Esta reforma introduce un sistema acusatorio, asignando a los fiscales la dirección de los procesos penales y otorgando a los jueces la función de controlar la legalidad del proceso. El objetivo es agilizar los tiempos judiciales a través de audiencias orales, una mayor digitalización y una clara separación de roles entre las partes.
Según información recabada, la implementación en La Plata se fundamentó en los avances en infraestructura, en la adopción de tecnología y en la capacitación de los agentes judiciales. Entre las nuevas herramientas se incluyen sistemas UFED para el análisis de evidencias digitales y salas de audiencias mejoradas con recursos audiovisuales y conectividad.
La jurisdicción platense cubre una gran área de la provincia de Buenos Aires, incluyendo importantes puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y los puertos de La Plata y Dock Sud. Inicialmente, la entrada en vigencia se había previsto para mayo y luego para noviembre de este año, estableciéndose finalmente la fecha en septiembre.
Por otro lado, la implementación en Córdoba se enfrentó a un nuevo retraso. Originalmente prevista para junio de 2026, ahora ha sido reprogramada para marzo de 2027. Los motivos de esta postergación incluyen las vacantes en diversos tribunales federales y la situación institucional actual de la Cámara Federal cordobesa.
Desde el Ministerio de Justicia aseguran que el nuevo sistema ha mostrado resultados alentadores en las jurisdicciones donde ya ha sido implementado. Según datos oficiales, la tasa de resolución de casos aumentó del 43% al 82%, impulsada por un modelo que prioriza la oralidad, la celeridad procesal y una mayor participación de las víctimas en las investigaciones y audiencias.
