Procesan a un exsocio de Martín Menem y a dos funcionarios por presunto desvío de fondos en OSPRERA

En el contexto de un expediente con importante repercusión política, el juez federal Sebastián Casanello procesó a un exsocio de Martín Menem, quien ocupa el cargo de presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, y a dos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que estuvieron involucrados en la intervención de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), la segunda en cantidad de afiliados en el país. El procesamiento afecta a Sergio Andrés Aguirre, socio comercial de Menem, y a los funcionarios intervinientes, por presuntas irregularidades relacionadas con el desvío de $266.675.288 durante el período de noviembre de 2024 a julio de 2025, cuando la entidad médica estuvo bajo la gestión directa del Gobierno de Javier Milei. Según los registros judiciales recabados, la empresa HTECH Innovation S.A. fue creada en abril de 2024, justo cuatro meses después del inicio de la gestión presidencial, con Aguirre como titular oficial. Dicha sociedad fue inscripta en el rubro de servicios informáticos y desarrollo de software. Pocos meses después de su constitución, la empresa logró obtener un crucial contrato adjudicado por Virginia Montero, funcionaria de la intervención estatal, para realizar trabajos en los sistemas informáticos de la obra social rural. La investigación judicial identificó una grave irregularidad detectada por peritos contables: durante noviembre de 2024, HTECH recibió desembolsos de la obra social por $40.251.879,36 y $7.733.119,68, respectivamente. Tras una revisión fiscal, se comprobó que estos pagos correspondían a las facturas número 00000001 y 00000002 emitidas por la firma. La gravedad política de este caso genera una notable preocupación en los pasillos de Balcarce 50 y en el Congreso, debido a los lazos directos de Aguirre con la máxima autoridad de la Cámara de Diputados. El fuero federal investiga si hubo una maniobra sistemática para desviar fondos públicos hacia contratistas relacionados con el entorno oficialista durante el periodo de intervención estatal, mientras se esperan nuevas pruebas y posibles citaciones a indagatoria.