La solicitud fue realizada el pasado viernes, donde la defensa de Pantano y Conte pidió la “inmediata paralización de cualquier trámite o medida de ejecución en esta instancia” hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncie sobre una apelación presentada por ellos.
Según fuentes judiciales, la presentación fue dirigida a la Cámara en lo Penal Económico, que debe decidir sobre el futuro del caso. Los jueces presentes, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, ya se encuentran en condiciones de tomar una decisión, aunque ahora deben considerar este nuevo planteo de la defensa.
La causa se enmarca en un contexto judicial complejo que persigue el objetivo de demorar una resolución. Desde enero, persiste el desacuerdo sobre cuál debe ser el juzgado a cargo de la investigación, lo que ha generado una prolongada indefinición.
El caso se centra en la compra de una propiedad de 105 mil metros cuadrados, que incluye un helipuerto, un galpón que albergaba 54 autos de lujo, una cancha de paddle y otros espacios, registrada a nombre de una sociedad llamada Real Central. Aunque la mencionada sociedad está a nombre de Pantano y Conte, ninguno de ellos cuenta con la capacidad económica declarada para efectuar dicha compra.
Se sospecha que Toviggino es el verdadero propietario de la mansión, ya que se halló un bolso asociado a la AFA y una placa del club Barracas Central con su nombre en la propiedad. Además, los 54 autos estaban registrados a nombre de familiares del tesorero, y Pantano contaba con una tarjeta corporativa de la AFA con la que pagaba los peajes de los vehículos, incurriendo en gastos que ascenderían a 50 millones de pesos mensuales.
Inicialmente, el juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky, planteó la hipótesis de que la adquisición de la propiedad se financió con fondos desviados de la AFA. Sin embargo, a petición de la defensa de Pantano y Conte, se solicitó que el caso pasara al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, lo que fue aceptado por la Cámara Federal de San Martín, mudando así el caso de juzgado.
No obstante, todos los fiscales involucrados han coincidido en que debería retornar al fuero Penal Económico. La causa fue finalmente llevada ante la Cámara Federal de Casación Penal, que en mayo anuló la decisión anterior, ordenando con urgencia que la Cámara en lo Penal Económico determinara el juzgado que debía intervenir.
Ante este fallo, la defensa de Pantano y Conte presentó una apelación ante la Corte Suprema el 28 de mayo, argumentando la necesidad de suspender cualquier movimiento en el trámite hasta que el máximo tribunal se pronuncie. En su escrito, argumentaron que, dado que se había presentado un Recurso Extraordinario Federal, quedaba prohibida la ejecución de decisiones que no fueran firmes.
La Sala I de la Cámara de Casación ha comenzado a tramitar la apelación, y el fiscal Mario Villar ha solicitado que se desestime el planteo. Ahora corresponde que la Casación resuelva la situación. Simultáneamente, ante la presentación de la defensa, la Cámara en lo Penal Económico ha solicitado a la Casación un informe sobre el estado de dicha apelación.
