Un análisis reciente señala que el índice de irregularidad en los pagos por parte de las familias con proveedores no financieros de crédito subió al 30,1% en junio, superando incluso el máximo registrado durante la pandemia. Este dato es alarmante, ya que indica que mientras se reduce la disponibilidad de préstamos y la cantidad de usuarios en las categorías de menor riesgo, también crece el volumen de deudas calificadas como irrecuperables.
Este fenómeno no se limita a las billeteras digitales más populares, sino que abarca una amplia gama de Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC), que incluye fintechs y otros prestamistas. Esta variación tiene repercusiones directas para quienes buscan financiamiento, ya que acceder a nuevos préstamos se vuelve más complicado, mientras que los costos y las condiciones se vuelven aún más cruciales al considerar alguna oferta de crédito.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en información del Banco Central y la Central de Deudores (CENDEU), revela la rápida caída en la calidad de la cartera del crédito. La morosidad entre familias con proveedores no financieros se disparó del 7,3% en noviembre de 2024 al 30,1% en junio de 2026, superando el récord anterior de 27,1% registrado en mayo de 2020. Esta comparación se complica un poco, ya que el Banco Central comenzó a elaborar estadísticas sobre la calidad de la cartera de los PNFC en 2018.
Para contextualizar la magnitud de esta morosidad, es importante conocer cómo se clasifica. La CENDEU categoriza a los deudores en varias situaciones que van desde la normalidad hasta el incumplimiento irrecuperable, marcando un deterioro significativo a partir de la Situación 3, que refleja problemas y atrasos mayores a 90 días. En términos de cifras, la mayor parte de las irregularidades se concentra en la Situación 4 con $6,73 billones, seguida por $4,14 billones en Situación 3, y $3,86 billones ya clasificados como irrecuperables. Curiosamente, aunque el sistema bancario tiene una cartera de créditos mucho más amplia, los proveedores no financieros controlan el 64,6% del capital familiar considerado incobrable.
Esto indica que no solo hay un aumento en la cantidad de deudores en mora, sino que una parte considerable del crédito ha llegado a la categoría más crítica. En junio, comparado con mayo, se evidenció un cambio notable: la demanda de financiamiento que anteriormente se desplazaba de los bancos a los proveedores no financieros ha comenzado a revertirse. Según los datos del CEPA, se observó una drástica caída en el monto prestado en las primeras cuatro categorías crediticias, mientras que la situación más crítica, Situación 5, mostró un incremento significativo.
El CEPA califica esta tendencia como un “freno en la concesión de crédito”, indicando que tanto los bancos como los prestadores no financieros han ajustado sus ofertas, limitando el monto y la cantidad de nuevos préstamos. Asimismo, el informe destaca un “escalamiento directo hacia la incobrabilidad”, donde la cantidad de nuevos deudores en la Situación 5 se aproxima a la reducción en las cuatro categorías anteriores.
Para visualizar la magnitud de este problema, en junio había 20,97 millones de personas endeudadas con bancos y proveedores no financieros, de las cuales 5,91 millones estaban en situación de morosidad. De estos, 2,90 millones de individuos estaban en mora exclusivamente con proveedores no financieros, sin deudas impagas con bancos.
A pesar de la restricción en el acceso al crédito, las alternativas siguen existiendo. Sin embargo, en un entorno con prestamistas y condiciones muy diversas, la facilidad para obtener financiamiento no debe ser el único criterio al momento de decidir.
El primer aspecto a considerar es el Costo Financiero Total (CFT), que no se limita a la tasa nominal, sino que refleja el costo real del financiamiento al incluir intereses y otros cargos. Este aspecto es particularmente relevante en el crédito no bancario, donde se destacan tasas más elevadas que las ofrecidas por el sistema bancario tradicional debido al mayor riesgo asociado a la cartera.
En segundo lugar, resulta esencial evaluar que parte de los ingresos se verá comprometida por la cuota. No se trata solo de poder pagar el monto hoy, sino también de cuánto margen queda para imprevistos durante la vigencia del préstamo.
El plazo del crédito también tiene importancia; aunque extenderlo puede reducir las cuotas individuales, esto puede aumentar el costo total a largo plazo.
Otro aspecto crucial a investigar es qué sucede en caso de atrasos. Antes de aceptar una oferta, es recomendable conocer los intereses que se aplicarán, los cargos asociados y las posibles consecuencias en la situación crediticia.
Finalmente, emplear un nuevo préstamo para liquidar deudas anteriores requiere atención; aunque puede ayudar a reestructurar pagos, si solo retrasa la solución sin restaurar la capacidad de pago regular, se corre el riesgo de caer en un sobreendeudamiento.
