En un comunicado, ADEPA subrayó: “La protección de la soberanía y de la integridad democrática frente a eventuales injerencias extranjeras constituye un objetivo legítimo. Pero las normas destinadas a ese fin deben ser precisas y claramente delimitadas, de modo que permitan perseguir conductas ilícitas concretas sin alcanzar expresiones legítimamente protegidas. Entendemos en ese sentido que hay espacio para corregir y mejorar el texto propuesto”.
El proyecto, que fue enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo la semana pasada, incluye el artículo 225 bis al Código Penal, que establece sanciones de prisión de 5 a 12 años (de 8 a 15 en caso de coerción) a quienes, bajo financiación u orden de un Estado u organización extranjera, “procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.
El análisis de ADEPA señala la amplitud de términos como “desinformación”, “manipular la opinión pública”, “campaña coordinada”, “alterar procesos electorales” y otros que podrían generar incertidumbre sobre la aplicación de la norma y tener efectos inhibitorios sobre periodistas y medios.
La asociación enfatiza que resulta conveniente que cualquier regulación se enfoque en conductas objetivamente identificables —como operaciones clandestinas de interferencia, financiamiento encubierto, suplantación, falsificación, coerción o manipulación de infraestructura electoral— en lugar de aspectos subjetivos que podrían ser utilizados para cuestionar o perseguir contenidos u opiniones.
Para cerrar, ADEPA expresa: “Proteger la soberanía y la integridad democrática también implica preservar una prensa libre y un debate público abierto y plural.”
