Los trenes de carga son, posiblemente, la venta más anticipada por parte de grupos empresarios tanto locales como internacionales. Las líneas Belgrano Cargas, Urquiza y San Martín han sido objeto de meses de revisión de los pliegos, en colaboración con organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que finalmente han otorgado la prefactibilidad a los inversores. Esto implica que estos actores puedan actuar como dadores de financiamiento para quienes deseen adquirirlas y realizar las inversiones requeridas.
Desde el oficialismo afirman que la publicación de los pliegos es “inminente”. Inicialmente, se licitarán las concesiones de las vías por un periodo de 50 años, con la opción de vender parte del material rodante. La segunda fase incluirá la transferencia de los talleres y el resto del material rodante.
Una de las preocupaciones expresadas sobre los pliegos ha sido la demanda de mayor seguridad por parte de los inversores, centrándose especialmente en la agilidad del sistema judicial local. Aunque las revisiones buscan ofrecer un mayor blindaje a los contratos, la opción de incluir una cláusula que permita litigar ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), bajo el Banco Mundial, tiene poco apoyo. Los inversores cuentan con la opción de acudir a dicho tribunal, por lo que no consideran necesaria su inclusión en las licitaciones como recurso prioritario.
Los ajustes también buscaban hacer los contratos más atractivos para atraer a un mayor número de inversores. Hasta el momento, hay cuatro interesados, dos nacionales y dos extranjeros; uno de estos últimos tiene experiencia previa en la gestión de líneas ferroviarias, como es el caso del Grupo México. En el ámbito local, un grupo de agro exportadoras, que mantienen vínculos con empresas mineras, está interesado, al igual que el Grupo Roggio, con trayectoria en obras de construcción.
La intención del Gobierno es también atraer fondos de inversión que puedan financiar las obras necesarias en las vías, lo que, según indican, ha comenzado a rendir frutos con los primeros acercamientos.
Otro aspecto en revisión es cómo se incluirán los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Las ofertas no generarán ingresos al Tesoro, sino que implicarán reducciones en el gasto. La licitación requerirá que los interesados presenten propuestas sobre tarifas, costos y plazos para llevar a cabo las obras obligatorias, incluida la reparación de la circunvalación de Rosario, además de planificar obras adicionales que otorguen puntos extra.
Se reafirma que la cesión de las líneas incluirá a los trabajadores, esperando que la ejecución de las obras y el aumento en el uso de las vías propicien nuevas contrataciones.
El Gobierno enfrentó su primer inconveniente en las privatizaciones tras la declaración de desierto de la venta de Intercargo. Desde entonces, se evalúan alternativas para la compañía, revisando todas las opciones disponibles. Desde despachos oficiales indican que “el Congreso permitió disponer de la compañía”, aunque reconocen que existen límites y destacan que todo está en estudio.
Mientras tanto, se ha iniciado la cesión de los aeropuertos para que operen las mangas, una posibilidad prevista en las concesiones originales de hace tres décadas, pero que quedó bajo el control de Intercargo. Los operadores estarán obligados a invertir en las mangas y otros equipos, una premisa que también debía cumplirse por quien se adjudicara la empresa, dado el estado de antiquedad de estos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ha vuelto a poner el foco en las privatizaciones dentro del sector energético, al ratificar la venta de centrales térmicas durante el anuncio del Programa Financiero 2026-2027.
Las primeras centrales que Enarsa, la empresa energética estatal, planea vender son las de Belgrano y San Martín, que se espera sean ofrecidas este año.
Por otro lado, se avanza en la venta de AySA, la segunda más importante en términos de servicios públicos, tras la adjudicación de parte de Transener. En este caso, se venderá el 90% de la compañía, la cual se oferta sin precio base. Esta estrategia se debe a que desconfían de la posibilidad de que se presenten “ofertas carroñeras”, ya que las concesiones vienen con compromisos de inversión. En el caso de las represas del Comahue, esto implicó un desembolso de u$s 1500 millones; en el caso de AySA, se proyecta una inversión de u$s 5000 millones en un plazo de 20 años para la puesta a punto y ampliación de la red.
La empresa de agua ha generado el interés de numerosos actores, tanto locales como vinculados al sector de la construcción.
Recientemente han surgido críticas en relación con las valoraciones de las empresas que están siendo ofrecidas. Las objeciones se han centrado en los precios bajos y la intervención del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que sería perjudicial frente al Tribunal de Tasaciones.
Desde el Gobierno, la explicación sobre la intervención del BICE señala que este tomó parte porque el Tribunal no estaba en condiciones de tasar empresas operativas con flujo de fondos, limitándose a valorar activos, como hace con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), responsable de la venta de edificios y terrenos públicos. Por tal motivo, se requirió la intervención de bancos públicos como el BICE.
En relación con los precios base, se negó que estos fueran inferiores a “valores de mercado”. La valoración varía según las empresas; en el caso de Intercargo, se estima que el precio responde a la apertura de la competencia y a que la empresa deberá reestructurarse para poder competir, mientras que en el de Transener, se dio a conocer que se trataba de la venta de la mitad de la compañía controlante (Citelec), que actualmente cuenta con un accionista mayoritario, Pampa Energía.
