Aunque el fondo de inversión británico aún no ha presentado su apelación ante el máximo tribunal estadounidense, los principales asesores legales del Ejecutivo consideran que podría hacerlo en breve. “Tienen 90 días para hacerlo”, señalaron fuentes cercanas a la situación.
No obstante, las autoridades subrayan que confían en que la Corte Suprema rechazará el caso, lo que podría conducir, tras dos o tres meses de análisis, a una decisión final en Estados Unidos. Esta determinación cerraría un largo litigio sobre la expropiación de la petrolera nacional que se inició en 2015 y que involucra una posible condena de 16 mil millones de dólares.
La percepción del Gobierno coincide con la evaluación realizada por analistas de Burford, quienes, al presentar sus resultados trimestrales a los inversionistas, reconocieron que “la probabilidad de obtener más recursos en los tribunales estadounidenses es baja desde un punto de vista estadístico”.
Esto se fundamenta en el hecho de que la Corte toma un promedio de 70 a 100 casos al año, todos de interés federal.
A pesar de esto, en el Gobierno optan por mantener una postura cautelosa, ya que el proceso sigue abierto ante un posible reclamo de Burford en el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. En este contexto, el fondo británico había destacado que “el arbitraje es un proceso que dura varios años (un caso promedio del Ciadi dura 4,4 años), pero puede alcanzar resultados similares a los de un tribunal de primera instancia estadounidense”.
Además, subrayó que el 86% de las 51 demandas arbitrales entre inversores y Estados contra Argentina se resolvieron a favor de los demandantes.
Por otro lado, tras el fallo positivo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, la Procuración del Tesoro, liderada por Sebastián Amerio, puntualizó que “la decisión del tribunal, que niega la solicitud de revisión del fallo por parte del pleno de la Cámara de Apelaciones, respalda la solidez jurídica de la posición defendida por la República Argentina durante el proceso y reafirma la sentencia favorable obtenida por nuestro país”.
Mientras tanto, el equipo de abogados del Estado sigue lidiando con otros litigios pendientes, como el relacionado con el Cupón PBI en Londres por 1330 millones de euros. Simultáneamente, el Gobierno espera la aprobación en el Congreso para avanzar con el acuerdo de 171 millones de dólares con los fondos Bainbridge y Attestor por el incumplimiento de 2001, un tema que se discutirá este jueves en el Senado.
