Previo a la reunión, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato que representa a los choferes de colectivos, envió una carta el martes a la Secretaría solicitando un aumento salarial, lo que podría complicar las negociaciones en este ámbito.
Este encuentro estaba programado desde hace 15 días, ya que desde abril la Secretaría de Transporte ha estado realizando reuniones con las cámaras empresariales para tratar temas como la “reestructuración del sistema, el aumento del gasoil y las deudas con el sector”, entre otros. La última reunión tuvo lugar el 27 de mayo.
Estas reuniones se plantean como “mesas de trabajo” impulsadas por el organismo, con el fin de abordar de manera directa los diferentes temas en la agenda.
Mientras tanto, la UTA, liderada por Roberto Fernández, envió una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, para solicitar que la Secretaría de Transporte mediara con las cámaras en favor de su demanda de aumento salarial, aludiendo a que los empresarios “se niegan” a este pedido, según denuncia el sindicato.
A pesar de que la Secretaría de Trabajo es el órgano natural de negociación para el gremio, los empresarios prefieren abordar este planteo con la Secretaría de Transporte para facilitar la resolución de otros puntos en discusión.
Fuentes oficiales afirmaron que “se tratará el tema para encontrarle la solución lo antes posible”. De no lograrse un acuerdo, podría haber un nuevo paro de la UTA.
En la última reunión, la Secretaría de Transporte aprobó un nuevo procedimiento para la distribución de compensaciones tarifarias a las líneas de colectivos de jurisdicción nacional del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta medida, publicada en el Boletín Oficial el 29 de mayo, establece un mecanismo de subsidios “enfocado en la demanda”, incorporando indicadores sobre la calidad, regularidad y consistencia operativa de los servicios, así como variables relacionadas con el cumplimiento de frecuencias, kilómetros recorridos, antigüedad de la flota, modalidades de cobro y parámetros operativos.
El objetivo del Gobierno es incentivar a las empresas que mantengan niveles adecuados de operación para que puedan acceder a la compensación, priorizando así un modelo que garantice el cumplimiento efectivo del servicio y la mejora continua del sistema.
El conflicto se originó en abril debido a la falta de respuesta oficial a la solicitud de mayores subsidios o aumentos de tarifas, lo que llevó a una reducción en la frecuencia de los colectivos del AMBA. Esta medida generó múltiples dificultades para los trabajadores que dependen del transporte público en el conurbano, afectando su capacidad para llegar a tiempo a sus compromisos.
Tras la primera ronda de negociaciones, se acordó un incremento tarifario del 6% en tres tramos mensuales, elevando el boleto mínimo del colectivo, que cubre hasta 3 kilómetros, a $742,84 a mediados de julio.
Además, el Gobierno tomó la reciente decisión de derogar el fondo de compensaciones destinadas a las empresas de transporte público que asumen el costo de los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer, lo que significa que las empresas deberán garantizar el derecho a la gratuidad para estos grupos.
Fuentes sindicales han señalado que existe un “clima de guerra” en la UTA ante la “rebeldía de los empresarios a hacer los aportes” necesarios para satisfacer las demandas salariales.
En el plano político, la UTA opera de manera aislada tanto de la CGT como de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), la cual aglutina a sindicatos del transporte terrestre, marítimo, aéreo y portuario.
