Cristina Kirchner fue blanco de ataques no solo por sus logros en favor del pueblo argentino, sino también por su identidad como mujer fuerte y carismática. Posee una formación jurídica notable, y su capacidad oratoria ha desarmado a oponentes en debates durante años. Su magnetismo personal logró convocar multitudes, algo que ningún opositor ha podido igualar en los últimos dos decenios. Esa capacidad de atracción y de generar complicidad, así como su habilidad para mantenerla a través del tiempo, es precisamente lo que ciertos sectores del poder —ya sean mediáticos, económicos o judiciales— nunca le perdonaron a Cristina. Nada incomoda más a determinados segmentos del poder que una mujer que no se somete a las normas preestablecidas, que no ablanda su discurso para que sea más accesible, que se muestra tal cual es, sin ocultar su inteligencia. A los hombres que han ocupado el centro del poder en Argentina se les podía criticar por sus decisiones; en cambio, a ella se la ha cuestionado por su figura, por su vestimenta, por su voz, por su duelo tras la muerte de Néstor Kirchner, convirtiéndola en objeto de un escrutinio obsceno al que ningún dirigente varón ha sido sometido en igual medida. La llamaron “yegua”, la ridiculizaron por ser vanidosa, y la acusaron de impostar su dolor. A ella se le exigió constantemente una modestia que a otros nunca les fue requerida. Así opera el machismo y la misoginia como arma política: no discute ideas, desdibuja a la persona en su género y transforma cada atributo —como la inteligencia, el carisma o la legítima ambición por gobernar— en un pecado que debe ser castigado. Un caso similar ya tuvo lugar en el pasado con Eva Duarte de Perón, quien fue objeto de odio por parte de la oligarquía argentina, que incluso celebraba el “Viva el cáncer” que terminó con su vida.
Este ensañamiento contra Cristina no surge de la nada: es una respuesta a una gestión que ha dejado huellas muy profundas. Durante sus gobiernos, así como en el de Néstor Kirchner, Argentina reabrió y mantuvo los juicios por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar, cuando otros países de la región aún dudaban entre el olvido y la memoria. Cristina creó la Asignación Universal por Hijo, que permitió que millones de familias se emanciparan de la exclusión social más extrema. Además, promovió la Ley de Matrimonio Igualitario de 2010, convirtiendo a Argentina en pionera en América Latina en temas de derechos civiles. Recuperó para el Estado el control de YPF, la petrolera nacional, en una resolución que simbolizaba la soberanía energética y que le costó una feroz batalla contra intereses corporativos internacionales. A nivel internacional, defendió la agenda en derechos humanos y justicia universal, incomodando a más de un gobierno. No obstante, esa realidad va desapareciendo en gran parte de la conversación pública, donde se la ha reducido a ser una acusada en una causa penal. Deslegitimarla como figura política en el ámbito judicial no es casualidad; se trata de un esfuerzo deliberado por minimizar su historia y su legado. Este proceso de borrado no es nuevo; es, de hecho, una continuación del mismo impulso que un día empuñó un arma. En la actualidad, aquellos mismos medios que lamentaron que la bala no saliera del arma, y que celebraron su condena, se quejan porque ella se muestra en su balcón de prisión domiciliaria.
Los ataques no surgen de la nada. Antes de que un individuo decida cometer un atentado, debe existir un proceso de construcción de un relato que convierta a la víctima en algo más que una persona: en un enemigo, en una amenaza, en un objetivo legítimo de odio. Raúl Zaffaroni lo denomina un “proceso de enemización”. En el caso de Cristina Kirchner, esta demolición simbólica fue sistemática: se la descalificó políticamente, se la insultó repetidamente en medios de comunicación y redes sociales, se cuestionó su legitimidad como dirigente —incluso hubo quienes intentaron poner en duda la validez de su título de abogada— y se la presentó, en diversas ocasiones, como la encarnación de todos los males del país. El proceso judicial concluyó que Sabag Montiel estaba vinculado a un grupo de ultraderecha llamado Revolución Federal, cuyos lazos con el atentado fueron investigados, aunque finalmente no fueron parte de la condena, que se limitó al autor material. El tribunal, al fundamentar su fallo, expuso que detrás del disparo existió una construcción del enemigo alimentada durante meses por redes sociales y medios de comunicación. Esta es la secuencia precisa: primero se contamina el imaginario colectivo, después el paso hacia el delito se convierte, para el perpetrador, en algo que parece razonable y, casi, inevitable. Este es el método del posfascismo contemporáneo: envenenar las mentes con paciencia y tesón, para que quienes absorben ese discurso no lleguen a cuestionar su veracidad, hasta que la confrontación se sienta como un requisito.
Esta lógica no representa una anomalía solamente en Argentina. Luego de los años de gobierno de Javier Milei, y con una ultraderecha cada vez más legitimada a nivel global gracias a personalidades como Donald Trump, Benjamín Netanyahu y Vladimir Putin, el fenómeno se ha amplificado y se ha vuelto más peligroso. Todo se vale —incluida la violencia— para deshacerse de un adversario incómodo que no responde a intereses que buscan quien lo reemplace. La estrategia es paciente, como el agua que perfora la piedra, sustentándose en la maledicencia y en la difusión de rumores, pero sus objetivos son claros y directos: encender la impaciencia de un sector de la sociedad hasta que la orden se difunda casi sin palabras, en la forma de un “no nos representan, se merecen todo lo que les pase”. ¿Y para qué esperar elecciones democráticas, entonces? La acción directa se torna, para esas lógicas, más eficaz. La transición de palabras insidiosas a actos criminales es un camino que las redes sociales acortan constantemente, al no existir control auténtico sobre quienes se especializan en fomentar el rencor y el odio; la complicidad de ciertos actores geopolíticos y económicos también garantiza una casi total impunidad en el ciberespacio.
El atentado tuvo lugar frente al edificio en Recoleta donde Cristina Kirchner residía en ese momento, durante una concentración espontánea de militantes que llevaban días apoyándola. Sabag Montiel fue arrestado en el acto y, años después, recibió una condena de diez años de prisión como autor material por tentativa de homicidio agravado. Hasta ese punto, el sistema judicial actuó. Sin embargo, el atentado no concluyó con el accionar de esa mano que sostuvo el arma. Hubo una investigación paralela acerca de una posible planificación previa, sobre reuniones y conversaciones que testigos interpretaron como una anticipación de lo sucedido, donde se aludía incluso a un diputado opositor. Esa línea de investigación —que debía alcanzar a los instigadores intelectuales— fue archivada por la jueza federal a cargo en octubre de 2025, y el recurso de Cristina para elevar la discusión hasta la Corte Suprema fue considerado inadmisible este año. Cuatro años después, se sabe quién apretó el gatillo. La justicia ha cerrado, con una rapidez inesperadamente diferente a la que mostró en otras causas, la puerta a conocer quién pudo haberlo llevado a realizar tal acción. Esta asimetría —agilidad para condenar al autor material, pero pereza para indagar sobre quienes pudieron haberlo inducido o facilitar el clima que lo hizo posible— no es mera casualidad: es, en sí misma, una forma de instrumentalización judicial.
Tras el fracaso del intento físico de suprimir a Cristina, quedó la vía que no deja huellas de balas: la judicial. El concepto de lawfare describe precisamente eso: el uso del aparato judicial, con la apariencia de legalidad y neutralidad técnica, para conseguir lo que la política democrática no permite obtener a través de las urnas, es decir, la eliminación de un rival. Es una estrategia extremadamente efectiva, ya que se presenta como el Estado de Derecho cuando, en realidad, es su negación. Además, deja a quien la sufre sin una defensa real: cualquier objeción se descalifica como un intento de eludir a la justicia, cuando en realidad lo que se cuestiona no es la existencia de tribunales, sino su manipulación selectiva y su corrupción en la vinculación con el poder mediático concentrado. A Cristina Kirchner se le impuso una condena de seis años de prisión y una inhabilitación perpetua en el caso conocido como Vialidad, condena que actualmente cumple bajo arresto domiciliario, con esa inhabilitación excluyéndola formalmente de cualquier contienda electoral futura.
Como señalamos junto a Matías Bailone en La hoguera infinita (Historia de un odio visceral), el caso Vialidad y la condena impuesta a Cristina Fernández de Kirchner constituyen un ejemplo particularmente grave de lawfare, entendido como el aprovechamiento del aparato judicial, en convergencia con intereses políticos, económicos y mediáticos, para neutralizar a un adversario político. En el análisis indicado mencionamos que las irregularidades procesales, la fragilidad en la construcción probatoria, la afectación de las garantías de imparcialidad y defensa, y el rol desempeñado por la llamada “criminología mediática” transformaron el proceso penal en un instrumento de proscripción y “muerte civil” de la principal dirigente de la oposición.
Además, añadimos que esta problemática excede ampliamente la situación personal de Cristina Fernández de Kirchner: cuando la justicia renuncia a su independencia e imparcialidad para integrarse a una contienda política, se lesiona el propio Estado de derecho. El uso de un derecho penal orientado a enemigos y un derecho penal de autor, acompañado por campañas mediáticas que anticipan y demandan condenas, desgasta la confianza pública en los tribunales y convierte la persecución judicial de oponentes en una forma contemporánea de exclusión política.
Cristina Fernández de Kirchner ha reflexionado además acerca de este mecanismo en un artículo del diario español El País, donde sostiene que la práctica de impedir continuamente que un dirigente poĺitico vuelva a competir, a través del abuso de los tribunales, es una de las formas más sofisticadas de vaciar la democracia desde adentro: no se requieren tanques en las calles ni la clausura de un Parlamento, pues las instituciones siguen funcionando en apariencia, mientras que la soberanía popular es despojada, paso a paso, por decisiones judiciales que deciden quién puede competir por el poder y quién no. Resalta que esta tendencia no respeta fronteras ni ideologías; cambian los países y los protagonistas, pero la lógica de convertir el sistema legal en herramienta para eliminar adversarios se repite, lo que genera una ciudadanía cada vez más desconfiada de sus instituciones y unas democracias constitucionales que entran en decadencia sin que se dispare un solo tiro.
No es necesario compartir cada matiz de su trayectoria para advertir el patrón que ella misma describe: se deslegitima socialmente a un dirigente político por lo que representa y por lo que es, luego se intenta eliminarlo físicamente, y si eso fracasa, se recurre a su eliminación jurídica de forma permanente e irreversible. Este proceso puede definirse como una muerte civil: no se acaba físicamente con la persona, pero se la borra como sujeto político, se le niega la posibilidad de competir y gobernar, y se le impide seguir siendo parte del espacio público para el cual fue elegida por millones de votos. Nos encontramos en tiempos muy adversos para el Estado de Derecho. En contextos donde personajes carentes de escrúpulos visualizan la oportunidad de judicializar la política para conseguir lo que las urnas les niegan, y algunos jueces piensan que politizar la justicia les otorgará mayor poder, se destruye el propio sentido de la ley y se desampara a la ciudadanía. El lawfare se expande como una mancha de aceite sobre lo que alguna vez fueron, y aún deseamos creer que siguen siendo, democracias plenas en varias partes del mundo.
Este aniversario encuentra a más de veinte fuerzas políticas argentinas de diferentes ideologías firmando un documento conjunto que recuerda que la democracia no permite la eliminación del adversario y que califica al discurso de odio como uno de los factores que hicieron posible que un arma cargada finalmente se gatillara a escasa distancia de su rostro. En esta fecha se vuelve fundamental reivindicar su papel como defensora de las víctimas, de una política íntegra, de los ciudadanos argentinos y de los derechos humanos, en contraposición a quienes solo han respondido con intolerancia, mezquindad y avaricia. Es por ello que se han esforzado en destruirla, privándola de libertad y neutralizando su papel en beneficio de un país.
Ante tal ignominia, es momento de asumir la responsabilidad, de defender la convivencia democrática como se hizo en otras instancias de la historia. Es imprescindible explicar a las generaciones venideras que muchos argentinos y argentinas experimentaron torturas, asesinatos y el despojo de sus hijos a manos de la ultraderecha que hoy quiere borrar su pasado, destruir la convivencia, anular a quienes continúan exigiendo verdad y justicia, e instalar de nuevo formas de autoritarismo que no deberían permitirnos tolerar. Evitemos que la historia se repita: como Ulises, atémonos al mástil, ante el canto de estas sirenas totalitarias e izemos la bandera de la verdadera libertad de un barco que algunos desean arrastrar hacia aguas peligrosas. Argentina —y, por extensión, cualquier democracia que se considere tal— tiene una tarea pendiente: esclarecer por completo quién estuvo detrás del atentado y revisar si el aparato judicial que operó posteriormente contra Cristina Kirchner actuó con la independencia que se esperaría de cualquier ciudadano. Mientras esta doble tarea no se complete, el país seguirá marchando al borde de una frontera que ninguna democracia puede permitir cruzar: la línea donde la deshumanización de una mujer, simplemente por ser mujer, inteligente y magnética, permite que se adelante su eliminación simbólica, y de ahí pase a su eliminación física, y esta, finalmente, a su extinción civil. Recordemos siempre aquel terrible 1 de septiembre de 2022, cuando el discurso de odio se trasladó de las palabras a la acción homicida. Ese es el objetivo final. No podemos permitirlo.
