La decisión de Cordero de no aceptar el pedido de las organizaciones sindicales se debe, según fuentes oficiales y sindicales, a su intención de prevenir manifestaciones de los militantes gremiales en la sede de la Secretaría. Asimismo, el secretario ha observado que en los encuentros anteriores se han producido intercambios tensos y que el acuerdo sobre el salario mínimo ha resultado esquivo, lo cual ha llevado a que los aumentos sean definidos a través de laudo presidencial.
Aunque aún no se ha comunicado oficialmente a los representantes gremiales ni a los empresarios, se ha transmitido de manera informal que se mantendrá el formato virtual tal como fue convocado. Ante este panorama, la Confederación General del Trabajo ha dudado sobre la participación de sus delegados.
“Hoy se prioriza la virtualidad por su mayor transparencia institucional en los actos administrativos formales”, señalaron fuentes de la Secretaría de Trabajo.
Cordero, quien está bajo la jurisdicción del Ministerio de Capital Humano, no ha logrado restablecer su relación con los sindicalistas tras las tensiones generadas en la discusión sobre los detalles de la reforma laboral, que fue aprobada en el Congreso el pasado 28 de febrero. Además, estas tensiones se han extendido hacia el sector empresarial, especialmente en el contexto de las controversias públicas entre altos funcionarios del Gobierno, como el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, con los líderes empresariales, en particular con los industriales. Cordero, exabogado del Grupo Techint y asesor de La Libertad Avanza antes de asumir su cargo, se encuentra en un delicado equilibrio en medio de estas disputas.
Actualmente, el salario mínimo se sitúa en $376.600, un monto que fue establecido a través de un decreto en noviembre de 2025. Se estima que durante la gestión de Milei, el poder adquisitivo ha caído más del 40%. Los sindicatos sostienen que el salario mínimo debería alinearse con el costo de la Canasta Básica Total (CBT). Según datos del INDEC, en julio de 2026, una familia tipo de cuatro miembros necesitó $1.564.716 para cubrir la CBT.
El establecimiento de un nuevo piso salarial no solo sirve como referencia para los salarios iniciales de los docentes, sino que también es un indicador para el trabajo informal y para actividades no sindicalizadas que se desarrollan en jornadas laborales de ocho horas.
La semana pasada, al hacerse oficial la convocatoria al Consejo del Salario, las centrales obreras solicitaron al Gobierno la realización del encuentro de forma presencial. En un documento titulado “Por una discusión real del salario mínimo, vital y móvil en Argentina”, argumentaron que la definición del piso salarial y las prestaciones por desempleo requieren un espacio que garantice el intercambio directo, la negociación efectiva y la plena participación de todos los sectores involucrados. La CGT advirtió que “las experiencias recientes evidenciaron sus limitaciones para garantizar un intercambio genuino” y, de no cambiarse la modalidad, solicitarán “que se convoque a la brevedad una nueva instancia presencial”.
Antes de la reunión con empresarios y sindicalistas sobre el salario mínimo, el Gobierno, en su rol de empleador, convocó para este martes a los dos sindicatos estatales para discutir la paritaria del sector público nacional.
La convocatoria a los gremios de ATE y UPCN se produce tras las afirmaciones de Milei de haber reducido la plantilla de empleados del sector y haber disminuido el poder adquisitivo de los trabajadores estatales. El presidente mencionó los salarios al justificar su gestión económica, sosteniendo que la caída salarial, según su perspectiva, únicamente afecta a los empleados públicos. Según los sindicatos, la disminución en los salarios ha superado el 40% desde 2023 hasta la fecha.
En este contexto, ATE ha anticipado su postura y exigirá una suma fija de $400.000 para recuperar el poder adquisitivo perdido y aumentos que se alineen con la inflación.
“Si el Gobierno sigue limitando las negociaciones, será imposible llegar a un acuerdo. Para comenzar a recuperar parte de los salarios que se han perdido, es necesario iniciar un proceso sostenido de aumentos porcentuales superiores a la inflación”, manifestó Rodolfo Aguiar, dirigente de ATE.
