Alexis Sebastián Leguizamón, quien se desempeñaba como responsable económico-financiero de Principios y Valores, partido que presentó a Moreno como candidato a la presidencia, logró evitar una sanción más severa al pactar con el fiscal el tratamiento del caso mediante un juicio abreviado. Este procedimiento implica un reconocimiento de responsabilidades por no haber documentado adecuadamente el origen y el destino de los recursos obtenidos por la alianza.
No obstante, este acuerdo está sujeto a la homologación de la jueza federal con competencia electoral, María Servini.
El caso se maneja en el ámbito del fuero electoral y, al menos hasta el momento, no ha derivado en acciones penales. Su propósito es sancionar la falta de rendición de cuentas de campaña.
Además, el fiscal González ha solicitado que se investigue si hubo alguna defraudación al Estado en relación con el uso de fondos públicos asignados a la alianza de Moreno durante aquellas primarias, en las que el ex secretario de Comercio no logró alcanzar el umbral del 1,5%.
La imputación contra Leguizamón se fundamenta en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, que estipula sanciones para aquellos responsables que no puedan justificar el origen o destino de los fondos recibidos. Las penas pueden variar de seis meses a diez años de inhabilitación.
Los cerca de 200.000 votos que obtenidos por Moreno en las PASO de 2023 no fueron suficientes para permitir su participación en las elecciones generales, sin embargo, sí destacan un aspecto político interesante: si se hubiesen sumado a los votos de Unión por la Patria, el peronismo habría competido de manera cerrada con Juntos por el Cambio por el segundo lugar, detrás de La Libertad Avanza.
