Ante esta situación, surge la pregunta: ¿deberá Cristina considerar un nuevo domicilio para cumplir con la condena por corrupción? El departamento en cuestión pertenece a la sociedad Los Sauces, una inmobiliaria vinculada a la familia Kirchner que está siendo investigada por lavado de activos.
Desde el Tribunal se ha dejado en claro que la imposición de estos embargos no significa la realización o subasta inmediata de los bienes, ni altera en este momento su titularidad registral definitiva. Su objetivo es asegurar la indisponibilidad jurídica de los mismos mientras se avanza en el trámite del decomiso definitivo con la participación de las partes involucradas.
De esta manera, los jueces del TOF 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, tomaron la determinación de cautelar propiedades de los condenados en el caso Vialidad ante la próxima etapa de ejecución patrimonial. Recordemos que la primera tanda, compuesta por 111 propiedades, fue solicitada por el fiscal Luciani y aprobada por el TOF para su decomiso; actualmente se encuentra bajo consideración de la Corte Suprema de Justicia. En noviembre, el Tribunal dispuso el decomiso de 20 propiedades vinculadas a la familia Kirchner, 85 de Lázaro Báez y seis inmuebles pertenecientes a otros acusados.
En febrero, la Cámara Federal de Casación Penal validó el criterio del TOF 2 respecto a los bienes a decomisar que había determinado el Ministerio Público Fiscal, y ordenó proceder en consecuencia. Dado que la ex Presidenta y su ex socio comercial presentaron un recurso contra este fallo, el máximo tribunal será el encargado de emitir la decisión definitiva.
Mientras se evalúa esta apelación, el Tribunal está avanzando con un segundo pedido de bienes a ser decomisados, que incluye 144 activos, entre propiedades, vehículos y participaciones en diversas empresas. También se han incluido los cinco millones de dólares que Florencia Kirchner tenía en una caja de seguridad perteneciente al Banco Galicia.
La decisión de embargar propiedades pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner se sustenta en la reciente resolución, en la cual los jueces del TOF 2 recordaron que la sentencia condenatoria firme estableció que la maniobra defraudadora en la obra pública “generó beneficios económicos directos para Lázaro Báez e indirectos para la familia Kirchner”. En el período investigado se comprobó la existencia de una conexión económica y comercial entre los implicados.
La sentencia es clara indicando que las empresas de Báez alquilaron, explotaron turísticamente y llevaron a cabo construcciones en hoteles y propiedades de la familia Kirchner, ya sea a título personal o a través de las sociedades Los Sauces S.A. y Hotesur S.A. Por lo tanto, se constató que el dinero proveniente de las actividades ilícitas “circuló y se asentó en los activos de esas sociedades”. En virtud de lo anterior, los jueces del TOF 2 establecieron que todos los bienes que los nueve condenados hayan incorporado a sus patrimonios entre 2003 y 2015 son susceptibles de ser decomisados.
La resolución también subraya la necesidad de avanzar en la cautela de los bienes que forman parte de esta segunda etapa de decomiso. “El artículo 23 permite incluir a las personas jurídicas o sociedades que se hayan beneficiado del producto o provecho del delito. Bienes que hayan sido transmitidos gratuitamente a terceros: la norma también habilita la acción sobre activos o participaciones que hayan sido cedidos o transmitidos de forma gratuita a terceros”, se indicó en el documento.
En relación a los paquetes accionarios, los magistrados destacaron que las acciones de Los Sauces y Hotesur están embargadas desde la instrucción del caso, en 2017. En ese momento, la justicia llevó a cabo un análisis de la sucesión de Néstor Kirchner y determinó que las cuotas o acciones que correspondían a Cristina, como parte de su herencia y bienes gananciales, habían sido cedidas gratuitamente a sus hijos Máximo y Florencia. Como la condena junto con sus consecuencias patrimoniales pesa sobre Cristina Kirchner, esta cesión no la exime de ser ejecutada.
En esta etapa, donde permanece a la espera de la Corte una resolución sobre la ejecución patrimonial de la primera tanda de decomisos, para comenzar a cubrir la cifra de 685.000 millones de pesos, el TOF 2 consideró necesario dictar embargos preventivos para garantizar que la jurisdicción mantenga la
