En caso de obtener una decisión favorable, surgen interrogantes sobre el impacto que esto podría tener en el sistema judicial argentino. ¿Podría obligar a la Corte a anular su condena? A continuación, se exponen algunos puntos clave para entender el posible desenlace.
La expresidenta fue sentenciada a seis años de prisión en el marco del caso Vialidad y enfrenta una inhabilitación perpetua que ya es firme. El año pasado, todos los recursos legales se agotaron luego de que la Corte desestimara la última apelación de su defensa.
Sus abogados han confirmado la intención de presentar tres medidas cautelares y un recurso de fondo contra la sentencia. Las cautelares buscan revertir la inhabilitación, modificar las condiciones de su arresto domiciliario y ajustar la composición de la Corte, argumentando que no puede quedar conformada únicamente por tres jueces.
Carlos Beraldi, abogado de la expresidenta durante el caso Vialidad, señaló que el agotamiento de las instancias nacionales abre la puerta a la revisión de la condena en un ámbito internacional. Aseguró que se invocará el artículo 366 inc. F de la ley 27063, que establece que la revisión de una sentencia firme puede llevarse a cabo en cualquier momento a favor del condenado, siempre que se produzca una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos u otro órgano de aplicación de un tratado sobre una comunicación individual. Un fallo del Comité de Derechos Humanos de la ONU podría encajar en esta categoría.
La decisión recae en la Corte, que no cuenta con antecedentes similares. Aunque ha reconocido la obligatoriedad de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la expresidenta ha optado por no seguir ese procedimiento. Los defensores de Kirchner argumentan que las resoluciones del Comité de Derechos Humanos son vinculantes debido a los compromisos internacionales asumidos por Argentina, aunque la Corte argentina nunca ha validado esa opinión. Beraldi comentó que, independientemente de que se considere dictamen, es una decisión que el Estado debe acatar. Sin embargo, el constitucionalista Pablo Manili sostiene que esto es debatible, recordando que la Corte ha considerado vinculantes algunos dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque no todos.
A nivel internacional, citan el caso de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, quien también se dirigió a este Comité. Lula obtuvo una decisión favorable, aunque su sentencia previa había sido revocada por la justicia brasileña, según lo indicado por Rafael Valim, abogado que participó en aquella defensa y que ahora se incorpora a la de Kirchner.
No hay un plazo definido para el proceso. Los representantes legales de la expresidenta mencionaron que las medidas cautelares podrían resolverse “en cuestión de meses”, mientras que el análisis de fondo podría extenderse por años. Si esta última prospere, el Estado argentino tendría un plazo de seis meses para responder a cualquier consulta del Comité.
Esta situación plantea es una cuestión crucial, considerando que el trayecto en el sistema interamericano es más conocido, donde podría haber obtenido una sentencia reconocida como obligatoria por la Corte argentina. Valim subrayó que el acceso al Comité es directo, lo que podría facilitar una resolución más ágil.
Una alternativa constitucional viable podría ser un indulto presidencial.
