El siniestro afecta a la única locomotora operativa de YCRT, que transportaba 600 toneladas de carbón rumbo al puerto de Punta Loyola, y se produce en el contexto de un proceso de transformación de la compañía que busca incorporar capital privado.
Vidal realizó una visita al lugar del incidente, ubicado cerca de la estación Ingeniero Cappa, acompañado por el equipo técnico que llevó a cabo las pericias. Luego de la inspección, el gobernador afirmó que los datos iniciales respaldan las sospechas planteadas desde un principio. “Según el equipo técnico, los peritos nos informan que esto fue sabotaje, que era lo que se suponía desde el primer momento”, declaró.
El gobernador calificó el hecho como “triste” y “lamentable”, subrayando el riesgo que corrieron los trabajadores del tren, y exigió que la investigación judicial progrese hasta identificar a los culpables. “Ojalá que llamen a todos los que tengan que llamar a indagatoria, que se encuentre al responsable o a los responsables y que se llegue hasta las últimas consecuencias”, enfatizó, reiterando el compromiso del Gobierno provincial de respetar la independencia de la Justicia.
Por su parte, Gordillo indicó que aunque los peritos realizaron su trabajo el domingo, la investigación técnica aún está en curso. “Aún no están terminadas las pericias, pero creen que la línea va al esquema de lo que pensábamos, que había sido intencional el descarrilamiento”, aclaró, al tiempo que recordó que fue designado por el Gobierno nacional para reestructurar la empresa de cara a una futura privatización.
El interventor ya había señalado que el personal de vías y obras descartó fallas en la infraestructura o en la locomotora tras la revisión del lugar. Relató que el conductor informó que la vía “se abrió” en el momento del incidente, sin embargo, esta versión fue desmentida por la inspección posterior: “La vía no se había abierto en ningún lado. O sea, la vía estaba completa, no se cortó ni se rompió en ningún lado para generar el descarrilamiento”, explicó.
Aproximadamente veinte metros del punto donde sucedió el incidente, los técnicos de la empresa hallaron una pieza de material ferroviario en desuso, que, según las autoridades, no debería haber estado en la vía. Gordillo sostuvo que, por su antigüedad y características, es improbable que el objeto haya llegado al lugar por casualidad. “Lo que constatan es que deliberadamente alguien lo puso ahí. Y es alguien que conoce, sabe que eso provoca un descarrilamiento, porque lo puso de una manera intencional para que el tren se corra y se mueva”, aseveró después del accidente. También se hallaron marcas visibles en los rieles que deberán ser analizadas para establecer su relación con el descarrilamiento.
El descarrilamiento se produjo el 7 de octubre alrededor de las 7:45 en el kilómetro 181 del Ramal Ferro Industrial Río Turbio, cuando una formación compuesta por una locomotora y cerca de 37 vagones partió con destino a Punta Loyola. La máquina, identificada como unidad 005, volcó junto con tres vagones, mientras que los dos trabajadores que viajaban a bordo resultaron ilesos.
La locomotora había permanecido fuera de servicio durante seis meses y había sido reparada recientemente después de un trabajo intensivo de casi dos meses. Su inactividad paraliza el transporte de carbón por un período estimado de tres a cuatro meses, lo que, según Gordillo, generará pérdidas cercanas a los 10 millones de dólares por la interrupción del servicio. “Me pararon todo”, resumió el funcionario.
YCRT tiene un contrato vigente para transportar 210.000 toneladas de carbón, lo que equivale a unos 30 viajes desde Río Turbio hasta el punto de embarque, y ahora enfrenta demoras. “Lamentablemente se siguen atrasando los cumplimientos de los contratos”, había indicado Gordillo tras el incidente.
Este presunto sabotaje se da en medio de un proceso de transformación en la empresa estatal, que desde 2024 está sujeta a privatización según la Ley Bases. A principios de este año, el Gobierno nacional dispuso la conversión de YCRT en una sociedad anónima bajo la nueva denominación de Carboeléctrica Río Turbio, aunque aún no se ha definido el esquema para la incorporación de capital privado.
El proceso está bajo la supervisión de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, liderada por Diego Chaher. La empresa cuenta con 1.978 empleados, es financiada en un 92% por el Estado nacional y hasta la fecha no ha recibido autorización para implementar retiros voluntarios ni reducir personal.
Vidal destacó que mantener operativo a YCRT llevó casi tres años de negociaciones con el Gobierno nacional, en un contexto de cierre de otras empresas públicas, y que la actividad comenzaba a tener nuevas perspectivas comerciales antes del descarrilamiento. “Si alguien pretende poner obstáculos a la recuperación de YCRT, tiene que saber que Santa Cruz va a defender su carbón, sus trabajadores y su producción”, expresó el gobernador.
YCRT ha presentado una denuncia penal ante el Juzgado Federal de Río Gallegos a través de su área de Asuntos Jurídicos y ha solicitado un peritaje a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte para que se determinen técnicamente las causas del accidente. La investigación deberá aclarar si la pieza encontrada junto a las vías fue colocada intencionalmente, cómo llegó al sitio y si tuvo una incidencia directa en el descarrilamiento.
