La Resolución 330/2026, publicada en el Boletín Oficial, otorga a Vicuña prioridad sobre el 90% de la capacidad eléctrica que generará durante los próximos 25 años. La inversión en esta infraestructura se estima en alrededor de USD 800 millones, la cual será completamente financiada por la empresa, sin implicar costos adicionales para los usuarios.
Este avance concluye un prolongado proceso de más de tres años, que se inició en 2023 con la presentación formal de la solicitud. Las complicaciones comenzaron en febrero, cuando el ENReGE, previamente conocido como ENRE, emitió la Resolución 79/2026, que daba acceso provisional a la red, pero fue objeto de resistencia por parte de varios actores.
Las objeciones presentadas llevaron a la realización de una audiencia pública el 3 de junio en Buenos Aires. La controversia surgió, en parte, debido a que la demanda eléctrica de la primera fase del proyecto —260 MW— es comparable a casi la mitad del consumo máximo de toda la provincia, que el verano pasado alcanzó los 572 MW. En su fase completa, la demanda podría llegar a 700 MW, superando el récord histórico provincial.
Desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan (EPRE San Juan), se expusieron preocupaciones sobre el impacto de esta asignación en el abastecimiento eléctrico futuro y se solicitó que se reserve la capacidad excedente para otros proyectos mineros en la región. La Secretaría de Energía de La Rioja también indicó que las obras podrían afectar la interconexión proyectada a 500 kV entre ambas provincias. Además, Andes Corporación Minera S.A. (ACMSA), que está detrás del proyecto Los Azules, crítico las metodologías de cálculo de capacidad de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), advirtiendo que la prioridad otorgada a Vicuña podría restringir el acceso a otros emprendimientos. Barrick Mining, Golden Mining y Casposo Argentina también plantearon oposición.
El ENReGE decidió desestimar todas las impugnaciones, afirmando que las normativas provinciales no pueden restringir el acceso libre a la red eléctrica nacional. En respuesta a las objeciones de las empresas competidoras, el organismo manifestó que la preferencia dada a Vicuña no impide que otros proyectos accedan al sistema, ya que cualquier iniciativa puede financiar las ampliaciones requeridas dentro del marco regulatorio.
Las obras contemplan cuatro componentes principales. El primero incluye la ampliación de las estaciones transformadoras Nueva San Juan y Rodeo para que la línea existente, que opera a 132 kV, funcione a 500 kV. El segundo consiste en la construcción de aproximadamente 167 kilómetros de una nueva línea de extra alta tensión entre las estaciones Rodeo y Chaparro, que atravesará terrenos montañosos hasta alcanzar los 3.500 metros sobre el nivel del mar.
El tercer componente es la nueva Estación Transformadora Chaparro, equipada con tecnología GIS (Gas Insulated Switchgear) y previstas para futuras interconexiones al noroeste argentino. Finalmente, se construirá una línea de 220 kV de uso particular de unos 93 kilómetros que conectará con la Estación Transformadora Josemaría, ubicada dentro del propio proyecto, alcanzando altitudes de hasta 4.550 metros.
José Morea, Country Director de Vicuña, expresó que “la obtención del CCyNP representa un paso muy importante para el desarrollo del proyecto y, al mismo tiempo, constituye una oportunidad para dejar infraestructura estratégica que fortalecerá el sistema eléctrico de San Juan y acompañará el crecimiento de la provincia durante las próximas décadas”.
Una vez finalizadas, todas las instalaciones se integrarán al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y serán operadas y mantenidas por Transener, concesionaria del transporte de alta tensión recientemente privatizada. El organismo puntualizó que la única excepción a la prioridad del 90% corresponde a la ampliación del transformador de la Estación Rodeo.
Este hito llega pocas semanas después de que el Gobierno aprobara el ingreso de Vicuña al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La inversión inicial proyectada es de USD 9.700 millones, que podría aumentar hasta USD 18.000 millones en un lapso de diez años. El proyecto se divide en tres fases, enfocándose en los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, ubicados en la zona cordillerana de San Juan y Chile, y anticipa una producción anual de 400.000 toneladas de cobre, 700.000 onzas de oro y 22 millones de onzas de plata en plena operación.
El CEO de Vicuña, Ron Hochstein, había señalado que la concreción de este plan estaría sujeta a una decisión final de los accionistas antes de finalizar el año. La infraestructura eléctrica aprobada abastecerá una demanda de hasta 260 MW en la fase 1 del proyecto, con proyecciones de aumento a 400 MW y, posteriormente, 700 MW en etapas posteriores.
