El juez Adrián Grünberg, presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de la Ciudad de Buenos Aires, solicitó a Auguadra que proporcione la documentación sin obliteraciones para su análisis en el juicio en curso. Grünberg destacó que este envío debe realizarse en un plazo de cinco días hábiles “bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia”.
El año anterior, a instancias del TOF 1, la SIDE había enviado información; sin embargo, lo hizo con fragmentos omitidos, lo cual dificulta la identificación de posibles nuevos responsables de secuestros y desapariciones.
La fiscalía, bajo la conducción de Pablo Ouviña, junto con la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), han exigido que se eliminen dichas omisiones. Para ambas partes, esta cuestión quedó resuelta hace más de 16 años a partir del decreto 4/2010.
En aquel entonces, Cristina Fernández de Kirchner eliminó la clasificación de seguridad para la información en poder de las Fuerzas Armadas relacionada con el período 1976-1983, a menos que estuviera vinculada a las Islas Malvinas. En ese tiempo, la SIDE operaba bajo la égida de las Fuerzas Armadas.
Desde la llegada de La Libertad Avanza (LLA) al poder, ha habido una política que limita el envío de información, y en ocasiones han realizado remisiones sin siquiera informar el nombre del funcionario responsable. En marzo de 2025, el vocero Manuel Adorni anunció que Javier Milei había decidido desclasificar los archivos de la SIDE, conforme al decreto 4/2010 de Cristina Fernández. No obstante, desde esa fecha, solo se han publicado dos tandas de documentos seleccionados por las autoridades del organismo.
Ante la dificultad para acceder a la documentación, el CELS, junto a Abuelas de Plaza de Mayo y Memoria Abierta, ha presentado un reclamo a la justicia en lo contencioso administrativo. A principios de este mes, el juez Walter Lara Correa reconoció que las organizaciones tenían razón y que la desclasificación parcial y arbitraria de la SIDE no era suficiente. Ahora, el asunto se encuentra en la Cámara del fuero, donde se solicita que los jueces ordenen directamente la entrega de la documentación.
Durante años, se sostenía que la SIDE carecía de información sobre lo ocurrido durante el terrorismo de Estado, versión que cambió cuando la exfiscal Cristina Caamaño fue designada interventora de la entonces Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Caamaño implementó un programa para buscar y sistematizar la información en poder de la SIDE y firmó un convenio para su digitalización, presentado en la Casa Rosada. Además, formó una mesa conjunta con organismos de derechos humanos para identificar los documentos más relevantes para las investigaciones judiciales y la búsqueda de los bebés robados por Abuelas de Plaza de Mayo.
Durante los mandatos de Agustín Rossi y Ana Clara Alberdi, se continuó con esta política y se envió documentación a diferentes juzgados, principalmente al de Daniel Rafecas, que se encarga de investigar los dispositivos represivos en manos de los espías.
Durante la dictadura, la SIDE gestionó tres centros clandestinos: la Base Bacacay, Automotores Orletti y la Base Pomar, siendo Orletti un punto clave del Plan Cóndor, que coordinaba la represión entre las dictaduras del Cono Sur.
En este año, el TOF 1 ha iniciado un nuevo juicio por crímenes cometidos en Orletti y Pomar, en el que se juzga a Patricio Finnen, César Estanislao Albarracín, Rubén Héctor Escobar y Julio Casanova Ferro.
Finnen, figura destacada de la SIDE en la década de 1990, fue el responsable de la Sala Patria, creada para la persecución de Enrique Gorriarán Merlo tras la toma del regimiento de La Tablada en 1989. Posteriormente, participó en la investigación del atentado contra la AMIA, siendo condenado por la Cámara Federal de Casación Penal por pagar al reducidor de autos Carlos Telleldín para que implicara a un grupo de policías bonaerenses en el atentado que resultó en la muerte de 85 personas.
Uno de los informes con mayores tachaduras es el relacionado con el exdiputado Juan Carlos Comínguez, quien fue secuestrado al salir de la sede Callao del Partido Comunista y trasladado a la base Pomar junto a otros militantes. Comínguez, el único sobreviviente vivo de ese centro clandestino, declaró recientemente en el juicio.
Auguadra ha sido convocado para presentarse ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI). Según se ha informado, el jefe de la SIDE podría comparecer la próxima semana ante el Congreso para explicar el papel del organismo. Sin embargo, antes deberá enviar los archivos a Comodoro Py.
