Los datos provienen del informe de septiembre del Instituto Argentina Grande (IAG), según el análisis realizado en base a información del Banco Central de la República Argentina. Este fenómeno, que se ha observado desde noviembre de 2024, indica que las agencias de cobranza adquieren deudas difíciles de cobrar provenientes de entidades bancarias a precios reducidos y luego se encargan de exigir el pago directamente a los deudores.
Un pequeño grupo de 11 entidades, que incluye fideicomisos y estudios de cobranza, controla el 15% de los deudores en mora y el 9,6% de las deudas irregulares, aunque estas representan solo el 3,6% del total del volumen financiero adeudado.
Es importante aclarar que estas agencias compran deuda a un valor significativamente menor al real, lo que las lleva a emplear métodos de presión y hostigamiento, acciones que son ilegales, para hacer efectivo el cobro y maximizar sus ganancias. Entre estas tácticas se encuentran las llamadas telefónicas a familiares y parejas, así como el embargo de sueldos, entre otras formas de presión.
En el último año, según el IAG, la cantidad de deudores sin atrasos se redujo en 887.010 personas, paralelamente a una disminución de quienes presentaban demoras de hasta seis meses. En contraste, la morosidad estructural se disparó: aquellos con atrasos de seis meses a un año aumentaron en 536.899, mientras que el grupo más preocupante, compuesto por quienes tienen más de un año de incumplimiento, creció en 1.298.950 personas.
En términos porcentuales, el segmento con más de un año de atraso mostró un incremento del 60% interanual, mientras que los impagos de entre seis meses y un año crecieron un 63% en ese mismo periodo.
Además, el Instituto Argentina Grande destacó un dato significativo sobre la fragmentación del compromiso financiero: la mitad de los deudores considerados “irrecuperables” tiene un total acumulado de deudas de $77.900 o menos al sumar sus obligaciones.
La morosidad también presenta variaciones notables al analizarse por grupos etarios. En julio, el 38,1% de los deudores de entre 15 y 29 años tenía al menos un compromiso en mora, mientras que esta cifra bajaba al 31,73% en el grupo de 30 a 44 años y se situaba en un 23,05% entre los de 45 a 59 años. La proporción de incobrables disminuye con la edad, alcanzando un 16,77% entre las personas de 60 a 74 años y un mínimo del 14,47% en el segmento de adultos mayores de 75 años o más.
Aunque los adultos mayores presentan tasas de mora relativamente más bajas, el informe indica un aumento generalizado en los incumplimientos durante el último año, con incrementos superiores al 40% en casi todos los rangos etarios, destacándose picos de casi el 47% entre los más jóvenes y adultos de mediana edad.
Según el IAG, las provincias más afectadas en julio de 2026 fueron La Rioja (26,0%), Santa Cruz (23,8%), San Luis (23,1%), San Juan (22,1%) y Catamarca (22,1%). Este panorama se relaciona parcialmente con la disminución del empleo privado registrado, que ha impactado más en el norte del país. En la comparación interanual, el aumento en la morosidad se ha extendido a lo largo de todo el país, con el periodo entre julio de 2025 y julio de 2026 marcando un incremento en el endeudamiento familiar.
No obstante, el deterioro crediticio también afecta a las jurisdicciones donde se ha logrado mantener la creación de empleo. Un caso notable es Neuquén, donde, a pesar del crecimiento en el empleo, la tasa de morosidad alcanzó el 15,8%, lo que significa un aumento de 8,8 puntos porcentuales en el último año.
