Recientemente, Beller recibió el alta médica tras ser víctima de un ataque armado el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, aunque ha optado por no regresar a su hogar por preocupaciones relacionadas con su seguridad. La Fiscalía de Bolivia ha abierto una investigación contra Cerimedo, a quien se le considera presunto instigador del atentado, y ha decretado su prisión preventiva mientras avanza el proceso.
La letrada también indicó que es capaz de identificar al destinatario de una nota que hacía alusión a “eliminarla”. La investigación ha llevado a la detención de una pareja de sospechosos que permaneció en prisión durante 120 días en el penal de Palmasola.
Desde el hospital, donde se recupera del ataque, Beller se pronunció sobre la posibilidad de que su material pueda revelar detalles sobre la planificación del atentado y la supuesta responsabilidad intelectual que la Fiscalía le atribuye a Cerimedo.
Por su parte, la Policía boliviana ha identificado a dos individuos como posibles autores materiales del ataque. Beller ha explicado que uno de los detenidos está acusado de haber vendido o facilitado el arma utilizada, mientras que su pareja enfrenta cargos por complicidad.
La abogada ha manifestado que está dispuesta a entregar las pruebas que posee si la Justicia argentina lo solicita. “Por supuesto que estoy dispuesta a declarar si me citan de Argentina”, afirmó Beller al referirse a la eventual convocatoria.
Además, las declaraciones de Beller podrían influir en la investigación relacionada con supuestas irregularidades por coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad. Beller sostiene que tiene grabaciones de conversaciones con Cerimedo vinculadas a audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo.
Según Beller, tanto Cerimedo como su exesposa, Natalia Basil, estarían involucrados en la filtración de dichos audios, afirmando que fue Basil quien ejecutó la maniobra según su versión.
La diputada Marcela Pagano ha solicitado al juez Ariel Lijo y al fiscal Franco Picardi que convoquen a Beller para declarar por videoconferencia. También pidió que la abogada sea incorporada al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.
Una eventual declaración de Beller permitiría precisar la fecha y el contexto de las conversaciones con Cerimedo. La Justicia deberá determinar la posibilidad de incluir las grabaciones como prueba y su vinculación con el expediente por presuntas irregularidades en Andis. También se evaluará la autenticidad de los archivos, y Gendarmería llevará a cabo un peritaje sobre los audios atribuidos a Spagnuolo para determinar su veracidad y su valor probatorio en el caso.
