La propuesta gubernamental es definida como una evolución del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que forma parte de la Ley Bases. La principal distinción radica en que el nuevo régimen no estará dirigido a sectores tradicionales, que son los beneficiarios de la normativa vigente, tales como minería, energía e hidrocarburos, sino que se enfocará en actividades que aún no tienen un desarrollo sólido en el país.
La estrategia oficial busca que las ventajas fiscales, en materia cambiaria y regulatoria, faciliten la captación de inversiones de alta escala relacionadas con la industrialización de recursos naturales y el establecimiento de nuevas cadenas de valor. Los sectores potencialmente beneficiarios incluyen centros de datos, inteligencia artificial, hidrógeno verde, semiconductores, procesamiento de minerales críticos y fabricación de vehículos eléctricos.
El proyecto propone la creación de un esquema integral de incentivos que asegure tanto seguridad jurídica como estabilidad normativa para inversiones significativas destinadas exclusivamente al impulso de nuevas actividades económicas en Argentina.
La intención es fomentar exportaciones, generar empleo de calidad y cimentar un camino de crecimiento continuo. En su exposición ante los diputados, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, afirmó que es momento de “evolucionar” el RIGI hacia un modelo centrado en la industrialización de los recursos naturales.
El nuevo régimen establecerá un requisito de inversión mínima de 1000 millones de dólares por proyecto, dirigiéndose así a empresas de gran tamaño y a planes industriales que requieren inversiones sustanciales, superando el umbral establecido en el RIGI actual.
Los interesados tendrán un plazo de cinco años desde la entrada en vigencia de la reglamentación para presentar sus proyectos y adherirse al programa, con la opción de una única prórroga de hasta un año.
Si bien ambos regímenes garantizan estabilidad por 30 años, el Súper RIGI aumenta el umbral de inversión y mejora diversos beneficios ya previstos en el esquema vigente. La primera distinción es el monto mínimo requerido, que en el RIGI es de 200 millones de dólares, mientras que el nuevo establecimiento requiere 1000 millones por iniciativa.
En el ámbito tributario, el Súper RIGI reduce la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, comparado con el 25% establecido en el RIGI y el 35% aplicable a otras empresas. Además, mejorará el tratamiento de los dividendos, con una alícuota inicial del 7% que se reducirá al 3,5% tras cuatro años. En el régimen vigente, dicha reducción inicia en siete años.
Otro aspecto novedoso es la implementación de una alícuota única del 10% para las contribuciones patronales de nuevas relaciones laborales. En el RIGI no existe una reducción específica en las cargas de seguridad social.
Desde el punto de vista cambiario, el proyecto permite una mayor liberación de divisas para los inversores, quienes podrán disponer del 20% de las exportaciones desde el primer año, del 40% en el segundo y del 100% a partir del tercero. En el RIGI, la disponibilidad total de divisas solo se logra en el cuarto año.
Además, las empresas beneficiarias no deberán abonar derechos de exportación desde el inicio de su actividad, mientras que en el régimen actual, esta exención comienza a aplicarse a partir del tercer año.
En cuanto a la importación, el Súper RIGI prevé la exención total de aranceles, incluyendo bienes intermedios y partes, algo que no contempla el RIGI vigente.
El proyecto también estipula que las provincias que se sumen al régimen no podrán cobrar más del 0,50% de Ingresos Brutos a los proyectos beneficiados, lo que se traduce en un alcance más limitado en términos de sectores, aunque más ambicioso en los tipos de proyectos que busca atraer. El Gobierno clarificó que se enfocará en “nuevas industrias” sin desarrollo anterior en la nación.
González mencionó ejemplos como el hidrógeno verde, semiconductores, centros de datos y procesamiento de minerales críticos, así como vehículos eléctricos. Se argumenta que los centros de datos podrían permitir monetizar parte del gas natural disponible en el país y que el procesamiento de minerales críticos busca que Argentina no se limite a exportar materias primas, fomentando etapas industriales de mayor valor agregado.
El proyecto recibió un dictamen favorable el 17 de junio en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, con 61 firmas a favor, quedando habilitado para su tratamiento en el recinto.
Para asegurar el apoyo de bloques aliados, se han incorporado modificaciones al texto original, entre ellas la posibilidad de que las inversiones en investigación y desarrollo vinculadas a cada proyecto se computen por el doble de su valor para alcanzar el monto mínimo exigido, aunque no podrá superar el 20% del umbral de inversión requerido.
Asimismo, los proyectos deberán presentar un plan de desarrollo para proveedores locales y comprometer al menos un 20% de las adquisiciones de bienes y servicios a dicho sector durante la ejecución de la inversión, siempre que exista oferta local disponible y en condiciones de mercado.
Por otro lado, se introduce la obligatoriedad de un informe técnico que certifique que el proyecto no compromete la sustentabilidad de recursos naturales ni la capacidad de infraestructura de la zona, considerando sus impactos ambientales y sociales.
La inclusión de la industria local en este contexto fue un tema relevante en las discusiones durante la comisión, donde la oposición demandó mecanismos más robustos para fomentar la contratación de proveedores nacionales. En el RIGI vigente, se establece que el 20% de la inversión total debe destinarse a proveedores locales. Desde el Gobierno se argumentó que parte de este requisito se cumple a través de obras civiles que deben ser realizadas por empresas radicadas en el país.
El enfoque del Súper RIGI será diferente, ya que en lugar de fijar un porcentaje mínimo destinado a proveedores locales, se buscan incentivar directamente a estas empresas para que accedan a condiciones equiparables a las de los proyectos principales, como la posibilidad de importar insumos sin aranceles o disfrutar de amortización acelerada.
La discusión también vinculó la temática del empleo, con el argumento gubernamental de que el nuevo régimen pretende estimular actividades con un mayor nivel de industrialización, lo que implica una mejor capacidad para promover la generación de puestos laborales y encadenamientos productivos.
Durante la presentación del proyecto, González reveló datos destacados del régimen vigente, que desde su sanción a mediados de 2024 ha registrado 39 proyectos de inversión totalizando 138.000 millones de dólares. Si todos ellos se concretan, se prevería la creación de 179.000 empleos directos e indirectos y un aumento en las exportaciones de 41.000 millones de dólares, según las estimaciones oficiales.
La mayoría de las propuestas se concentran en minería y energía, con 20 correspondientes a minería, 13 a hidrocarburos, tres a energía eléctrica, dos a la industria y una a infraestructura. Hasta la fecha, se han aprobado 17 proyectos y uno ha sido rechazado. El RIGI tiene una vigencia de dos años, con una posibilidad de prórroga por un año más, y el Gobierno estima que, hasta mediados de 2027, podrían presentarse hasta 60 proyectos bajo este régimen.
