete, uno de los empresarios procesados, también solicitó un análisis de las cifras de las contrataciones, argumentando que el Ministerio Público Fiscal realizó “una construcción unilateral” sobre los precios de los insumos, mientras que el abogado de Pablo Atchabahian anticipó que el lobista se está preparando para explicar “el tema de las licitaciones”.
En sus reportes a la Justicia, Vilches también expuso las relaciones entre proveedores. Informó que Artrobone e Imnova, por ejemplo, compartían el mismo domicilio en la avenida Belgrano 609 de la ciudad de Buenos Aires, y que sus presidentes eran madre e hijo: Evangelina Ileana García y Martim Gonçalo Armella, quien figura además como director suplente de Artrobone. Este esquema se presentó como una posible “simulación de competencia”, generando operaciones por $3042 millones, aunque se aclaró que los colaboradores de Vilches no informaron sobre licitaciones concretas en las que ambas firmas hayan competido entre sí. La auditoría interna también reveló que los socios de Ortopedia Bernat aparecían en otras sociedades como Sagala SRL, Clínica Las Araucarias SA y Medical Implants SA. Además, se documentó un caso particular en Río Negro, relacionado con una prótesis para un paciente amputado, que incluía un remito firmado por la madre del beneficiario, aunque el insumo aún no había sido entregado al momento de realizar el informe.
La documentación a la que se tuvo acceso señala que el primer reporte de Vilches fue enviado a los tribunales el 30 de diciembre pasado, como respuesta a un oficio que cuestionaba si existía una auditoría en marcha. Su respuesta fue clara y contundente. Informó sobre expedientes que iniciaban directamente con facturas presentadas para cobro, “sin constancias de licitación, compulsa o contratación directa previa”, así como órdenes de pago que agrupaban facturas de diferentes trámites, lo que dificultaba el rastreo del origen del gasto. También mencionó que las compulsas abiertas tras la intervención revelaron discrepancias de precios de hasta 838%. La auditoría abarcó más que solo las compras; también identificó problemas en los padrones y en los sistemas de información. En el documento fechado en diciembre, por ejemplo, Vilches reportó hallazgos en el padrón de pensiones no contributivas por invalidez, incluyendo 114 titulares que estaban privados de libertad, ya sea bajo detención efectiva o arresto domiciliario. Además, un cruce de bases de datos realizado entre el Certificado Único de Discapacidad y el Renaper identificó 178.254 personas fallecidas sobre un padrón que, al final del año pasado, registraba 1.656.641 titulares activos.
