En respuesta a las preguntas sobre las críticas al proyecto, el funcionario expresó: “El mensaje para la familia de las personas con discapacidad es que se queden tranquilas, que no van a perder el beneficio mientras Javier Milei sea presidente; que los valores, por lo menos, se van a actualizar por inflación”. De esta manera, Ravier intentó calmar las inquietudes sobre la situación de las prestaciones.
Ravier también señaló que “hay una intención de actualizar los valores, por lo menos de acuerdo a la inflación. Como decimos siempre, este gobierno no emite moneda, protege el equilibrio fiscal, tiene como prioridad, de nuevo, a las personas con discapacidad”. Estas declaraciones ponen de manifiesto el compromiso del Gobierno por mantener la estabilidad fiscal sin desatender a un sector vulnerable de la población.
En el contexto de la discusión sobre el trabajo de personas con discapacidad, el vocero descartó cualquier modificación en la normativa que permite quitar la pensión a aquellos que se encuentran trabajando en relación de dependencia. “Para este Gobierno, una persona que tiene discapacidad no es una persona que tenga incapacidad para trabajar y para generar ingresos. Esto también es muy importante. Entonces, una persona que trabaja a pesar de tener un certificado de discapacidad, si trabaja en relación de dependencia y tiene un ingreso determinado, en todo caso puede perder el beneficio de la pensión no contributiva”, indicó. “Pero porque tiene un ingreso formal como cualquier persona que no tiene discapacidad”, añadió, enfatizando la visión del Gobierno respecto a la capacidad de las personas con discapacidad para contribuir económicamente.
Sin embargo, Ravier evitó pronunciarse sobre la continuidad del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la posible implementación de un nuevo sistema de pensiones por invalidez, lo cual deja abierta una serie de interrogantes sobre el futuro de las prestaciones para este sector.
El proyecto presentado por el Gobierno incluye importantes cambios en el régimen de discapacidad que impactan de manera significativa en las pensiones, en el esquema de prestaciones y en la manera en que se determinan los aranceles que reciben los prestadores. Estas modificaciones están concentradas principalmente entre los artículos 36 y 41 de la iniciativa y afectan varias disposiciones de las leyes 24.901 y 27.793, las cuales se encuentran vinculadas a la Emergencia Nacional en Discapacidad.
Una de las modificaciones más destacadas se encuentra en el ámbito de las pensiones no contributivas. El artículo 36 modifica el sistema de Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, que ahora será denominado Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, la cual será equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. A su vez, el artículo 37 establece que el mencionado beneficio será incompatible con cualquier vínculo laboral formal o con la inscripción en el régimen general o simplificado, es decir, esto alcanzará también a aquellos que estén registrados como monotributistas. De esta manera, se elimina la posibilidad, actualmente contemplada, de mantener la pensión en los casos donde se tenga un empleo registrado con ingresos de hasta dos salarios mínimos.
Un segundo cambio significativo afecta al Nomenclador de Prestaciones Básicas. El artículo 39 propone ajustes a la Ley 24.901, determinando que el nomenclador dejará de incluir “valores universales”. En la normativa en vigor existe un arancel común para las prestaciones que deben ser cubiertas por el Estado, las obras sociales, las prepagas y otros financiadores. Con la nueva redacción, cada ente obligado tendrá la facultad de establecer los valores en su relación con los prestadores. Para las prestaciones que corren a cargo del Estado nacional, los aranceles serán fijados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad; en caso de que dicha actualización no se realice en tiempo y forma, se tomará como referencia el IPC que publica el INDEC. Además, se eliminará el mecanismo de actualización automática vinculado a la movilidad jubilatoria, lo cual suscita preocupaciones acerca de la capacidad de los beneficiarios para mantener sus ingresos en el futuro.
Asimismo, el proyecto también modifica el alcance de la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793 al derogar los artículos 5, 8, 9 y 14. Entre otras cuestiones relevantes, esta decisión elimina la definición y el esquema de protección que habían sido incorporados por la emergencia, dejando sin efecto la disposición que garantizaba la cobertura médica obligatoria para los titulares de pensiones no contributivas y eliminando el mecanismo de traspaso automático de quienes ya contaban con una pensión al nuevo régimen de protección social. También se suprime el artículo que había introducido a la Ley 24.901 el principio de igualdad de aranceles y su correspondiente mecanismo de actualización.
Desde una perspectiva presupuestaria, el proyecto destina para el año 2027 $6,094 billones al programa de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y otros $1,165 billones para la atención médica de sus beneficiarios. El financiamiento de las medidas relacionadas con la emergencia depende de partidas específicas del Ministerio de Salud, y en caso de que estas resulten insuficientes, el Ejecutivo podrá llevar a cabo compensaciones presupuestarias utilizando créditos de Obligaciones a Cargo del Tesoro dirigidos a Salud y Seguridad Social.
Esta propuesta ha generado un descontento considerable entre los bloques opositores, quienes llevaban trabajando en un proyecto alternativo que contemplaba la continuidad de la emergencia en discapacidad, buscando establecer principios de entendimiento entre los libertarios y los bloques opositores. A esto se suman las explosivas declaraciones de Patricia Bullrich, quien aseguró que el tema no se abordó en las reuniones de mesa política, y que las modificaciones propostas implicaban “una bomba atómica” para el oficialismo, evidenciando las tensiones políticas generadas en torno a este tema sensible.
