La administración de Javier Milei se presenta como liberal, aunque en el ámbito energético adopta un enfoque principalmente pragmático. La elevación de precios desencadenada por el conflicto en Medio Oriente ha llevado al oficialismo a atravesar un momento de inestabilidad política, marcado por escándalos de corrupción, una inflación que ronda el 3% mensual y un estancamiento de la actividad económica durante el primer trimestre del año.
En este contexto, el Gobierno ha implementado diversas medidas para suavizar el impacto de la escalada en los precios del petróleo y el gas, acciones que implican cierto grado de intervención en el mercado.
Uno de los aspectos más notables es el de los combustibles. Desde enero, el precio del petróleo ha aumentado un 67%, con el Brent cotizando alrededor de US$105 el barril. De este incremento, un 23% ha sido trasladado al precio del surtidor en menos de dos meses, algo que en administraciones anteriores hubiera sido impensable, lo que ha generado un retraso del 15% en el precio de las naftas en relación con la paridad de importación.
El mecanismo que sostiene esta diferencia es un acuerdo informal entre los productores y las refinerías: estos últimos adquieren el crudo a precios inferiores a los internacionales, a la espera de recuperar la diferencia cuando los precios desciendan. No existe un contrato formal que respalde este acuerdo, lo que en la práctica significa que los productores financian a las refinerías.
El mercado local de combustibles opera bajo una dinámica particular: YPF representa el 55% del despacho, seguida de Shell con un 19%, Axion con un 14% y Puma Energy con un 5%. Ninguna compañía ajusta sus precios a menos que YPF lo haga primero, y esta petrolera, cuyo principal accionista es el Estado, no ha realizado ajustes en los últimos 45 días. Horacio Marín, presidente y CEO de la compañía, ha reconocido ante inversores el atraso acumulado y ha confirmado que en esta semana se tomará una decisión interna. “Al final vamos a trasladar”, indicó, aunque precisó que el momento y la magnitud de este ajuste dependerán de la evolución del mercado internacional, la demanda interna y las condiciones macroeconómicas.
El contexto internacional también aumenta la presión. El barril de petróleo liviano de Vaca Muerta, conocido como medanito, presenta hoy una prima de entre US$4 y US$8 sobre el Brent, debido a que compradores en Asia están dispuestos a pagar más para asegurar su abastecimiento. En el ámbito global, existe una falta de al menos 13 millones de barriles diarios, lo que representa casi el 10% del consumo total, lo que implica que será necesario reducir la demanda para compensar esta escasez de oferta. Si los precios locales no aumentan lo suficiente, el ajuste se reflejará en una falta de disponibilidad de productos.
En mayo, el impuesto a los combustibles también fue incrementado, presionando al Gobierno debido a la disminución en la recaudación fiscal, lo que forzó a YPF a trasladar casi un 1% adicional a los precios.
