El diputado nacional por Encuentro Federal, Nicolás Massot, se sumó a la creciente lista de figuras políticas que han levantado la voz contra la decisión del Gobierno nacional de retener o reducir significativamente el financiamiento destinado a las universidades públicas de todo el país.
Massot no solo cuestionó la medida, sino que profundizó en la dimensión filosófica y social de la educación, contrastándola con el concepto de libertad que, a su juicio, promueve la administración del presidente Javier Milei.La Crítica de Massot: Educación como Motor de Libertad y Progreso
En un contundente mensaje difundido a través de sus redes sociales, el legislador fue categórico: “Sin educación no hay libertad”. Para Massot, la función del Estado en este ámbito es irrenunciable y fundamental para la equidad y el desarrollo individual.
“Estoy convencido que un Estado eficiente y honesto debe ser el motor que nivele las capacidades de los ciudadanos, y sólo así puede ayudar a que sean más libres. Retirarse de la educación es retirarse de la principal herramienta de progreso que tenemos”, explicó el diputado, subrayando que la educación pública es el cimiento de la movilidad social ascendente.
Por otro lado, Massot se dirigió directamente al concepto troncal de la actual administración: el ideario libertario. Apuntó contra la noción de libertad que, según él, propone el Gobierno, donde la ausencia del Estado se presenta como un valor superior.
“En un mundo cada vez más competitivo, el conocimiento es nuestra mayor fortaleza. Esa es la libertad en la que creo y no la que dicen que es que hay que dejarlos solos a los individuos retirando al Estado de su vida, eso es una enorme falacia”, sentenció Massot, posicionando el acceso al conocimiento como la verdadera llave para la autonomía personal en la sociedad moderna.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que Massot se distancia críticamente de la gestión libertaria. Anteriormente, el diputado había cuestionado al Gobierno por la aparente contradicción entre su promesa de terminar con la “casta” y las acciones políticas concretas observadas.—–La Marcha Universitaria: Una Marea Federal en Defensa de la Educación
El malestar por la asfixia financiera de las casas de altos estudios se materializó este martes en la cuarta marcha en defensa de la universidad pública, que culminó en la Plaza de Mayo. Esta movilización se organizó como una protesta masiva contra el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario por parte del Gobierno nacional.
Desde las primeras horas de la mañana, la convocatoria reunió a una amplia base social: profesores, estudiantes, organizaciones estudiantiles, gremios no docentes y la comunidad científica en general se unieron para marchar hacia la Plaza de Mayo, el punto neurálgico de la protesta en la Capital Federal.
La defensa de la educación universitaria trascendió el ámbito académico y político. Diputados, dirigentes de diversas fuerzas, actores de renombre y músicos de gran trayectoria se pronunciaron públicamente a favor de la causa, cuestionando el drástico recorte presupuestario del Ejecutivo que, advierten, pone en jaque el normal desarrollo de las clases y la continuidad de las actividades de investigación.—–La Respuesta Oficial del Gobierno: Cuestionamientos al Rendimiento
En la antesala de la Marcha Federal Universitaria, la cuarta gran protesta desde la asunción de Milei, el Gobierno nacional, a través del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, optó por cuestionar el desempeño y la eficiencia del sistema universitario.
Álvarez centró su crítica en la relación entre el presupuesto y los resultados académicos, sugiriendo un desequilibrio. “El sistema universitario nos está dando muy pocos graduados y gasta 400.000 millones de pesos por mes en salarios”, sostuvo el funcionario, poniendo el foco en la baja tasa de egreso como justificación parcial de la postura gubernamental.
El subsecretario añadió que la actual administración busca desmantelar un esquema de financiamiento que, históricamente, se habría definido por criterios de “presión política” y no por mérito o eficiencia académica, reafirmando la intención de modificar las reglas de asignación de recursos.
Estas declaraciones de Álvarez se suman a los intensos cruces que el funcionario mantuvo la semana anterior con las autoridades universitarias, particularmente en relación con la transferencia de fondos esenciales para los hospitales que dependen directamente de las casas de altos estudios.
