Ante la controversia generada por la prescripción de la causa relacionada con la muerte de Alan Villouta, el Gobierno de Mendoza ha decidido implementar reformas destinadas a establecer plazos más severos para las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. El gobernador Alfredo Cornejo anunció recientemente que se están llevando a cabo cambios normativos con el fin de prevenir situaciones como la del caso Villouta. El sobreseimiento por prescripción de Alejandro Verdenelli, el conductor que atropelló al joven en el Acceso Sur en 2017, generó un fuerte rechazo social y reavivó las críticas hacia las demoras de la Corte en la resolución de causas. “Vamos a proponer una modificación de la legislación vigente para que los plazos que tiene la Corte para resolver este tipo de recursos sean perentorios”, afirmó el gobernador. La elaboración del borrador de la iniciativa fue asumida por el diputado provincial Franco Ambrosini, quien explicó los aspectos centrales de la propuesta durante una entrevista en el programa “Digamos Todo” de MDZ Radio 105.5 FM. “A partir del caso de la muerte de Alan, quedó claro que los plazos que establece el Código de Procedimientos y las leyes 9001 y 6730 no se cumplen. La Acción Procesal Administrativa tiene 60 días, el Recurso Extraordinario Provincial tiene 20 días y el caso de Casación tiene 10 días. Lo que buscamos es que esos plazos se cumplan porque quedó claro que no son reales. El caso de Alan Villouta estuvo 6 años sin resolverse y es un accidente de tránsito, no era una causa sumamente compleja”, explicó Ambrosini. En este sentido, añadió que “una justicia tarde, no es justicia. La mora en la justicia fue la impunidad. El condenado por la pena en suspenso de tres años no iba a quedar detenido, pero el tema es que no hubo una sentencia condenatoria”. El diputado oficialista detalló que la reforma tiene como objetivo establecer plazos estrictos para las decisiones de la Corte. “El cambio que proponemos es que los plazos de la Corte sean fatales. Es decir, que una vez que se cumple el tiempo, van a entrar dentro de una causal de mal desempeño”, precisó. Esto implicaría que un juez que no cumpla con los plazos establecidos podría enfrentarse a una denuncia ante el Jury de Enjuiciamiento por mal desempeño, salvo que pueda justificar la demora ya sea por licencias u otras razones. Además, se busca modificar la Ley Orgánica de la Corte para automatizar los plazos fijados para la resolución de recursos. “Vamos a establecer los plazos en el Código de Procedimientos y el ministro que deba emitir opinión tendrá 20 días para hacerlo; si se vence ese plazo, el caso pasará automáticamente al siguiente juez y se notificará al procurador que un juez no emitió opinión”, destacó. “Estamos pensando en un plazo total de 40 días: 20 días para el que emite opinión, 10 días para el segundo y 10 días para el tercero”, añadió el legislador. Resaltó que esta propuesta es un primer borrador y que se espera la participación tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial en la elaboración de estas reformas. “La reforma apunta a toda la Corte, tanto para el Recurso Extraordinario Provincial como para el Recurso de Casación. Necesitamos que la Corte expida decisiones lo más rápido posible, y en los casos que lo necesiten, podrán fundamentar la solicitud de más tiempo”, concluyó Ambrosini.









