Además, se pone en duda la validez de la declaración de quiebra y la negativa a permitir un plan de salvataje, el cual fue presentado “15 minutos después” de la resolución judicial. En este contexto, uno de los síndicos de la quiebra ha criticado al juez, aludiendo a que ha restringido su trabajo.
La denuncia interpuesta proviene del “Frente Unificado por la Defensa de SanCor”, un grupo de acreedores que incluye productores, trabajadores y extrabajadores, cuya presentación fue realizada por los abogados Aldo Regali y Juan Manuel Bregarlo.
Los letrados han llevado el caso a la Corte, señalando: “se solicita investigar el accionar del magistrado en el expediente, argumentando que no ha cumplido con las funciones que le corresponden según la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código en materia Civil y Comercial, entre otros”.
Con esta solicitud, se busca que la Corte determine si se justifica la apertura de un Jury de Enjuiciamiento contra el juez. De prosperar esta acción, todo el proceso judicial ordenado por Gelcich quedaría suspendido, ya que el máximo tribunal debería decidir sobre la suspensión inmediata del juez y de todos los plazos procesales para evitar daños a los acreedores, según lo indicado por el grupo que ha presentado la denuncia.
Aldo Regali destacó que “disponemos de argumentos jurídicos para frenar el proceso de quiebra de SanCor”. En este sentido, el objetivo principal es detener a la brevedad la licitación forzosa de las seis plantas industriales y el portafolio de marcas de la destacada firma láctea. Por tal motivo, se ha interpuesto una Medida Cautelar Autónoma de Prohibición de Innovar, con la finalidad de frenar el proceso de licitación de activos.
Simultáneamente, se está tramitando un recurso directo ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Rafaela por una supuesta denegación de justicia. Los abogados sostienen que el juez cerró de manera arbitraria el tratamiento del Plan de Salvataje el mismo día en que se dictó la quiebra. Según ellos, esta acción vulneró las normas de cómputo por sólo 14 minutos, lo que impidió considerar esta alternativa al proceso de liquidación.
La denuncia resalta que el juez declaró la quiebra antes de que la Asamblea Extraordinaria de la cooperativa, que es su máximo órgano, se manifestara, y se señala que se designó arbitrariamente a un abogado no asociado para liderar esa asamblea, en contravención de estatutos y la Ley 20.337.
En medio de la complicada situación de la quiebra de SanCor, y tras conocerse los interesados en adquirir la empresa, surge la información de que uno de los síndicos (Juan Tomat e Ignacio Pacheco, tras la renuncia del tercero, Oscar Epstein) ha denunciado al juez Gelcich ante la Corte por presuntas irregularidades en su gestión.
Según trascendió, la denuncia sostiene que el juez habría implementado un sistema para obstaculizar el control independiente que la ley garantiza a la Sindicatura, sustituyéndola de facto por una “coadministración” seleccionada directamente, evitando así el sorteo legal que es obligatorio.
Por ello, se requirió a la Corte Suprema que inicie urgentemente una investigación y adopte medidas preventivas para garantizar la independencia de la sindicatura, e incluso que ordene un sumario administrativo para evaluar la conducta del juez. Hasta el momento, a pesar de las consultas periodísticas, Gelcich no se ha manifestado al respecto.
SanCor solicitó su propia quiebra en abril del presente año, un pedido que fue aceptado una semana después por el juzgado correspondiente. La cooperativa tenía una deuda de 120 millones de dólares y varios meses de salarios impagados. Esta situación fue confirmada a partir de la evaluación de 1519 solicitudes de verificación de un total de 2702 acreedores involucrados en el concurso. La deuda está compuesta por 90 millones de dólares y 40 mil millones de pesos, entre los principales acreedores se encuentran la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y fondos internacionales. Además, se constató que la deuda se acerca a los 6350 millones de pesos posterior al concurso.
