“Me dicen que está mucho solo. ¿Qué hago? Si me quedo con él no puedo ir a trabajar, y si no trabajo, no comemos”, expresa Claudia, resumiendo la complejidad de su situación. Decidida a buscar ayuda, se reunió con la psicóloga del hospital recomendada por el municipio y llegó a la conclusión de que lo mejor sería buscar ayuda legal. Sin embargo, se siente impotente para obligar a su hijo a recibir tratamiento. Después de pedir licencias laborales y recorrer diferentes oficinas judiciales, finalmente obtuvo la orden de un juez un jueves.
El viernes, la ambulancia llegó demasiado tarde, y no pudieron realizar el traslado porque ya era de noche. Le informaron que los fines de semana no hay servicios de ese tipo. El lunes, tras esperar toda la mañana sin noticias, decidió ir a trabajar. A las dos horas, recibió la llamada de que la ambulancia estaría llegando. Salió corriendo, pero, una vez más, el traslado no se pudo hacer debido a la falta de patrulleros, ya que su hijo se negaba a someterse a un análisis. Finalmente, el martes avanzado, se dieron las condiciones necesarias: el juez había emitido la orden, así como la disponibilidad de ambulancia y patrullero.
Lo que no había era una cama disponible en el hospital. Intentó en tres hospitales diferentes. En el último, el Belgrano, consiguió que le hicieran una evaluación psicológica, aunque no tan profunda como esperaba; resultó ser similar a las que ya habían realizado muchas veces en la guardia, para las cuales no necesitaba orden judicial. Claudia sigue angustiada, y su hijo la acompaña en su desesperación.
¿Cuántas historias como la de Claudia existen? ¿Cuántos hijos enfrentan situaciones similares? La próxima semana, el Senado abordará un proyecto del Ejecutivo para modificar la ley de salud mental vigente desde 2010. Esta iniciativa persigue, entre otros objetivos, facilitar las internaciones involuntarias y revalorizar el rol del médico psiquiatra. Aunque existe consenso político sobre la necesidad de actuar, aún no se alcanza un acuerdo sobre el enfoque y la implementación. Además, la falta de presupuesto plantea un obstáculo significativo.
Mientras los legisladores debaten soluciones, la demanda de atención en salud mental ha aumentado drásticamente. En Zárate, por ejemplo, han implementado un programa de vigilancia en el puente para prevenir suicidios, ante el incremento de llamados por intentos de autolesión. Este sistema, activado en septiembre del año pasado, ha resultado en la creación de una guardia de salud mental que opera las 24 horas. Al asumir como intendente Marcelo Matzkin en diciembre de 2023, solo había un psicólogo en la ciudad; hoy, son diez.
Este no es un desafío exclusivo de Zárate o de Claudia. El martes pasado, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, presentó el informe anual del Sistema Nacional de Información Criminal, revelando que la tasa de suicidios aumentó un 21,6% en 2025 en comparación con el año anterior. Los datos son alarmantes: en la Ciudad, se reportaron un 44% más de intentos de suicidio entre enero y mayo de 2026 con respecto al mismo periodo de 2025, y en la Provincia de Buenos Aires, las internaciones por problemas de salud mental en menores de 18 años crecieron un 22,8% en los últimos dos años y casi un 100% si se compara 2025 con 2019.
Según el Ministerio de Salud de la Ciudad, se registraron 143 intentos de suicidio entre enero y mayo de 2025, cifra que aumentó a 206 en el mismo periodo de 2026. “La mayor prevalencia de notificaciones se concentra en adolescentes y adultos jóvenes, siendo más comunes en el sexo femenino. Los trastornos de salud mental, los intentos de suicidio previos y los consumos problemáticos son factores asociados recurrentes”, indican desde el Ministerio.
Si bien los intentos de suicidio y las solicitudes de asistencia en salud mental son más frecuentes en mujeres, las estadísticas nacionales muestran que la mayoría de los suicidios son de hombres, representando el 78,6% de los casos. De acuerdo al informe de Seguridad, en 2025, se registraron 5.209 suicidios, lo que equivale a una tasa de 11,8 por cada 100.000 habitantes, un incremento del 21,6% con respecto a 2024. Este aumento sostenido ha sido evidente durante los últimos seis años, con tasas de 7,8 en 2020, 8,7 en 2021, 9,2 en 2022 y 9,7 en 2023.
El aumento abrupto en la tasa de suicidios en 2025 confirma una advertencia que ha sido ignorada durante demasiado tiempo y resalta la gravedad de la crisis en salud mental. Diversos profesionales coinciden en señalar que la pandemia ha tenido un impacto significativo y hacen énfasis en que, mientras en países desarrollados la tasa de suicidios se ha mantenido o ha disminuido tras el Covid-19, en los países en desarrollo ha aumentado.
El ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, sostiene que se trata de “fenómenos complejos y multicausales, que responden a la interacción de factores biológicos, psicológicos, familiares, sociales, económicos y culturales”, añadiendo que la vulnerabilidad socioeconómica, la inseguridad laboral, la inestabilidad habitacional, la fragmentación de las redes familiares y de apoyo, la violencia, las problemáticas de consumo y las experiencias traumáticas durante la infancia y adolescencia son factores cruciales.
El ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, señala que se observa una evolución en las problemáticas de salud mental, señalando incrementos en la demanda por angustia, ansiedad y autolesiones, con un aumento que se manifiesta de manera más notable en los extremos de la edad, tanto en adultos mayores como en niños.
La revista del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en su edición de marzo, presentó un informe que destaca el incremento en la demanda de atención en salud mental. Durante el periodo de 2019 a 2025, las internaciones por motivos de salud mental aumentaron en promedio un 77%.
Las cifras varían por provincias. En Santa Cruz, las internaciones de jóvenes han aumentado un 790,3%, mientras que en Buenos Aires se registró un incremento del 12% en consultas en guardia en 2024 respecto a 2023, con picos de hasta un 64% en ciertas zonas. En Neuquén, la provincia más próspera, las prácticas ambulatorias relacionadas con salud mental se incrementaron un 228% entre 2020 y 2025.
Quirós y Kreplak, representando a diferentes gestiones políticas, enfatizan la complejidad de la situación actual y la presión sobre el sistema. A pesar de los esfuerzos presupuestarios, no se puede reemplazar el apoyo y cuidado que históricamente han brindado las familias y comunidades.
En respuesta a la crisis, se habilitaron guardias de salud mental las 24 horas en todos los hospitales públicos con un aumento del 70% en camas y del 40% en personal especializado. Asimismo, en la Ciudad, el número de turnos mensuales para atención en salud mental ascendió de 77.100 en enero de 2024 a 83.420 en enero de 2026, incorporando más de 160 profesionales.
Se han intensificado programas ambulatorios y preventivos en las escuelas, donde se organizan encuentros para fomentar espacios de conversación en los que los jóvenes se sientan escuchados. “Los chicos nos dicen que en los talleres se dan cuenta de que no están solos. Frente a la soledad en su cuarto, sienten que son los únicos con problemas”, explica Kreplak, añadiendo que existe una deficiencia en el abordaje comunitario de la salud mental. “No es un problema individual, sino colectivo”.
Sin embargo, la demanda sigue superando la capacidad de respuesta. En el sistema público de salud de la Ciudad, se han registrado un 92,3% más de turnos solicitados en salud mental en comparación con 2023. En lo que va de 2026, el aumento en consultas es del 9,5%. Se otorgaban, en promedio, 1.412 turnos diarios en 2023; en 2024 aumentaron a 1.949; en 2025 a 2.480; y en 2026 han alcanzado ya un promedio de 2.715 turnos diarios.
Aunque, como mencionó Kreplak, el aumento es general, es más pronunciado entre los adolescentes. Un experto en política de salud apunta que, hoy en día, “es complicado ser adolescente”, ya que muchos jóvenes sienten la necesidad de alejarse de sus padres, pero no pueden porque estos están ausentes, abrumados por el estrés. A su vez, los adolescentes se ven aislados, atrapados frente a una pantalla.
Un estudio reciente de Sedronar reveló que la edad de inicio del consumo de tranquilizantes ha disminuido a 12,6 años, y un 5,9% de estudiantes de secundaria ha probado tranquilizantes sin receta médica. Adicionalmente, el uso de psicofármacos ha aumentado un 966% en seis años, con un promedio de 1.500 usuarios en 2020, pasando a 16.000 en 2026.
Además, una de las empresas que suministra más del 20% de medicamentos en el país informa que, entre 2023 y 2025, las ventas de medicamentos ambulatorios cayeron un 14,50%, mientras que los psicotrópicos disminuyeron en un 6,04%.
Los datos y estadísticas sobre la crisis de salud mental en Argentina son abrumadores. El aumento en la tasa de suicidios, la creciente demanda de atención y hospitalización, así como el notable incremento en el uso de psicofármacos, subrayan un problema que exige atención urgente y una reestructuración del presupuesto. La ley actual establece que, al menos, el 10% del presupuesto en salud debe destinarse a salud mental, pero esto solo se ha alcanzado en 2023, y en los años posteriores, el asignado ha sido significativamente menor, alcanzando en 2025 solo el 1,68% y en 2026 un 1,65%. Esto ocurre en un contexto de recortes en salud pública significativos.
El 17 de abril, se presentó en el Senado un proyecto de reforma a la ley 26.657 de Salud Mental, previamente revisado por el Ministerio de Salud y el de Justicia y Legal y Técnica. Este proyecto busca facilitar los tratamientos e internaciones involuntarias, poniendo énfasis en la figura del psiquiatra.
La propuesta ha cambiado la redacción del texto, pasando de hablar de “padecimiento mental” a “afección o trastorno de salud mental”, y exige que los equipos interdisciplinarios cuenten obligatoriamente con un médico psiquiatra. También se establecen nuevas pautas que permiten la internación sin consentimiento.
Mientras que la legislación actual exige demostrar un “riesgo cierto e inminente” para realizar una internación forzada, el nuevo proyecto solo requiere una “situación de riesgo grave de daño para la vida o integridad física” de la persona o de otros. Lo que cambia es la evaluación, que considera no solo el estado mental en el momento, sino también antecedentes de comportamiento dañino y la evolución previsible si no se actúa a tiempo.
Finalmente, el proyecto permite que las internaciones se realicen no solo en hospitales psiquiátricos específicos, sino también en hospitales generales y en otras instituciones especializadas.
