Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, afirmó que la mayoría de los cambios realizados al proyecto correspondieron al capítulo referente a tierras. “Donde más cambios hubo en la discusión fue en el tema tierras”, comentó el funcionario.
Según Cacace, la reforma tenía como propósito facilitar la llegada de inversiones extranjeras, especialmente en sectores productivos, como la forestación en las provincias del litoral. Explicó que la legislación actual establece un límite de mil hectáreas para la adquisición de tierras por parte de extranjeros y prohíbe compras en zonas fronterizas, lo que, según su perspectiva, obstaculiza proyectos a gran escala.
“El principal requerimiento en Argentina es inversión extranjera directa”, insistió Cacace, subrayando que las restricciones actuales desincentivan el desarrollo de proyectos productivos. “Hay proyectos, como los forestales, que requieren a veces 70.000 hectáreas para tener viabilidad. Con mil no se puede llevar a cabo nada”, enfatizó.
El funcionario añadió que la Constitución argentina otorga los mismos derechos a nacionales y extranjeros en la adquisición de bienes raíces. “La Constitución dice: ‘Los extranjeros tienen los mismos derechos que los nacionales, entre ellos a comprar bienes raíces y a enajenarlos’”, citó Cacace.
Reconoció que la tenencia actual de tierras por extranjeros no supera el 6% del total nacional, pero sostuvo que las limitaciones en cuanto a la superficie y las restricciones en zonas de frontera actúan como barreras para la inversión.
Cacace destacó que poseer una propiedad no concede dominio sobre los recursos naturales: “Si yo compro una propiedad, no soy dueño ni del agua, ni de las minas, ni de los minerales, ni del petróleo. El Estado en Argentina posee el dominio público”, subrayó.
Aunque el capítulo de tierras no fue incluido en el dictamen que se debatió, el Gobierno anunció su intención de abordar el tema por separado para buscar una legislación específica.
El proyecto también endurece los requisitos para las expropiaciones por parte del Estado. Cacace afirmó que “lo que se persigue con esta regulación es que sea más complicado expropiar”. Explicó que la nueva iniciativa exige una declaración precisa de utilidad pública, indemnización previa y justa, y elimina las expropiaciones genéricas. El funcionario consideró que esta reformulación ofrece una mayor protección a los propietarios frente al Estado.
Uno de los aspectos clave de la propuesta es la inclusión del concepto de lucro cesante en las indemnizaciones. “Si el Estado te expropia, debe restituirte realmente el valor de lo que tenías. Si yo tenía un establecimiento productivo y eso me hace perder dinero, debo ser indemnizado. Eso es el lucro cesante. Antes no existía este concepto”, detalló Cacace. El afectado podrá reclamar y demostrar en juicio el daño económico sufrido debido a la expropiación, más allá de la valoración oficial.
La iniciativa también modifica la ley vigente sobre el manejo del fuego y reduce las restricciones para el cambio de uso tras un incendio. Cacace aclaró que la reforma no permite automáticamente la modificación del destino productivo después de un incendio, sino que otorga a las provincias la facultad de definir el ordenamiento territorial. “No se trata de flexibilizar para permitir cualquier cosa, hay que respetar los ordenamientos territoriales que establecen las provincias”, afirmó.
La ley mantiene una protección absoluta sobre los bosques nativos, donde no se permite nunca el cambio de uso, y flexibiliza las normativas en áreas como humedales y bosques implantados. Cacace explicó que la competencia ambiental está compartida entre la Nación y las provincias, y serán estas últimas las que determinarán los usos permitidos después de un incendio, conforme a los relevamientos que realicen.
Cacace consideró que el objetivo principal del proyecto es “dotar a la propiedad privada de un mayor respeto e inviolabilidad”. Resaltó que la ley también extiende la vigencia de la normativa Pierri para la regularización dominial y ofrece procesos más ágiles para desalojos. El funcionario subrayó que la reforma envía un mensaje claro a los propietarios y potenciales inversores sobre la protección al derecho de propiedad.
El secretario de Desregulación reconoció que el debate ha generado conflictos y costos políticos, pero insistió en que “quien esté dispuesto a reformar siempre enfrentará un costo político y generar estos desacuerdos”. Agregó que el Gobierno busca crear condiciones estables, con reglas claras y seguridad jurídica, para atraer inversiones productivas al país.
