Las designaciones fueron firmadas por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, e impactan en cinco áreas distintas del sistema judicial nacional y federal.
En el fuero penal federal, además de Rodríguez Ponte, se designó a Bernardo María Rodríguez Palma para integrar un Tribunal Oral Federal en San Martín.
Este anuncio de nuevos nombramientos se da en el contexto de una reciente prórroga por cinco años concedida al camarista del fuero laboral Víctor Pesino, quien tomó una decisión a favor del gobierno de Javier Milei al suspender la medida cautelar que impedía la aplicación de 81 artículos de la reforma laboral.
El Gobierno ha mostrado criterios variados en la utilización de la facultad de extender por cinco años las magistraturas de aquellos jueces que alcanzan los 75 años de edad. Un ejemplo de ello es el camarista Martín Irurzun, quien debió dejar su puesto en la Cámara Federal de Comodoro Py tras cumplir esta edad el fin de semana pasado.
Pesino y el juez de la Casación Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia, lograron la renovación de sus cargos.
La designación de Rodríguez Ponte al frente del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N.º 2 de Lomas de Zamora es significativa, ya que allí se están desarrollando etapas cruciales de la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete de Axel Kicillof.
Recientemente, concluyó un exhaustivo peritaje contable, realizado por especialistas de la Corte Suprema y peritos de parte, que ha complicado la situación de Insaurralde. Además, el caso cobró nuevo impulso tras la difusión de un video que muestra a Cirio con un vestidor repleto de dólares.
Rodríguez Ponte también tendrá a su cargo una causa de gran relevancia: la que investiga presuntas irregularidades ligadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la financiera Sur Finanzas, que salpica al empresario Ariel Vallejo, quien mantiene vínculos con Claudio “Chiqui” Tapia.
En el ámbito judicial, Rodríguez Ponte es un profesional valorado. Ascendió profesionalmente en el juzgado de Lijo y, desde 2016, se ha desempeñado como titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), un órgano técnico dependiente de la Corte Suprema que gestiona las escuchas judiciales.
Este rol le ha permitido representarse en el ámbito internacional en cuestiones relacionadas con el lavado de dinero. Rodríguez Ponte formó parte de la delegación argentina que viajó a París para participar en la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que agrupa a los principales países y organismos del mundo.
Respaldado por su antiguo superior, Lijo, Rodríguez Ponte retorna a un juzgado por el cual había apostado en un concurso hace más de diez años, donde también participó Ana Juan, secretaria de la Cámara y esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Finalmente, ella logró acceder a un juzgado en Hurlingham, mientras que Diego Arce, actual secretario de Lijo, quedó excluido del proceso.
