Caputo comenzó su exposición exponiendo la situación de la deuda, señalando que los refinanciamientos correspondientes a 2026 superan en aproximadamente 3.700 millones de dólares. Aclaró que los vencimientos de 2027 no resultarán tan exigentes como los de este año, en parte gracias a este sobrecumplimiento. “Bastará con refinanciar la deuda en legislación local para cubrir esos compromisos”, aseveró.
Con este contexto, el ministro subrayó que no habrá problemas para cumplir con los pagos de deuda en el corto plazo y se enfocó en el objetivo del equipo económico: alcanzar el estatus de Investment Grade para el final de un eventual segundo mandato de Javier Milei.
Caputo fue cuidadoso al enunciar los límites de esta aspiración. “Este es un objetivo nuestro, no es una promesa, obviamente, porque no depende de nosotros”, explicó. Aunque expresó confianza en alcanzar esta meta, también reconoció que su realización dependerá de que el oficialismo gane las elecciones presidenciales de 2027.
El ministro detalló que el equipo económico ha hablado con las tres principales agencias calificadoras de riesgo del mundo. Según su relato, dos de estas consideraron que la meta es alcanzable, aunque compleja. Estas agencias compartieron con el Gobierno las métricas específicas que Argentina debe cumplir para obtener dicha categoría, indicando que algunas de estas condiciones ya se están satisfaciendo actualmente.
Caputo se mostró optimista respecto a los tiempos, anticipando que hacia 2031 el país podrá cumplir con las métricas exigidas por las agencias internacionales. Sin embargo, aclaró que la decisión final recaerá en estas calificadoras.
El ministro también explicó la relevancia de esta meta para la vida cotidiana de los argentinos, sosteniendo que alcanzar el Investment Grade implicaría una mayor estabilidad cambiaria y un aumento en la confianza internacional hacia Argentina. Esto, a su vez, se traduce en mayores inversiones, empleo y productividad. Lo definió como “una especie de sello de país confiable y creíble”, un objetivo al que apunta la gestión actual.
Caputo reiteró que este proceso sería gradual, con mejora continua en los próximos años, en consonancia con los objetivos planteados en el programa financiero. Su par, el viceministro de Economía, José Luis Daza, destacó que Argentina nunca ha obtenido grado de inversión a lo largo de su historia, calificando este objetivo como un logro ambicioso que pocos países han conseguido en tan poco tiempo. No obstante, advirtió que, si bien hay confianza, “no es una promesa”, ya que el control sobre las acciones de las calificadoras no está en manos del Gobierno.
El grado de inversión se considera la máxima calificación otorgada por las agencias de riesgo a la deuda de un país, lo que indica una baja probabilidad de incumplimiento en el pago de bonos. La escala varía desde “AAA” hasta “BBB-“, siendo este último el mínimo para ingresar al selecto grupo de Investment Grade.
Obtener este estatus permite financiarse a tasas de interés más bajas, incrementando así la confianza de los inversores en la capacidad de pago del país. El salto se produce cuando las agencias elevan la calificación de “BB-” a “BBB-“.
Este cambio también tiene implicaciones económicas más amplias, ya que puede facilitar un mayor atractivo para los acreedores, reducir los costos de endeudamiento y mejorar las condiciones para los proyectos que buscan capital.
El camino hacia este objetivo todavía es extenso. En marzo, S&P Global Ratings mejoró la calificación de Argentina a “B-“, lo que se relaciona con la recomposición de reservas, superávits fiscales y la desaceleración de la inflación. En junio, por su parte, Fitch Ratings mantuvo la calificación de Argentina en “B-“, un nivel inferior, alertando sobre la probabilidad de reestructuración de deuda o default en los próximos años, debido a la incertidumbre en la acumulación de reservas y el retorno al mercado de capitales. Aunque Fitch reconoció algunos avances desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, enfatizó que la continuidad del ajuste y el acceso al financiamiento externo podrían requerir un respaldo político más amplio.
Esta calificación mantiene a Argentina en el ámbito de “high yield” o especulativo, pero el mercado comienza a mirar hacia el siguiente nivel, que es el acceso a la categoría de países considerados aptos para inversiones institucionales considerables y financiamiento más accesible.
La diferencia no es solo simbólica; cruzar esta frontera transformaría radicalmente la relación financiera de Argentina con el resto del mundo. Muchos fondos globales están prohibidos de invertir en deudas con calificaciones inferiores a BBB-, lo que significa que mientras Argentina continúe en las categorías BB o B, una gran parte del capital internacional no podrá considerarla, incluso si así lo deseara.
