A las 9:30 horas, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex gerente general de Nación Fideicomisos S.A. Néstor Ulloa y otros acusados, todos ex directivos de la empresa sueca, tendrán la oportunidad de dirigirse al tribunal. Se espera que entre nueve y diez de ellos lo hagan en esta audiencia final, mientras que el resto intervendrá en una próxima, donde se definirá el caso, según informaron fuentes judiciales.
El fiscal federal Abel Córdoba ha solicitado condenas para 13 de los 30 acusados. Además de las penas privativas de libertad, se requerirá la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos de parte de los ex funcionarios, y el decomiso de bienes por un total de 34 mil millones de pesos en sobreprecios y 13 mil 900 millones en sobornos, que habrían perjudicado al Estado nacional.
De Vido, actualmente bajo prisión domiciliaria cumpliendo una condena de cuatro años por el caso de la tragedia de Once, está a la espera de su segundo veredicto en menos de un mes. La semana pasada, fue condenado a tres años de prisión en relación con el caso Odebrecht, acumulando así su cuarta condena por corrupción.
La compañía sueca había firmado en 2004, durante el mandato de Néstor Kirchner, un contrato para la ampliación de los gasoductos norte (TGN) y sur (TGS), destinados al transporte de gas natural. A raíz de posibles irregularidades, se presentó una denuncia penal que contó con una prueba clave.
El síndico de la empresa, Claudio Corizzo, grabó una conversación con Javier Azcárate, quien era en ese momento el gerente comercial de Skanska. En esa charla, Azcárate admitió el pago de sobornos y el uso de facturas falsas para justificar esos fondos. La grabación fue hallada en una computadora.
Inicialmente, los acusados fueron procesados, pero la Cámara Federal declaró nula la causa, considerándola ilegal debido a que el audio se había registrado sin el conocimiento de Azcárate. En 2016, la grabación fue validada por la Cámara Federal de Casación Penal después de un fallo de la Corte Suprema, lo que permitió reactivar el caso. El juez federal Sebastián Casanello volvió a procesar a los acusados y en 2019 se llevó a cabo el juicio oral.
En abril de 2024, los jueces del Tribunal Oral Federal 4, Guillermo Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez, dieron inicio al juicio contra los 30 imputados. En septiembre del año pasado, el fiscal Córdoba solicitó condenas para 13 de ellos, mientras que 17 ya habían sido absueltos.
La Fiscalía imputó a De Vido, López y Ulloa por cohecho activo y administración fraudulenta, pidiendo cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ellos. Además, se requirió una pena de cuatro años y seis meses para ocho ex directivos de Skanska, incluido Azcárate, y cuatro años para Alfredo Greco y Adrián López por su implicación en el uso de facturas falsas.
El fiscal Córdoba argumentó que De Vido no solo tenía un cargo formal, sino que también ocupaba una posición clave en la coordinación de los aportes, sosteniendo que tuvo el control absoluto del plan de acción. Las defensas de los acusados solicitaron su absolución, y la etapa final comienza este lunes con las últimas intervenciones de los acusados, con una fecha aún por determinar para el veredicto.
Las penas solicitadas por la Fiscalía implican cumplimiento efectivo. Si los jueces dictan una condena, los acusados deberán cumplir prisión una vez que la sentencia sea firme, ya que el fallo puede ser apelado ante la Cámara Federal de Casación Penal.
