“Dio 30.000 millones de barriles, es prácticamente el doble de la estimación que teníamos hace 15 años”, afirmó el funcionario. Además, destacó que esta cifra corresponde a una ampliación de la superficie útil de la cuenca hacia el este y el norte, señalando que, a los niveles de producción actuales, se podría hablar de casi 100 años de producción total en Vaca Muerta, lo que se traduce en 250 años de exportaciones de petróleo según los parámetros actuales.
González también anticipó que YPF planea presentar su proyecto Argentina LNG bajo el RIGI, con una inversión estimada entre 20.000 y 25.000 millones de dólares, lo que potenciaría las exportaciones de la compañía hasta alcanzar los 55.000 millones de dólares hacia 2031. Asimismo, destacó el impacto del RIGI en el sector, señalando que después de incluir el upstream en este régimen, las empresas han comenzado a presentar sus planes antes y después de su adhesión, con el fin de demostrar que involucran nuevos campos que de otro modo no habrían sido desarrollados.
González abordó también la licitación del AMBA I, destinada a ampliar la capacidad de la red de transporte, subrayando que el objetivo a largo plazo es reducir los costos energéticos, que actualmente oscilan en 75 dólares por megavatio hora, con la meta de llegar a 60 o 50 dólares.
El funcionario defendió la decisión de eliminar las zonas que fueron incorporadas en 2021 al régimen de subsidios para el consumo en regiones con bajas temperaturas, volviendo a establecer como beneficiarias a Patagonia, Malargüe y la Puna. Sin embargo, su enfoque no se centró en el costo fiscal, sino en corregir lo que consideró una “aberración” por la inclusión de localidades no frías en el subsidio total. Aclaró que esto ha generado un perjuicio significativo, ya que los usuarios fuera de las zonas frías enfrentan un cargo del 7,5% en el costo del gas. “No tiene sentido que un jubilado de La Matanza subsidie a un propietario en Mar del Plata”, argumentó.
González concluyó afirmando: “No es tanto el ahorro, lo que queremos es solucionar un problema estructural”.
El incremento estacional de la energía ha sido agravado por el alza en el precio del gas natural licuado y una reducción en la producción hidroeléctrica al inicio del invierno, lo que ha llevado a un aumento en el gasto de subsidios. “Con un mayor costo de la energía y habiéndolo transparentado, la disminución de subsidios fue más gradual de lo que estimamos originalmente para proteger el bolsillo de la gente”, explicó.
Recordó que ya se ha reducido un punto del PBI en subsidiar la energía y se prevé que este año se ubicará en 0,55% del PBI. Hacia el futuro, indicó que se continúa con la reducción del gasto en subsidios, asegurando que “esto seguirá siendo parte de una combinación entre política energética y económica”. González concluyó enfatizando que la disminución de subsidios puede acelerarse con la baja de los costos energéticos después del invierno.
