La iniciativa, presentada por el secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra, fue formalizada mediante el Decreto 1021/2026 y se publicó en el Boletín Oficial. Este nuevo marco reemplaza el que estaba vigente desde 2003.
En los fundamentos del decreto, se señala que la ausencia de un régimen claro “atenta contra la posibilidad de generar un plan de carrera profesional” y “desalienta la incorporación de nuevos talentos con vocación de servicio”. Además, se argumenta que la formación de un cuerpo profesional “que trascienda la coyuntura política” necesita procesos de ingreso y promoción basados en “criterios técnicos, éticos y profesionales”.
El nuevo estatuto, que acompaña al mencionado decreto, establece una carrera profesional para el personal de Inteligencia, fundamentada en principios de “idoneidad”, “igualdad”, “mérito”, “transparencia” y “profesionalización”. La Secretaría llevará a cabo convocatorias anuales para acceder a la Escuela Nacional de Inteligencia; la aprobación del Curso Básico de Ingreso será un requisito indispensable para adentrarse en la carrera dentro del organismo.
El régimen organiza el personal en tres categorías, de acuerdo con su nivel educativo y profesional. El Cuadro A está destinado a quienes posean títulos universitarios o antecedentes en Fuerzas Armadas y de Seguridad; el Cuadro B, para quienes cuenten con formación terciaria, y el Cuadro C, para aquellos con estudios secundarios completos.
Los ascensos estarán vinculados al cumplimiento de tiempos mínimos de permanencia en cada categoría, capacitaciones obligatorias, evaluaciones de desempeño favorables y otros requisitos que serán definidos en normas complementarias. Además, se establece que los agentes deben mantener “el más estricto secreto y confidencialidad” sobre toda información adquirida en el ejercicio de sus funciones, obligación que perdura aun después de dejar el cargo.
Asimismo, deberán “someterse a las pruebas de competencia, confiabilidad e idoneidad, contrainteligencia y psicofísicas” dispuestas por la Secretaría y participar de los cursos de actualización y formación que se les soliciten.
El nuevo estatuto también estipula obligaciones específicas, como informar sobre desplazamientos a más de 200 kilómetros del lugar habitual de trabajo y solicitar permiso para viajar al exterior. Entre las incompatibilidades más significativas, se destaca que los agentes no podrán brindar servicios a personas o empresas relacionadas con actividades de seguridad, defensa, inteligencia, ciberseguridad, comunicaciones, vigilancia, investigaciones privadas, periodismo, publicidad, estudios de mercado, encuestas u otras actividades similares.
Adicionalmente, se prohíbe la revelación de información adquirida durante el servicio, el uso de documentación o antecedentes obtenidos por sus funciones para beneficio personal o de terceros, y la aceptación de dádivas o ventajas asociadas a sus funciones.
En el ámbito disciplinario, el nuevo régimen contempla sanciones que van desde advertencias y retenciones de haberes hasta despedidos y exoneraciones. La Inspectoría General de Inteligencia será responsable de llevar a cabo estos procedimientos.
El estatuto también abarca regulaciones sobre remuneraciones, licencias, becas educativas, jubilaciones y pensiones. Se establece que el personal seguirá afiliado a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal.
El decreto tiene como objetivo dotar al país de un Sistema de Inteligencia Nacional “profesional, transparente, autónomo y ágil”, además de fortalecer la confianza pública en su funcionamiento. La normativa comenzará a regir el 1° de enero de 2027, mientras que la SIDE deberá implementar un régimen de transición para adaptar la situación de los agentes que actualmente desempeñan funciones en el organismo.
