A través de la Resolución N° 1297/2026 publicada en el Boletín Oficial, el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, determinó un incremento del 2,10% en todos los tipos de prestaciones. Esta decisión se tomó tras analizar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de mayo de 2026.
Asimismo, se establecerá un adicional del 20% sobre el arancel básico para las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica, con el objetivo de compensar los costos en áreas con condiciones geográficas y logísticas desfavorables.
Por tanto, el costo por un centro de día pasará de $1.037.014,61 a $1.058.791,92 para una jornada doble y de $551.687,35 a $563.272,78 para una jornada simple. En el caso de los centros educativos terapéuticos, los precios se incrementarán a $1.189.351,59 por jornada doble y a $649.532,62 por jornada simple.
Además, desde junio, las terapias de estimulación temprana tendrán una cobertura de $399.052,42, mientras que una rehabilitación en módulo integral intensivo tendrá un costo de $173.795,66 y una hospitalización de día por jornada simple alcanzará los $624.939,96. También se destinarán $865,07 por cada kilómetro recorrido en transporte y $4.740,29 para alimentación.
Esta actualización se produce en un contexto donde los beneficiarios y sus familias han manifestado su descontento por la falta de implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada el año pasado.
No obstante, a mediados de abril, el Gobierno presentó un proyecto de ley denominado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, que propicia modificaciones significativas a la norma actual en respuesta a investigaciones sobre supuestos pagos de coimas a prestadores y la posible disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Como parte de esta iniciativa, se propone derogar varios artículos de la ley vigente, lo que implicaría una reducción en el alcance universal de la ayuda estatal, retrocediendo al modelo anterior a la declaración de la emergencia. Además, se introducirían nuevas restricciones para acceder a pensiones por invalidez, se redefinirían los criterios de asistencia y se fortalecerían los controles sobre los beneficiarios.
Entre los cambios más relevantes, se requeriría un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez, quienes deberán volver a demostrar su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. Según el documento al que se tuvo acceso, “aquellos que no lo hagan sufrirán una suspensión automática de la pensión y la pérdida del beneficio”. También se contemplaría la posibilidad de realizar un proceso de fiscalización mediante el cruce de datos entre distintos organismos públicos.
Con estas medidas, el sistema permitiría la suspensión preventiva de la pensión ante cualquier inconsistencia en las solicitudes de ayuda estatal, garantizando derechos a la defensa. El “incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio”, se indicó.
El nuevo proyecto establece que la pensión no contributiva equivaldría al 70% del haber mínimo jubilatorio, pero eliminaría la potestad del Ejecutivo para otorgar aumentos relacionados con invalidez laboral o por condiciones geográficas desfavorables, lo que resultaría en la supresión de beneficios adicionales de la normativa previa.
Asimismo, se introducirá el concepto de “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales, lo que implicaría que, si se aprueba, una persona con discapacidad perdería la pensión al acceder a un trabajo registrado. También se suprimirían los incentivos para las empresas y organizaciones que contrataran a personas con discapacidad.
Finalmente, se eliminaría el piso mínimo de calidad en las prestaciones con aranceles homogéneos y se permitirían convenios entre el Gobierno Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la administración y distribución de fondos, lo que resultaría en la eliminación del nomenclador y en la desregulación de la negociación de obras sociales o prepagas.
