El gobernador Martín Llaryora, ante las consultas sobre la situación, exigió que la Justicia actúe “a fondo”.
El primer contratiempo de su gestión fue el escándalo de la “empleada fantasma” en enero de 2025. Guillermo Kraisman, un exconcejal peronista de la ciudad de Córdoba, quien ya enfrentaba un juicio por intentar sustraer productos sin abonar en un supermercado mientras ocupaba un cargo municipal, fue detenido tras intentar cobrar el salario de una mujer que figuraba como contratada en la Unicameral, aunque ella alegó que jamás había trabajado allí.
La contratación, según diferentes testimonios, estaba relacionada con la legisladora oficialista Nadia Fernández, quien se distanció del nombramiento durante su declaración en la causa judicial. Meses más tarde, fue designada secretaria general de Gestión Penitenciaria.
Este hecho suscitó un debate sobre la naturaleza de la designación, cuestionando si se trataba de un caso aislado o de un patrón más amplio de contrataciones con el propósito de distribuir cargos entre dirigentes y allegados.
Tres meses después del episodio, las autoridades de la Unicameral hicieron públicos los nombres de 1055 contratactados, entre los cuales se identificaron familiares de dirigentes, 86 exintendentes y figuras políticas de diversas corrientes. Se destinaban cerca de $1000 millones mensuales al pago de este personal que, en su mayoría, era catalogado como “asistentes” de legisladores, pero sin aclaraciones sobre las funciones que desempeñaban.
La vicegobernadora Myrian Prunotto, quien tiene la responsabilidad institucional del Poder Legislativo, aseguró que “no hay contratados fantasmas”. Afirmó que las contrataciones son responsabilidad “de cada uno de los legisladores y también de su baja” y añadió que Fernández había solicitado la baja de la contratada por ausencia al trabajo. Sobre la revisión general enfatizó que “no se detectó otro caso similar”.
En las últimas semanas, un caso judicial ha escalado y ha vuelto a impactar en la Unicameral, evidenciando que los controles sobre el personal contratado no son sólidos. En el marco de la investigación judicial, que actualmente tiene a 12 detenidos por delitos de grooming, explotación y abuso sexual de menores en Villa de María del Río Seco, se descubrió que uno de los arrestados, José Aníbal Ricardo Villarreal, era asesor del legislador oficialista Ramón “Cañito” Flores.
Al enterarse de la detención y la acusación de abuso sexual con acceso carnal, Flores solicitó la desafectación de Villarreal. Reconoció que formaba parte de su equipo y dijo que le había entregado un certificado de antecedentes sin observaciones en el momento de su incorporación. En declaraciones a un medio local indicó: “Yo soy muy confiado. Este chango es conocido de toda la vida y me metió en un quilombo”.
La fiscal que lleva adelante la investigación sobre los abusos y grooming reveló que Villarreal tenía antecedentes penales ya confirmados. Contó con una denuncia penal en 2021 por presunto abuso sexual y reducción a la servidumbre, presentada por una víctima que había sido abusada cuando era menor judicializada bajo el cuidado de la familia de Villarreal.
En un escenario de crecientes presiones políticas y avances en la investigación, Flores solicitó licencia, argumentando que buscaba evitar interferencias y permitir que la Justicia investigue sin limitaciones. Horas después, otro miembro de su equipo también fue desafectado.
Se trata de Ariel Alejandro Rodríguez, que había trabajado en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) y estaba involucrado en un presunto caso de peculado. Ante la gravedad de la situación, la Secretaría Administrativa de la Unicameral dispuso que todos los asesores y funcionarios presenten certificados de antecedentes de la Policía de Córdoba y del Registro Nacional de Reincidencia, medida que se aplicará tanto a nuevas contrataciones como a renovaciones.
Recientemente, el femicidio de la adolescente Agostina Vega también repercutió en el ámbito político. El intendente Daniel Passerini exigió la renuncia del concejal Ricardo Moreno, quien admitió haber facilitado el ingreso a la Municipalidad del acusado del crimen, Claudio Barrelier.
Barrelier contaba con antecedentes por un incidente ocurrido en 2025, posterior a su ingreso en la administración pública. El fiscal Iván Rodríguez lo había dejado en libertad tras unos días detenido por una denuncia de privación ilegítima de la libertad realizada por una joven.
Llaryora optó por postergar la asunción de Rodríguez como Procurador Penitenciario, un nuevo cargo creado el año anterior para promover a funcionarios judiciales cercanos al oficialismo.
Finalmente, Oscar González, exlegislador y exvicegobernador, se enfrenta a un juicio en Villa Dolores. Está imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas tras un accidente fatal en Altas Cumbres en octubre de 2022 que resultó en la muerte de Alejandra Bengoa y dejó a dos adolescentes con lesiones graves. González había solicitado licencia en la presidencia provisoria de la Legislatura y luego fue suspendido como legislador.
