Fuentes oficiales de la Secretaría de Transporte bonaerense explican que este aumento responde a la reactivación de la fórmula tradicional que contempla “dos puntos más inflación”. “A partir de mañana, el aumento en las líneas de colectivos de la provincia es de dos puntos más el último IPC de abril (2,6%), volvemos a lo mismo de siempre”, indicaron.
El nuevo esquema tarifario para los Servicios Urbanos Provinciales en el Gran Buenos Aires establece que el boleto mínimo para recorridos de 0 a 3 kilómetros pasará de $968,57 a $1.015,61. Para tramos de 3 a 6 kilómetros, la tarifa subirá de $1.089,64 a $1.142,55; de 6 a 12 kilómetros, de $1.210,71 a $1.269,50; de 12 a 27 kilómetros, de $1.452,85 a $1.523,40; y para trayectos superiores a 27 kilómetros, de $1.708,07 a $1.791,02. Aquellos que viajen sin la tarjeta SUBE deberán abonar $2.031,21 por el boleto mínimo.
En lo que respecta a la tarifa social, que mantiene un descuento del 55% sobre el valor completo, el costo para el trayecto más corto aumentará de $435,86 a $457,02, en tanto que los otros tramos también reflejan incrementos proporcionales, preservando el beneficio para los usuarios incluidos en el programa.
El Servicio Suburbano Provincial también actualiza sus tarifas: el pasaje terminal pasará a costar $337,87, el valor por kilómetro será de $51,61, y el boleto mínimo alcanzará los $1.336,19; el precio sin tarjeta SUBE se ubicará en $2.672,38.
La decisión de Kicillof de aumentar las tarifas en un 11,6% en mayo responde a la necesidad de trasladar a los usuarios el costo real del servicio y disminuir la carga de los subsidios estatales. Esta estrategia ha generado tensiones en el Gobierno, especialmente entre quienes observan cómo el ajuste provincial podría incrementar la presión sobre el índice de precios.
Por su parte, en la Ciudad de Buenos Aires, se aplicará un aumento del 4,6% a partir de mañana, pero el boleto mínimo se mantendrá en $788,41, lo que representa una cifra significativamente inferior a la de la provincia. Las líneas nacionales, que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), también experimentarán un ajuste del 2% que se llevará a cabo el 15 de junio.
El conflicto en torno al financiamiento del transporte público se ha intensificado tras la crisis en Oriente Medio y el aumento de los combustibles en Argentina. Las empresas de colectivos del AMBA han solicitado un recalculo tarifario a la Secretaría de Transporte de la Nación para reflejar los mayores costos operativos. La falta de acuerdo ha llevado a una reducción en la frecuencia de los servicios, hasta que a finales de abril el Gobierno nacional transfirió $56.000 millones en subsidios atrasados y se comprometió a revisar la política de boletos.
A mediados de mayo, el Gobierno dio luz verde a un incremento del 6% en el boleto de las líneas que operan en el AMBA, que se aplicará en tres etapas: 2% el 18 de mayo, 2% el 15 de junio y otro 2% el 15 de julio. Esta estrategia, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca escalonar los incrementos para suavizar su impacto inflacionario.
No obstante, las empresas de colectivos han expresado su descontento con esta medida. “Es un 6% dividido en 3 meses. O sea, 2 mensuales aproximadamente. Por debajo de la inflación. Cuando lleguemos a junio la brecha con la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será mayor aún, porque ellos seguirán aumentando inflación más 2% todos los meses”, sostiene una fuente del sector.
Con el incremento del 2% que se implementará a mediados de este mes, el costo del boleto para las líneas de colectivo en el AMBA se situará en $728,18, en comparación con los $1.015,16 de la provincia de Buenos Aires (una diferencia de $286,98) y los $788,41 de la Ciudad de Buenos Aires (una diferencia de $60,23).
El debate sobre los criterios de actualización de tarifas y la forma de mitigar el impacto inflacionario sigue presente en las diversas jurisdicciones del AMBA, ya que las diferencias de enfoques entre la provincia, la Ciudad y la Nación repercuten en los precios que deben afrontar los usuarios, quienes cada vez enfrentan mayor disparidad en los costos según el recorrido y la administración responsable.
