La discusión formal se enmarca dentro de un enfoque clásico. La delegación revisará el cumplimiento de las metas establecidas hasta junio, centrándose en el superávit primario, la acumulación de reservas internacionales y los compromisos monetarios, además de las reformas estructurales prometidas. Esta visita estaba programada desde la segunda revisión aprobada en mayo y llega poco antes de un pago al organismo por un monto cercano a los 800 millones de dólares.
El Gobierno presenta un argumento sólido, dado que el equilibrio fiscal se mantiene. En agosto, el Sector Público Nacional registró un superávit primario de 1,99 billones de pesos y un resultado financiero positivo de 635.529 millones. En los primeros ocho meses del año, acumuló un superávit primario equivalente a aproximadamente el 1,1% del PIB y un resultado financiero cercano al 0,2%. El acuerdo con el Fondo establece un resultado primario del 1,4% del producto para todo 2026.
Además, la situación de reservas ha mostrado mejoras en comparación con las preocupaciones del organismo en meses anteriores. En la segunda revisión, el FMI reconoció que Argentina había incumplido la meta de reservas netas para fines de 2025, pero subrayó las medidas implementadas para fortalecerlas. El propio staff sugirió que la acumulación de reservas y la recuperación del acceso al mercado de capitales deben seguir siendo prioridades.
Sin embargo, el análisis se complica al considerar la procedencia de los recursos que sostienen el superávit. En agosto, la recaudación alcanzó los 20,5 billones de pesos, un 33,5% más que el año anterior. Aunque el número es notable, pierde relevancia al contrastarlo con la inflación interanual. Al desglosar los principales impuestos, el IVA neto aumentó solo un 25,3%, los ingresos de la Seguridad Social un 31,9% y el impuesto a los débitos y créditos un 21,5%. En cambio, el impuesto a las ganancias registró un incremento del 45,2%, y los derechos de exportación se dispararon un 155,1%, aunque este último dato está influido por factores extraordinarios que dificultan proyectar esa tendencia.
Entre enero y agosto, la recaudación total alcanzó los 153 billones de pesos. El interrogante que surge es qué ocurrirá si los ingresos del Estado dejan de crecer en términos reales, mientras el Gobierno busca mantener el equilibrio fiscal, atender mayores intereses de deuda y evitar incrementos significativos en impuestos.
Este escenario podría traducirse en un nuevo desafío, aunque no esté formalmente estipulado en el acuerdo. El Fondo no ha exigido que la recaudación crezca por encima de la inflación, sino que demande un resultado fiscal determinado. Sin embargo, la lógica matemática vincula ambos aspectos. Si los ingresos caen en términos reales, el superávit solo se puede sostener mediante reducciones de gasto, incrementos en otras fuentes de ingresos tributarios o una combinación de ambas.
El margen para recortar algunos gastos es políticamente y económicamente distinto al que existía en 2024. Jubilaciones, salarios públicos, universidades, subsidios y obras públicas han experimentado distintos niveles de ajuste. A la vez, el Presupuesto 2027 reafirma como principio el equilibrio fiscal, lo que obliga al Gobierno a reflexionar no solo sobre cómo cerrar 2026, sino también sobre cómo mantener las cuentas en un año electoral.
Agosto también evidenció la complejidad de esta ecuación. Los ingresos totales del Sector Público crecieron un 32,2% interanual, mientras que el gasto primario se incrementó un 32,9%. A pesar de ello, el resultado continuó siendo positivo. La preocupación que podría surgir en Washington no se limitará a cuánto superávit ha logrado Caputo hasta ahora, sino a la sostenibilidad de esos resultados en el futuro.
Así, se establece la diferencia entre capturar un momento específico y evaluar una tendencia a largo plazo. El Gobierno puede exhibir un equilibrio fiscal, la ausencia de financiamiento monetario directo y un aumento en la compra de reservas. El Fondo probablemente reconozca estos logros, como ya lo hizo en mayo. Sin embargo, también prestará atención a la capacidad de mantenerlos cuando cesen los ingresos extraordinarios, aumenten ciertos gastos y la economía ingrese en 2027.
La misión que comenzará el 21 de septiembre presentará tres indicadores oficiales: superávit, reservas y variables monetarias. Pero es probable que un cuarto aspecto reciba igual atención: la capacidad de la recaudación para adaptarse a la inflación.
Después de casi tres años de ajustes, el desafío fiscal argentino ha empezado a transformarse. Ya no se trata solo de cuánto puede recortar el Estado, sino de cuánto puede recaudar la economía sin que sea necesario volver a implementar ajustes para mantener el superávit.
