El Gobierno argentino ha manifestado su firme rechazo a la iniciativa, alegando que los permisos otorgados para su desarrollo fueron concedidos de forma ilegal y unilateral. Este rechazo se materializó recientemente con la presentación de una demanda judicial en Argentina por parte de abogados ambientalistas y excombatientes de la guerra de Malvinas de 1982, quienes cuestionan tanto la validez de los permisos como los posibles impactos ambientales de esta explotación petrolera.
En este marco, es importante conocer el perfil de las empresas involucradas en el proyecto.
Navitas Petroleum es una compañía que cotiza en la Bolsa de Tel Aviv y tiene su sede central en Herzliya, Israel. También opera desde oficinas en Houston, Estados Unidos, y Londres, Reino Unido. La firma se sumó al proyecto Sea Lion a principios de 2020, adquiriendo inicialmente una participación del 30 por ciento. Con el tiempo, se convirtió en la operadora del proyecto y actualmente posee el 65 por ciento de la participación, mientras que Rockhopper posee el 35 por ciento restante. En diciembre de 2025, ambas compañías anunciaron su decisión de inversión definitiva para avanzar en la explotación.
Navitas no solo participa en Sea Lion, también tiene proyectos en el Golfo de México, incluyendo Shenandoah y Buckskin. Shenandoah, un yacimiento de petróleo y gas, comenzó su producción en julio de 2025, con una participación del 49 por ciento adquirida en transacciones de 2018 y 2019. Produciendo actualmente 120.000 barriles de petróleo por día, se desarrolló tras inversiones superiores a 1.800 millones de dólares en exploración. Por otro lado, Buckskin inició su producción en 2019, conectándose a la plataforma Lucius Spar, y superó las expectativas con sus pozos entre los más productivos del Golfo en 2021 y 2022. A partir de 2026, la empresa está planificando la producción de cuatro pozos más y el desarrollo de reservas adicionales.
Rockhopper Exploration opera en las Islas Malvinas desde 2004 y también cotiza en la Bolsa de Londres. Su enfoque principal es el archipiélago, aunque desarrolla otros proyectos en las cuencas norte, sur y este. En la cuenca norte, Rockhopper ha explorado las licencias PL032 y PL004, que contienen los complejos de abanicos Sea Lion e Isobel-Elaine, el último considerado como un posible desarrollo para una tercera fase del proyecto.
En la cuenca sur y este, Rockhopper adquirió una participación del 52 por ciento en terrenos operados por Noble Energy al comprar Falkland Oil and Gas Limited (FOGL). Tras resultados del pozo Humpback, Noble Energy y Edison notificaron su salida, resultando en que Rockhopper asumiera la operación con una participación del 100 por ciento, aunque sin compromisos financieros pendientes en esa área.
Parte de la actividad de Rockhopper también se desarrolla en Italia, específicamente en el proyecto Ombrina Mare. En 2016, no logró obtener la concesión de producción para este yacimiento y llevó a Italia a arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). En agosto de 2022, el tribunal del Ciadi determinó que Italia había incumplido sus obligaciones bajo el Tratado sobre la Carta de la Energía y otorgó a Rockhopper una compensación de 190 millones de euros más intereses. Sin embargo, Italia solicitó la anulación del laudo, que se concretó en junio de 2025, resultando en que Rockhopper recibiera 31 millones de euros por un seguro relacionado con esa anulación y posteriormente firmara un acuerdo de venta para sus activos en Italia, excepto los reclamos vinculados a Ombrina Mare.
El desarrollo de Sea Lion está organizado en fases. La primera se centrará en el Área de Desarrollo Norte, donde se perforarán 11 pozos submarinos conectados a una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO). La segunda fase comenzará tres años después de la primera extracción de petróleo, e incluirá la perforación de otros 12 pozos submarinos. Luego, se avanzará hacia el Área de Desarrollo Central, que contempla la perforación de 20 pozos en una primera fase, con la meta de extraer el primer barril hacia fines de 2030, seguido por la segunda fase con 18 pozos adicionales.
La unidad FPSO de la primera fase, llamada Aoka Mizu, llegará a un astillero en el sudeste asiático para su modernización antes de ser enviada a Malvinas. Asimismo, el 17 de agosto, Navitas ejerció una opción de compra por 125 millones de dólares por el buque OSX1, que será la segunda unidad FPSO del proyecto. Actualmente, en las islas, avanzan los trabajos de preparación del muelle y la base costera que apoyarán el proyecto, al tiempo que se construyen alojamientos para los trabajadores y se realizan obras de infraestructura. La plataforma que iniciará las perforaciones llegará a la zona a principios de 2027.
En este contexto, el presidente Javier Milei anunció en cadena nacional que tomará medidas para frenar el avance de la iniciativa. “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen en nuestro mar”, afirmó.
Milei añadió que permitirlo generaría un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de los recursos. Continuó: “Sea Lion es solo uno de los proyectos que están avanzando en nuestras islas. Existen otros proyectos y otras empresas que también representan una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina. Esto significa que hoy nuestra causa nacional enfrenta un peligro claro y urgente, y demanda una respuesta proporcional. No lo vamos a permitir. La Argentina no se quedará de brazos cruzados”.
Anticipó la emisión de un decreto para acelerar las sanciones contra las compañías que participen en proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas sin autorización argentina. Esto incluirá mecanismos más efectivos para identificar a las firmas involucradas y a sus accionistas, directivos y proveedores. El Gobierno también buscará impedir que dichas empresas realicen operaciones comerciales en el país.
Asimismo, Milei anunció una medida de necesidad y urgencia para aumentar el presupuesto del Ministerio de Defensa, orientando recursos a la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y a la mejora de las telecomunicaciones, fortaleciendo así la presencia logística argentina en el Atlántico sur.
Paralelamente, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley destinado a endurecer el régimen de penalidades, extendiéndolo a los proveedores de las compañías involucradas. La propuesta prevé restringir a los infractores de contratar con organismos públicos o empresas privadas argentinas, habilitar el juicio en ausencia cuando corresponda y ampliar las restricciones a otras actividades relacionadas con recursos naturales en las islas. Además, se contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que coordinará políticas entre Relaciones Exteriores, Defensa, Inteligencia y Economía, con atribuciones para proteger infraestructura crítica y reforzar la vigilancia en los espacios aéreo, marítimo y espacial, buscando actuar frente a quienes considere una amenaza para la seguridad nacional.
