Bajo la presidencia de la vicegobernadora Verónica Magario, el Senado aprobó un presupuesto anual de 156.204 millones de pesos, según lo establecido en la partida aprobada en diciembre, la cual podría requerir ajustes por inflación.
El costo de funcionamiento del Senado asciende a 428 millones de pesos diariamente, lo que equivale a 13.017 millones por mes, sumando un total de 78.102 millones en medio año. A pesar de esta significativa erogación, no se ha votado ninguna legislación que impacte en la vida de los 17 millones de ciudadanos que aguardan la aprobación de leyes, mientras el cuerpo se encuentra atrapado en disputas internas de poder.
La falta de actividad legislativa se debe a una lucha interna en el Partido Justicialista (PJ), lo que ha generado una parálisis que le cuesta miles de millones a los contribuyentes al no cumplir con el mandato constitucional de aprobar leyes. La última sesión ordinaria se llevó a cabo el 4 de diciembre del año pasado. Desde ese momento, el bloque oficial, que todavía se denomina Fuerza Patria, ha estado en una lucha por el poder entre diferentes facciones, algunas de las cuales han buscado intervención judicial.
Incluso con una mayoría en el recinto, los 24 miembros del bloque oficial están involucrados en una confrontación entre 14 integrantes vinculados a Cristina Kirchner, siete aliados de Axel Kicillof y tres de Massa. En este contexto, el oficialismo está inmerso en la disputa por el reparto de cargos y recursos, sin poder resolver en público la tensión entre Kirchner y Kicillof.
El conflicto se intensificó cuando Sergio Berni cuestionó públicamente a Magario respecto a la aplicación del reglamento durante la última sesión. Finalmente, Berni decidió solicitar la intervención del sistema judicial y asumió la presidencia del bloque.
Su esposa, Agustina Propato, se ha autopostulado como precandidata a gobernadora, mientras que Berni ha declarado que la interna “es ridícula”, aunque sigue jugando sus cartas al afirmar que Kicillof es un
