El desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete de la Nación imprimió un giro significativo a la relación bilateral entre la Casa Rosada y la administración cordobesa. El cambio no solo quedó en evidencia por los elogios públicos de la gestión de Martín Llaryora hacia el nuevo funcionario, sino por la reactivación de gestiones que llevaban meses paralizadas.
Las señales económicas de este nuevo entendimiento fueron contundentes: la Casa Rosada envió a Córdoba un adelanto de coparticipación de 400.000 millones de pesos y le remitió el primer Aporte del Tesoro Nacional (ATN) desde 2023, por un monto de 5.000 millones de pesos. En este escenario de acercamiento, el gobernador cordobés designó a Manuel Calvo como su jefe de Gabinete con una misión clara: consolidar y aceitar el vínculo con Balcarce 50.
La reforma electoral en el centro de la negociación
Aunque el gobierno de Javier Milei impulsó una amplia agenda legislativa en las últimas semanas, en los pasillos del “cordobesismo” tienen claro que la prioridad absoluta de la Casa Rosada es la reforma electoral, centrada específicamente en la eliminación de las PASO. La reciente transferencia de fondos federales se enmarca en estas conversaciones estratégicas.
La meta de Santilli es garantizar que los diputados y senadores de Córdoba acompañen la derogación de las primarias. Para el mileísmo, esta medida es la piedra angular de su arquitectura electoral: sin las PASO, la oposición perdería una herramienta institucional para resolver sus internas, lo que trasladaría sus fracturas directamente a las elecciones generales, fragmentando el voto opositor.
Para el oficialismo cordobés, votar en contra de las PASO no representa un costo político ni contradice su histórico relato. En la provincia de Córdoba las primarias abiertas no existen debido a que la fuerza gobernante (anteriormente Hacemos por Córdoba, hoy integrada en Provincias Unidas) siempre las consideró un mecanismo gravoso que obliga a la ciudadanía a intervenir en las internas de los partidos políticos.
Los límites del acuerdo: discusión “ley por ley”
A pesar de la sintonía en materia electoral, el apoyo de Córdoba al Gobierno nacional no será un cheque en blanco. Existen puntos de discordia insalvables dentro del paquete de reformas de la Casa Rosada:
- Las listas colectoras: El cordobesismo mira con desconfianza el intento de reinstaurar este sistema a nivel nacional, argumentando que históricamente complejizó los procesos electorales allí donde se aplicó.
- Zonas Frías: El propio gobernador Llaryora ya manifestó su rechazo tajante a la eliminación de los subsidios energéticos para zonas frías, una medida que impactaría de lleno en las facturas de gas de los usuarios cordobeses.
- Propiedad privada: Tampoco existe predisposición para acompañar este proyecto oficialista, cuyo tratamiento debió ser postergado recientemente en el Senado ante la falta de votos.
“Santilli tiene experiencia y sabe hasta dónde puede pedir y, sobre todo, cuándo hacerlo. Hay cuestiones en las que no podemos ceder ni renunciar a posicionamientos que venimos sosteniendo históricamente”, advierten desde el Centro Cívico de Córdoba (El Panal).
El horizonte electoral
Más allá del flujo de fondos y de la rosca parlamentaria, el entendimiento entre ambas administraciones también proyecta un reordenamiento del tablero electoral. Desde el peronismo cordobés sugieren la posibilidad de un pacto de no agresión recíproca, donde el universo libertario concentre sus energías en la reelección presidencial sin desgastarse en disputas territoriales contra el oficialismo provincial.
En el entorno de Llaryora leen que el escenario político cambió: la centralidad absoluta de Milei de los primeros meses del mandato se ha moderado, obligando a la Casa Rosada a recalibrar su estrategia y a buscar un pragmatismo político que hoy pasa, inevitablemente, por la provincia de Córdoba.
