Entre el 2024 y marzo de 2026, el Banco Nación otorgó 1.120 créditos hipotecarios a funcionarios públicos

El Banco Nación ha concedido un total de 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre enero de 2024 y marzo de 2026, según un pedido de acceso a la información pública realizado que revela por primera vez la magnitud de una operación que ha generado controversias tras la revelación de que altos funcionarios del Gobierno han accedido a préstamos significativos. Durante el mismo periodo, la entidad financiera otorgó un total de 25.391 créditos hipotecarios, lo que indica que aproximadamente uno de cada 23 préstamos fue destinado a alguien sujeto a un control más riguroso, como estipula la Unidad de Información Financiera (UIF). La definición de PEP engloba a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, aunque excluye a ciertos roles significativos en la estructura administrativa, como subsecretarios y algunos altos directivos de empresas estatales. Por lo tanto, los 1.120 préstamos reportados pueden no reflejar la totalidad de los beneficiarios asociados al Gobierno. En septiembre de 2024, el Banco Nación modificó las normativas de la línea hipotecaria “+ Hogares” para incluir explícitamente entre los beneficiarios a “cargos políticos designados por resolución o electivos”. En respuesta a estas revelaciones, la diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal, que luego se asignó al juzgado federal de María Eugenia Capuchetti. Recientemente, el sitio “¿Cuánto Deben?”, creado por el especialista en visualización de datos Andrés Snitcofsky, expuso que un grupo de altos funcionarios había adquirido créditos hipotecarios del Banco Nación por montos millonarios, algo que hasta ahora no se había documentado en su totalidad. Entre los casos más destacados se encuentran el director del Banco Central, Pedro Juan Inchauspe, con un crédito por $510 millones; el asesor del Ministerio de Economía Felipe Núñez, quien obtuvo $373 millones; el secretario de Finanzas Federico Furiase, que recibió $367 millones; y el ex jefe de Gabinete de Capital Humano Leandro Massaccesi, con un préstamo de $420 millones, quien fue separado de su cargo por la ministra Sandra Pettovello. En medio de la controversia, el ministro de Economía, Luis Caputo, trató de minimizar la situación, subrayando que “El Banco Nación otorgó más de 27.000 créditos, de los cuales menos del 0,2% corresponde a personas vinculadas al Gobierno”. Sin embargo, el término “personas vinculadas al Gobierno” no es una categoría formal que utilice el sistema bancario. En cambio, se identifica a las Personas Expuestas Políticamente, una clasificación regida por la UIF que se aplica en los procesos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Como respuesta, se solicitó al Banco Nación información sobre los créditos concedidos a este grupo entre 2024 y 2026, y la entidad confirmó que 1.120 préstamos fueron otorgados a personas de esta categoría sobre un total de 25.391. De acuerdo con la Resolución 192/2024 de la UIF, las PEP son individuos que han ocupado o ocupan funciones públicas relevantes, abarcando desde el Presidente y Vicepresidente de la Nación hasta legisladores, ministros, magistrados y altos cargos de las Fuerzas Armadas, así como sus familiares directos y aquellos que hayan ejercido esas funciones en los últimos dos años. La relevancia de esta información radica en que las Personas Expuestas Políticamente son reconocidas oficialmente en el sistema financiero, lo que implica que el Banco Nación debería aplicar procedimientos concretos al otorgar créditos a estas personas. De este modo, los 1.120 créditos reflejan un panorama que va más allá de casos individuales. No es una recopilación simple basada en nombres o cargos, sino parte de una categoría que la entidad debe identificar al conceder un préstamo. Esto permite por primera vez dimensionar la operación en un contexto financiero regulado. Otro aspecto que se debate es sobre las modificaciones realizadas por el Banco Nación bajo la administración de Javier Milei en la línea hipotecaria “+ Hogares”. Los críticos han señalado que en septiembre de 2024 se actualizó la Resolución 802 para incluir explícitamente a “cargos políticos designados por resolución o electivos” como posibles beneficiarios. La normativa que estaba vigente anteriormente se enfocaba en trabajadores de la administración pública, pero no incluía esa especificación. Se han obtenido las versiones de ambos documentos, evidenciando las diferencias. La investigación judicial en curso determinará si hubo irregularidades en la concesión de estos préstamos. Los datos recientemente revelados permiten concluir que detrás de los casos expuestos, existe un conjunto mucho más amplio de al menos 1.120 créditos hipotecarios otorgados a Personas Expuestas Políticamente.