– La Justicia desestimó una medida cautelar
En el marco de la inminente llegada del Papa León XIV a Argentina, la Iglesia ha decidido centrar el debate en torno a la Ley de Tierras, llevándolo nuevamente a la agenda política.
A través de un comunicado, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Endepa y Cáritas expresaron su inquietud ante la posibilidad de una “venta sin límites de tierras a extranjeros”, tras el pronunciamiento de la Corte Suprema que anuló la sentencia que había suspendido la implementación del artículo 154 del DNU 70/2023.
“Queremos manifestar nuevamente nuestra preocupación ante la posibilidad de una venta sin límites de tierras a extranjeros”, señalaron en el comunicado emitido el 4 de octubre, coincidiendo con el Día de San Francisco de Asís.
Las organizaciones hicieron un llamado a legisladores, autoridades del Poder Ejecutivo y miembros del sistema judicial para que aseguren “la defensa de nuestra tierra y el cuidado de nuestra Nación”.
Este pronunciamiento retoma un planteo ya realizado en junio, cuando el Gobierno propuso en el Congreso su proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluía alteraciones al régimen de tierras rurales. En esa ocasión, la jerarquía religiosa había cuestionado que el proyecto eliminara las restricciones a la adquisición de tierras por extranjeros, advirtiendo particularmente sobre el acceso a terrenos relacionados con reservas de agua y otros recursos naturales.
Desde entonces, el panorama ha cambiado. El 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23, mediante el cual el Gobierno había derogato la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales.
El máximo tribunal no afirmó la constitucionalidad de la derogación. La Corte desestimó la demanda presentada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), considerando que la entidad no tenía legitimación para iniciar dicha acción colectiva y que no se configuraba un caso que habilitara al tribunal a pronunciarse sobre el fondo del asunto.
No obstante, la sentencia dejó claramente a salvo la competencia del Congreso para intervenir en la materia del DNU. El efecto práctico de esta decisión fue que el artículo 154 del decreto volvió a estar en vigor, mientras que la Ley 26.737 se encuentra derogada.
Este desarrollo ha reavivado el debate en el Congreso, donde la oposición ha convocado a una sesión especial en Diputados para el 15 de octubre, con el propósito de discutir el DNU 70/23. Para habilitar el recinto se requieren 129 votos, y luego, una vez alcanzado el quórum, el rechazo del decreto requeriría mayoría simple.
Fuentes del Congreso indicaron que la votación está muy reñida, y que faltarían diez votos para llegar al objetivo.
Además, ya ingresó un proyecto del diputado Eduardo Valdés que busca derogar específicamente el artículo 154 del DNU 70/23 y restituir la plena vigencia de la Ley 26.737. Este expediente fue enviado a las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Agricultura y Ganadería.
En su reciente pronunciamiento, las organizaciones eclesiales no solo cuestionaron la posibilidad de que extranjeros compren tierras, sino que plantearon la cuestión desde una perspectiva de la tierra como un bien común y un elemento fundamental de la soberanía nacional.
“La tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico”, sostuvieron en el comunicado de junio, advirtiendo que el proyecto oficial debilitaba la capacidad del Estado para gestionar el territorio, planificar obras públicas y salvaguardar el interés comunitario frente a intereses privados.
Asimismo, pusieron énfasis en las comunidades rurales, campesinas e indígenas, para quienes la tierra es un símbolo de “identidad, cultura, memoria y futuro”.
El comunicado de octubre, más breve, busca nuevamente presionar a los poderes del Estado tras el fallo de la Corte. “Reiteramos nuestro comunicado del pasado mes de junio, apelando a la responsabilidad de nuestros legisladores, autoridades del Poder Ejecutivo y funcionarios de la Justicia”, dijeron.
La declaración se produce también después de que el Gobierno retirara del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el apartado relacionado con la compra de tierras por extranjeros, debido a la falta de apoyo suficiente en el Senado. Ahora, este tema ha regresado al debate mediante el DNU 70/23.
Así, el planteo de la Iglesia se reintegra a una discusión que promete un nuevo capítulo en el ámbito legislativo, mientras el Gobierno busca mantener buenas relaciones con la institución religiosa previo a la llegada del Papa León XIV.
La Justicia también desestimó la medida cautelar impulsada por los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, que buscaba frenar la derogación de la Ley de Tierras y prevenir la venta ilimitada a extranjeros.
El juez Enrique Alonso Regueira, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1, no hizo lugar al pedido, argumentando que “no ha sido acreditada la concurrencia de circunstancias graves y objetivamente impostergables que sustenten su otorgamiento”.
Pichetto y Massot habían solicitado una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 “hasta el dictado de sentencia en el proceso principal”.
Los diputados destacaron que el objetivo de esta acción era “evitar que, durante el tiempo que demande la tutela judicial, se consoliden situaciones jurídicas que luego no puedan revertirse sin afectar derechos de terceros”.
Posteriormente al rechazo de la medida cautelar, Pichetto expresó su desaprobación a la decisión del juez: “Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional. Esta decisión permite que esa situación continúe.”
