En Argentina se observa la teoría de la “captura del regulador”, propuesta por el Premio Nobel de Economía 1982, Dr. George Stigler. Esto ha llevado a una disminución en la fortaleza de las políticas de biocombustibles, donde los opositores intentan prolongar la vida útil de sus activos, sin considerar que el país ha quedado en desventaja en el escenario internacional.
La Ley 27.640, que actualmente se encuentra en proceso de modificación en el Senado, establece un marco regulatorio que incluye disposiciones que podrían contradecir la Constitución Nacional. Esto incluye la reducción de la mezcla obligatoria de gasoil y biodiésel, lo que va en contra de los compromisos asumidos por Argentina ante la comunidad internacional respecto a la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI), así como una prohibición que impide a los grandes productores de soja y a los refinadores de petróleo la elaboración de biocombustibles para las mezclas obligatorias. Esta prohibición contradice los artículos 14 y 16 de la Constitución.
El régimen de promoción establecido por la Ley 26.093 finalizó en 2021, a pesar de que la industria de biocombustibles no ha alcanzado el nivel de madurez de la industria de derivados de petróleo, que ha existido por más de un siglo en el país y goza de significativos incentivos fiscales tanto a nivel nacional como provincial. Los mandatos de mezcla en biocombustibles tienen un fundamento ambiental y para la salud pública; de otro modo, su uso se limitaría a momentos en los que su precio sea más competitivo que el de los combustibles fósiles que reemplazan. Este último no considera las externalidades negativas que impactan la salud y el entorno. Por lo tanto, la comparación de precios entre combustibles fósiles y biocombustibles no se realiza tomando en cuenta la contabilidad social y ambiental.
El mercado de combustibles líquidos en el país presenta una problemática significativa. Con un Índice HH superior a 3800, su oferta está dispersa en promedio entre 2,63 empresas, de las cuales cuatro representan más del 94% del total, configurando un oligopolio en la comercialización y un oligopsonio desde el lado de la demanda de biocombustibles, dado que estos se venden principalmente en mezclas a través de los refinadores de petróleo.
Incluso si se ofrecieran biocombustibles de forma gratuita, el precio final de los combustibles en las estaciones de servicio argentinas no disminuiría de manera considerable. Además de omitir los efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente asociados al uso de combustibles fósiles, se desatienden los elevados márgenes de refinación por barril de petróleo que caracterizan al mercado interno, lo que perjudica a los consumidores, quienes enfrentan un importante sobreprecio al adquirir combustibles, sin considerar la carga impositiva correspondiente.
Promover una competencia sin la intervención del Estado nacional podría llevar a una mayor concentración del mercado sin que los consumidores obtengan beneficios, y además resultar en quiebras masivas de las empresas productoras, especialmente en el sector de biodiésel, dejando a muchas personas sin empleo, un impacto que no se reparará con una hipotética destrucción creativa del mercado.
Entre los proyectos de ley en debate en el Senado para modificar la Ley 27.640, el presentado por Patricia Bullrich y seis senadores refleja la intención de la Secretaría de Energía, que lo elaboró. Propone medidas positivas, como levantar la prohibición de producción de biocombustibles para mezcla obligatoria, así como aumentar el contenido de bioetanol en las naftas al 15%. Sin embargo, también sugiere medidas cuestionables, como la reducción del contenido de biodiésel en el gasoil al 7%, la inclusión de productos no considerados biocombustibles en el régimen, y la promoción de una competencia libre que provocaría una alta concentración del mercado, situación que debería ser reconsiderada urgentemente.
Por otro lado, otras iniciativas que se analizan en el Senado, como las propuestas por Vigo, Espínola, Moisés, Royón y Ávila, presentan alternativas más avanzadas que podrían ser unificadas en un único proyecto, constituyendo así una opción más sensata y efectiva, a menos que el primer proyecto sea reestructurado de manera integral. Es fundamental que la captura del regulador, las altas concentraciones de oferta y la presión para mantener el uso de combustibles altamente contaminantes y cancerígenos, cedan para dar paso a políticas que prioricen el bien común.
