La problemática principal radica en que la falta de entrega de la declaración jurada informativa puede acarrear sanciones automáticas que van de $5.000.000 a $10.000.000, monto establecido en el artículo 38 de la Ley de Procedimientos Fiscales, modificado posteriormente por la Ley de Inocencia Fiscal.
La omisión en la presentación de las declaraciones juradas se sancionará —sin requerimiento previo— “con una multa de hasta pesos cinco millones ($5.000.000), que aumentará a pesos diez millones ($10.000.000) si corresponde a sociedades, empresas, fideicomisos, asociaciones o cualquier entidad constituida en el país, así como a establecimientos organizados como empresas estables por personas físicas o jurídicas domiciliadas, constituidas o radicadas en el exterior.”
Expertos en la materia destacan que la mayoría de las compañías cierra sus ejercicios económicos en diciembre, lo que genera una sobrecarga de trabajo, sumado a la presentación de las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, entre otros aspectos. “Es muy común que, como el 60% de las empresas en Argentina cierran en diciembre, los contadores estén atrasados. Las empresas cierran sus balances con demoras y envían la información para auditoría tarde, por lo que muchos balances quedarán sin presentar y esto incrementará el riesgo de multas”, expresó Mariano Ghirardotti, contador y socio del estudio Ghirardotti & Ghirardotti.
En respuesta a esta preocupación, el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de CABA (CPCECABA) ha contactado a la dirección de ARCA para solicitar una extensión del plazo para la presentación de los estados contables, en un esfuerzo por mitigar el impacto en contribuyentes y profesionales. En la carta enviada, argumentaron que “no ocasionaría un perjuicio a la administración y sería de gran alivio a contribuyentes y a los profesionales que los asisten”.
Es importante señalar que no solo se requiere que el balance esté cerrado, firmado por el contador y por el representante legal de la empresa, sino que también debe ser legalizado por el consejo profesional correspondiente antes de su presentación ante el fisco.
Fuentes de un consejo profesional, que prefirieron el anonimato, informaron que no se han encontrado irregularidades significativas, aunque reconocieron que es un período del año con una alta carga de trámites, lo que podría provocar algunas demoras. La meta es optimizar el circuito para asegurar un proceso más fluido.
“No presentar el balance a tiempo puede implicar una carga considerable para una empresa”, advierte Noelia Girardi, gerente de Impuestos en Lisicki, Litvin & Abelovich. Las multas pueden afectar tanto a las pymes como a sociedades más grandes. “Deberíamos considerar las posibles demoras en la legalización del balance por parte del Consejo o las observaciones que puedan surgir, ya que todo esto retrasa el cumplimiento en la presentación”, añadió Girardi.
Con la proximidad del vencimiento, los especialistas indican que el margen para extender el plazo es prácticamente inexistente. La situación se complica aún más, dado que la mayoría de las empresas debe cumplir con sus obligaciones en este período, en especial aquellas que cierran el 31 de diciembre, lo que resulta en un aumento significativo en la carga de trabajo para los contadores.
