La sentencia se centra en el cobro de sobornos por parte de la compañía sueca Skanska en relación a la construcción de los gasoductos Norte y Sur. Desde la reapertura del caso en 2016, los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María López Iñiguez han decidido esta nueva condena, sumando así cuatro penas en total para De Vido, mientras que López también enfrenta una condena unificada previa de 13 años por otras causas, como el caso Vialidad, la situación de los bolsos de López, y la tragedia de Once, esta última siendo la única firme.
Antes de la decisión final, la fiscalía, encabezada por Abel Córdoba, había solicitado que se impusieran penas de cuatro años y seis meses a ocho exgerentes de Skanska, incluyendo a Javier Azcárate, Mario Piantoni, Gustavo Vago y Eduardo Varni. Asimismo, se solicitó la absolución de 17 de los acusados por insuficiencia de pruebas en su contra.
El fiscal Córdoba concluyó que el esquema de corrupción involucraba el pago de coimas a funcionarios públicos, sobreprecios en las obras adjudicadas, y el uso de facturas falsificadas para justificar la transferencia de dinero desde Skanska hacia los funcionarios. Para encubrir estos sobornos, la empresa utilizó al menos 118 facturas fraudulentas de una red de 23 compañías fantasmas que se habían creado para simular la prestación de servicios que nunca se llevaron a cabo.
La investigación también reveló que se eligió un concurso privado en lugar de realizar una licitación pública, lo que contraviene las normativas existentes. A pesar de que un peritaje de 2011 había descartado la existencia de sobreprecios, investigaciones posteriores confirmaron un aumento injustificado de 17 millones de dólares en los costos de construcción.
Transportadora de Gas del Norte (TGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) ya habían señalado discrepancias entre los presupuestos aceptados y los costos reales de mercado. El expediente comenzó en 2005, cuando surgieron las primeras denuncias sobre sobornos en la ampliación de los gasoductos. Un año después, un allanamiento a Skanska llevó al secuestro de una grabación de 90 minutos en la que un gerente de la empresa admitía el pago de coimas.
En 2007, el entonces jefe de Gabinete, hoy expresidente, junto a De Vido, describieron el caso como un “negocio entre privados” relacionado con la evasión impositiva. En 2011, la Sala I de la Cámara Federal resolvió sobreseimientos basándose en un peritaje que negaba la existencia de sobreprecios, cerrando así parcialmente la causa. Entre 2013 y 2014, el fuero penal económico condenó a miembros de la red de facturas apócrifas por asociación ilícita.
Sin embargo, el caso fue reabierto en 2015 y 2016, cuando la Corte Suprema y la Cámara de Casación permitieron que la grabación de Azcárate se considerara como prueba, lo que invalidó los sobreseimientos emitidos en 2011. En 2017, el juez Sebastián Casanello decidió procesar a De Vido, López y a otros funcionarios por administración fraudulenta y cohecho. El juicio oral, que abarcó a alrededor de treinta imputados, culminó este lunes con la condena a cinco años de prisión para ambos.
La grabación que motivó la reapertura del caso fue una conversación entre el auditor interno Claudio Corizzo y el gerente comercial Javier Azcárate. Aunque inicialmente fue descartada por falta de orden judicial, su validación en 2016 resultó crucial para la investigación. En el audio, Azcárate discutió la estructura de los pagos ilegales, mencionando un porcentaje de retorno del 5% sobre todos los contratos, con una parte destinada a Enargas y otra a Nación Fideicomisos. También hizo alusión a los montos involucrados, indicando cifras que alcanzaban los cien millones de dólares y que el dinero era trasladado en valijas, señalando que el mismo método se utilizó en obras en la provincia de La Pampa y en Perú, en relación a otro caso.
