El escándalo surgió tras que Casado realizara una publicación en redes sociales luego del encuentro entre Paraguay y Francia por los octavos de final. En su mensaje escribió: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”. Estas afirmaciones generaron un fuerte rechazo en el ámbito político, tanto a nivel local como internacional, lo que llevó al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, a enviar una carta al embajador de Francia en Argentina para aplacar la situación. Cornejo describió los comentarios de su vicegobernadora como “de carácter discriminatorio” y tomó distancia de sus declaraciones.
El pedido de juicio político fue formalizado por el abogado y ex senador nacional Miguel Mathus Escorihuela, en colaboración con otros miembros de la UCR, basándose en el artículo 109 de la Constitución mendocina. El documento también cuenta con la firma de Fernando Armagnague, exdiputado nacional y otros referentes del partido. Según los firmantes, las palabras de Casado “desprestigian la institución que inviste, así como a la Provincia y a la ciudadanía mendocina”.
Las repercusiones diplomáticas fueron inmediatas. La embajada de Francia en Argentina repudió las declaraciones de la vicegobernadora, declarando a Casado persona non grata. En defensa de sus palabras, la funcionaria aseguró: “No he dicho nada racista ni discriminatorio, ¿por qué me rectificaría? Que se rectifique quien piense que ser africano es una condición de inferioridad”. Asimismo, atribuyó la controversia al “correctismo político” y al “wokismo”, defendiendo que sus comentarios surgieron en un contexto de folclore futbolero.
La situación también ha sido objeto de acción judicial, con el abogado Alfredo Guevara promoviendo un caso en virtud de la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios, que comenzó en la justicia local y luego se trasladó a la jurisdicción federal. Por su parte, el justicialismo ha presentado varias iniciativas en la Legislatura para repudiar las declaraciones de Casado.
El proceso de juicio político seguirá el protocolo estipulado en la Constitución de Mendoza. La solicitud fue entregada al presidente de la Cámara de Diputados, André Lombardi, y ahora ese órgano legislativo deberá votar sobre la acusación. El Senado provincial asumirá la responsabilidad del juzgamiento, y en ambas instancias se requiere una mayoría de dos tercios. Aunque es poco probable que la destitución prospere debido a la mayoría oficialista, el procedimiento podría llevar a la separación del cargo de la vicegobernadora.
Este caso ha suscitado un amplio debate sobre el alcance de las expresiones de los funcionarios públicos y sus repercusiones institucionales, además de afectar las relaciones entre Argentina y Francia. El gobierno provincial ha tenido que justificarse ante las autoridades francesas y la opinión pública, en un contexto sensible respecto a temas de discriminación y racismo, que permanecen vigentes en el ámbito nacional e internacional.
