En una resolución firmada este miércoles, el juez federal Martín Cormick otorgó un plazo de cinco días al Estado Nacional para que cumpla con la medida cautelar que él mismo dictó en diciembre del año pasado, la cual ordena la actualización de los salarios de docentes y no docentes, así como la recomposición de los programas de becas estudiantiles, “bajo apercibimiento de astreintes”, es decir, multas en caso de incumplimiento.
“Si bien se han documentado los aspectos de cumplimiento temporáneo en las convocatorias a la negociación paritaria y la efectivización de órdenes de pago, no surge en igual modo respaldado que el cálculo respecto de los aumentos alcanzados y las actualizaciones de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas en el período contemplado haya sido efectuado del modo estipulado por la norma ponderando las variables de ajuste”, argumentó el magistrado sobre la actualización salarial.
Con relación a la segunda cuestión de la cautelar, referida a las becas estudiantiles, el juez advirtió que el propio Estado “admite haber dado tratamiento en lo atinente a las becas únicamente en relación a una de ellas”.
“En efecto, han manifestado que, bajo su interpretación y alcance en referencia a la ley, ‘… la única beca que encuadra en los postulados de la Ley N° 27.795 es la denominada Beca Manuel Belgrano, de la que se dio acabada cuenta de su evolución en línea con lo exigido por el artículo sexto de la norma en la presentación de esta parte de fecha 06.09.2026. De esta forma, ni las becas Progresar, ni las denominadas de enfermería corresponden al aludido programa, y tampoco las ‘otras’ tal como incorrectamente señala la ley en cuestión…’“, amplió el magistrado.
El 22 de septiembre, Cormick ya había intimado al Gobierno de Milei, estableciendo también un plazo de cinco días para que cumpliera con la Ley de Financiamiento Universitario. Ante esa primera intimación, el Gobierno solicitó una revocatoria, la cual fue rechazada este miércoles.
La medida cautelar que obliga al Gobierno a saldar lo adeudado fue dispuesta por Cormick el 23 de diciembre del año pasado. Esta decisión fue confirmada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y ratificada por la Corte Suprema el 25 de junio pasado.
En cuanto al paro de 72 horas, el personal docente y no docente comenzará sus acciones este miércoles, exigiendo la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial del 33,4%.
La medida fue aprobada por la CONADU y la CONADU Histórica, dos de las federaciones docentes más grandes del país, y se suma a los diferentes planes de lucha organizados por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUM), quien llevará a cabo paros regionales. También participan la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), el Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Feduba) y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), quienes mantienen un esquema de paros de 24 horas en cada una de las sedes.
Además, este jueves se llevará a cabo un abrazo simbólico en la Facultad de Medicina como una “acción de visibilidad”. También se están organizando actividades participativas y una radio abierta para invitar a los ciudadanos a participar.
El reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario comenzó a finales del año pasado, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó acciones de amparo debido a que el Poder Ejecutivo no estaba implementando la norma, argumentando falta de fondos, una situación que continúa vigente.
Las movilizaciones de esta semana se anticipan a la quinta Marcha Federal Universitaria programada para el próximo jueves 15 de octubre.
